MOP impulsa alza en las penas por robo de agua y fomenta uso de acuíferos
Condenas podrían llegar a cinco años de cárcel. En tanto, se prevé inyectar agua superficial a cursos subterráneos.
Marco Gutiérrez V.
(El Mercurio – 26/01/2011)
En un año con escasez hídrica declarada en las regiones IV y V y con la inquietud por la disminución de caudales superficiales, la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP decidió crear una unidad que velará por el cuidado de los acuíferos en el país. A su vez, elabora un proyecto que eleva los castigos para quienes sean descubiertos robando el recurso.
El titular de la DGA, Matías Desmadryl, comentó que dicha iniciativa -que espera sea aprobada en el Congreso durante el primer semestre de este año- no sólo prevé elevar las multas, sino que introduce un endurecimiento en las penas que ameriten prisión. Así, la condena más baja que hoy es de 61 a 540 días de cárcel, subiría a un rango que va de 61 días a tres años y un día. La sanción más alta, en tanto, podría llegar a cinco años de cárcel desde los actuales tres años y un día.
Desmadryl indicó que están incrementando la fiscalización y agregó que este año han secado pozos de personas que han usurpado agua.
Respecto de la nueva unidad de la DGA, expresó que estaría funcionando en el primer trimestre de 2011 y que contará con un jefe y profesionales, que están siendo contratados.
Una de las misiones de esa área, será incrementar la cantidad del recurso disponible, utilizando tecnología que, por ejemplo, permita inyectar agua en los acuíferos desde la superficie, aprovechando cursos que actualmente se pierden y van al mar sin ser utilizados.
La nueva capacidad hídrica generada daría lugar a la constitución de nuevos derechos.
Matías Desmadryl señaló también que espera configurar pronto los temas regulatorios asociados a este sistema que se usa en Estados Unidos y Europa. Si bien los esfuerzos serían puestos en los acuíferos del norte del país, igualmente se estudiará la situación de las cuencas de la zona central, añadió.
La nueva unidad de la DGA también deberá organizar comunidades de aguas subterráneas. Desmadryl dijo que hoy sólo existe una en Copiapó.
El director de Aguas, en otro tema, explicó que la resolución 1.800 del organismo -dictada en julio de 2010- ha permitido agilizar la tramitación de expedientes de solicitud de derechos de agua. También redujo la conflictividad entre los usuarios (agricultura, minería, entre otros) y de éstos con la DGA, por la mayor claridad que existe en materia administrativa.
Sostuvo que cada año ingresan cerca de siete mil peticiones a la entidad, a las que se añaden otras 30 mil “de arrastre” que venían desde antes del 11 de marzo pasado (cuando asumió el actual gobierno). Afirmó que hay documentos que están en trámite desde hace más de 10 años, pero indicó que el objetivo es disminuir a un máximo de un año el tiempo de respuesta.
400 millones de metros cúbicos es el déficit actual del acuífero de Copiapó entre los sectores de La Puerta y Angostura, respecto de 1974, cuando había baja explotación.
$15 mil millones es el presupuesto de la DGA para este año.
