El patrimonio urbano… ¿quién lo define y promueve?

El día Sábado 22 de enero, a las 20:30 hr., en las escaleras del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) ubicado en la Matucana 464, un grupo de cerca de cien personas se acomodaba para tomar una foto. Era el hito final del Congreso de Barrios y Zonas Patrimoniales que se desarrolló desde el 20 al 22 de enero en Santiago.

La organización del evento estuvo a cargo de la Fundación Patrimonio Nuestro y de la Asociación de Barrios y Zonas patrimoniales, los cuales dispusieron, para los más de 250 delegados de todo el país y extranjero, salas en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, la Biblioteca de Santiago y el mismo MAC.

Durante los tres días los asistentes pudieron escuchar más de noventa exposiciones donde investigadores, vecinos, agrupaciones e instituciones mostraron sus hallazgos y reflexiones en torno Patrimonio, reforzando así el llamado hecho desde los organizadores a generar una “ciudadanía patrimonial”.

Para Ronina Seoane, miembro de Cultura Mapocho, y participante del encuentro, éste “viene a afianzar el trabajo de hormiga que se ha hecho durante el año en todo Chile”. Plantea que lo que realizan una serie de grupos y organizaciones, nace por interés y por la preocupación que existe, “en todas las agrupaciones dedicadas a la defensa de sus barrios, en relación al poco poder de incidencia que tienen los vecinos y ciudadanos en las decisiones, no existiendo espacios participativos en los organismos oficiales o del estado, y donde las consultas no son vinculantes.” Finalmente, plantea que “lo que aquí ocurrió, en todas las exposiciones, así como el trabajo en grupos de discusión, hace prever que este será un año muy movido, porque las ganas están, el poder de convocatoria existe y la tarea es grande”.

Por su parte Rosario Carvajal, Presidenta de la Asociación, planteo que lo más destacado del encuentro es la consolidación de una red nacional a través de la articulación de trabajos comunitarios que se desarrollan en todo Chile. Esta ciudadanía activa aspira a ser co-gestora del desarrollo de sus territorios y no simples “objeto” de las redes clientelares que las autoridades alimentan para mantenerse en el poder. La emergencia de una ciudadanía patrimonial está creando nuevos paradigmas de organización ciudadana, de patrimonio, y cambiando el destino de sus territorios.

El Congreso tuvo como resultado la aprobación de seis resoluciones, entre las que se destaca la Declaración de Yungay que hace un llamado a ciudadanos y organizaciones de barrios y zonas patrimoniales para iniciar un trabajo de articulación en América Latina y el Caribe.

A continuación presentaremos una breve sinópsis de las reflexiones que nos entregó este Congreso:

Las principales debilidades expuestas por los participantes fue la falta de un marco regulatorio que promueva el identificación, reconocimiento y protección de lugares, sectores o zonas patrimoniales. Se suma a esto la falta de inversión, la des-coordinación de los entes públicos que influyen en las decisiones públicas sobre el patrimonio, y el marcado centralismo de estas decisiones en nuestro país.

Por su parte, las oportunidades se vinculan con el aumento de lo que llamaron una conciencia patrimonial, donde diferentes personas y organizaciones han comenzado a trabajar para reconocer y proteger diferentes lugares, sectores o prácticas patrimoniales.

También los participantes coincidieron en que las herramientas de la web permiten un trabajo coordinado y sinérgico entre las organizaciones patrimoniales, y que la existencia de una plataforma web puede ser una herramienta para combatir el centralismo nacional, ya que todas las comunidades del país podrían mostrar, con la misma cobertura, sus recursos valiosos.

En el plano de las propuestas, el grueso de éstas se refirieron a fomentar la participación activa de los ciudadanos en promover el patrimonio, pero también a identificar prácticas individuales o corporativas que atenten contra la mantención y protección del patrimonio. Se exige con ésto la formalización de un rol más activo de parte de la ciudadanía en la promoción del patrimonio, terminando así con los vicios actuales que ubica al tema patrimonial en instituciones centralizadas y distantes de la ciudadanía.

La educación también concentro una serie de propuestas, las que apuntan a asegurar, desde la etapa pre escolar, la formación de ciudadanos que reconozcan y valoren los legados de su comunidad, y con ésto, que sean capaces de proyectarlos en el tiempo.

Volviendo al soporte web, se dieron algunas propuestas tendientes a registrar y dar a conocer las organizaciones que trabajan – y también las que atentan – con el tema patrimonial; promover la generación de trabajo en red; mapear y difundir de los sitios patrimonialaes (en especial los que requieran protección); y por último, difundir herramientas pedagógicas que sirvan para fomentar la protección del patrimonio.

Finalmente, y volviendo a la primera debilidad, se planteo la necesidad urgente de contar con un marco regulatorio en materia patrimonial, el cual debería reconocer y respetar el trabajo que se realice desde la ciudadanía, dando espacio formal y vinculante a la participación de ésta ya sea en instancias regionales y centrales del gobierno. En esta línea se valoró, esperando que se mantenga, la comisión especial de Patrimonio Histórico y Cultural de la Cámara de Diputados, la cual dio un espacio formal de participación a la ciudadanía ocupada de materias patrimoniales.

Cabe destacar que este encuentro fue precedido por cuatro encuentros regionales (Talca, Valparaíso, La Serena y Chillán Viejo), los que en conjunto con este Congreso reunieron a más de 600 personas. Todas ellas han participado de manera activa en la discusión sobre el Patrimonio, evidenciando que éste es una preocupación creciente de los ciudadanos, quienes cotidianamente dedican tiempo y capacidades a intentar definir y proteger el patrimonio de su comunidad.

La gran enseñanza que nos deja encuentros como éste, es que el patrimonio no es un campo sólo de expertos, ni de guías turísticas, ni de grandes instituciones públicas, sino que también esta ubicado en grupos de ciudadanos dispersos en todo el territorio nacional, los que buscan ganar el espacio de una participación formal y vinculante con sus propuestas en materia patrimonial, entendiendo que la protección del patrimonio constituye una herramienta privilegiada para asegurar el desarrollo sustentable de las comunidades.