Gobierno busca reducir a la mitad el plazo de la tramitación ambiental de los proyectos
Los cambios apuntan a resolver una de las trabas para el desarrollo de inversiones y cambiar la percepción de que el sistema no asegura la protección.
Jéssica Esturillo O.
(El Mercurio – 24/01/2011)
La demora en la evaluación ambiental de los proyectos es una de las trabas para el desarrollo de inversiones que más denuncian tanto los gremios empresariales como en forma individual las compañías de distintos sectores productivos.
Los análisis del sector privado apuntan a que en promedio, para el caso de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), obtener un permiso ambiental tarda 18 meses y recibe una media de tres sets de preguntas u observaciones de parte de los servicios públicos que participan en el proceso.
Para resolver este cuello de botella, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -que nació a partir de la creación del Ministerio del Medio Ambiente- está reformando el modelo operativo del anterior Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Las reducciones
El director del SEA, Ignacio Toro, plantea que en promedio la evaluación de un EIA (que deben presentar los proyectos de mayor envergadura) toma 395 días, mientras que la media para revisar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es de 220 días.
“Con los cambios de gestión que estamos implementando en todas las entidades que participan de la evaluación, podremos evaluar un EIA en los 180 días legales, mientras que el 50% de las DIA debieran tomar menos de 60 días hábiles”, explica.
Agrega que la reforma al SEA también busca cambiar la percepción de que el sistema no asegura la protección del medio ambiente, que tienen las comunidades o grupos ambientalistas, entre otros.
Los cambios
Toro comenta que en abril revisaron todos los procesos del sistema y detectaron los problemas que demoran la evaluación. También le pidieron información a instancias privadas.
Entre las mayores fallas figura la discrecionalidad en la actuación de los servicios, los cuales también se pronuncian fuera de sus competencias o emiten observaciones que no son claras. Además, velarán porque las intervenciones justifiquen su relevancia ambiental.
Para cambiar esto, el SEA incluirá estos filtros a la hora de medir la gestión de los servicios públicos que coordina.
Por su parte, la falta de criterios uniformes y claros respecto a la información que debe entregar un inversionista es otra falencia, ya que los servicios usan el período de evaluación para precisar requisitos que debían ser claros desde el principio.
Para resolver lo anterior, el SEA elaborará guías que establezcan las metodologías generales y específicas más adecuadas, y así levantar los datos que deben entregar.
También habilitará formularios con los datos específicos y más relevantes que debe tener un EIA o DIA, quitándole al titular del proyecto la responsabilidad de definir el formato y los contenidos de estos documentos.
“No buscamos tramitar las inversiones de manera más expedita, sino que la inversión se evalúe de manera más rápida y que la conclusión, ya sea positiva o negativa, se conozca en forma más ágil “, asegura Ignacio Toro.
Dado que los inversionistas sabrán de antemano qué información deben incluir, cualquier EIA que reciba más de dos sets de preguntas (Icsara) será inmediatamente rechazado.
Gestión
El director del SEA, Ignacio Toro, agregó que la reforma incluye el monitoreo a todos los servicios públicos para detectar a los que no cumplen los plazos de las etapas de evaluación.
63 EIA al año ingresan en promedio al SEA.
30% cae la carga de trabajo de los servicios al ordenar funciones y aplicar los nuevos criterios de eficiencia.
US$ 36 mil millones pasan cada año por evaluación ambiental.
18 meses promedio tarda un proyecto para obtener un permiso tras un EIA.
