¿En qué está el PRMS 100?

Rechazada en junio de 2010, la modificación número 100 al Plano Regulador de la Región Metropolitaba de Santiago (de ahí su nombre mediático y técnico: PRMS 100), está volviéndose a tramitar durante esta semana.

Este jueves 10 se votaría en la comisión de Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Planificación del CORE y el miércoles 16 en sesión plenaria, aunque las fechas no están completamente cerradas.

Como una manera semi-formal de entregar información a la población y recibir feedback, ayer lunes 07 de marzo se realizaron dos reuniones en la Intendencia Metropolitana, con organizaciones ciudadanas y con vecinos de comités de allegados, presididas por algunos consejeros del CORE.

En Plataforma, les hemos contado varias veces sobre los reveses, críticas y posibilidades del PRMS 100. Nos hemos hecho la pregunta de si realmente soluciona los problemas de Santiago, al igual que hemos dado espacio a que se justifique su rechazo por parte de algunas organizaciones y también su aprobación por parte de las autoridades. También ha sido importante y muy tematizado el ámbito de la participación ciudadana para darle forma al plan, y les hemos contado de la entrega directa al presidente de cartas que justifican la oposición de algunas organizaciones sociales.

La nueva propuesta, entre otros conflictos, plantea un problema con la viabilidad de generar nuevas áreas verdes, y se argumenta que tampoco se plantea como una solución efectiva a los requerimientos demográficos del Santiago actual.

Respecto a esos vacíos, nos habló el consejero Manuel Urrutia. Puntualizó que las preguntas y observaciones que el CORE ha hecho a la Seremi, y que consisten en las razones de por qué se ha rechazado el plan, se dan en tres áreas: áreas verdes, vivienda social y vialidad.


Áreas verdes.

Como ya se ha dicho, no está resuelto el tema del financiamiento de las nuevas áreas verdes proyectadas. Hay zonas demarcadas para ellas, que representarían cerca de 3 mil hectáreas más para la capital, pero no está claro el sistema de financiamiento para que puedan efectivamente hacerse cargo de ellas y mantenerlas en buenas condiciones.

Vivienda.

El PRMS 100 todavía no ofrecería una solución clara para el desarrollo de nuevas viviendas sociales. Según el consejero Manuel Urrutia, “la vivienda social fue siempre la aspiración de este consejo, y que la proporción estuviera en cerca de un 20% para poder acercarnos a los requerimientos de Santiago, fundamentalmente en esta propuesta en la que los únicos terrenos disponibles para viviendas sociales están pegados al anillo de Américo Vespucio.”

El consejero Urrutia explica que se tienen problemas con la localización de esa demanda por vivienda social, debido a que comunas como Pudahuel y La Pintana están rechazando que por medio del plano regulador se les aumente la proporción de este tipo de proyectos. “Los alcaldes han sido los que fundamentalmente no han querido tener más carga de vivienda social, explica, porque les genera un golpe en contra del presupuesto municipal. La vivienda social demanda por parte del gobierno local una serie de preocupaciones, como salud, mantener áreas verdes, matrícula escolar, capacidad de salud primaria, etc.”

Y dentro del límite urbano actual “ya no hay más terrenos disponibles para viviendas sociales, a no ser que se haga una política estatal para poder densificar hacia adentro y generar densificación en comunas que hoy tienen suelos pero son carísimos, como Quinta Normal, Independencia, Recoleta, San Miguel…”

La otra opción, como ya se había dispuesto hace unos años, es que las inmobiliarias estén obligadas a construir un porcentaje de viviendas sociales, al recibir el permiso para desarrollar proyectos habitacionales. El problema, según Urrutia, es que se compromiso no se ha cumplido.

Además, ni siquiera con el 20% de terrenos destinados a vivienda social, propuesto por el consejo, se puede cubrir la demanda actual de Santiago: la estimación que hace el consejero Urrutia bordea el 30%.”La demanda del sistema desde hace más o menos 4 años atrás viene con cuotas de 150 mil viviendas sociales, después se aumentó con la crisis del 2008, en que se trasladó la gente de las provincias, los alrededores rurales de la RM, y hoy día yo creo que ese es un factor de la alta demanda, que hoy está en cerca de 400 mil.”

Vialidad.

Y en el ámbito de vialidad, el consejero indicó que las soluciones se necesitan en cuanto al planeamiento del futuro flujo vehicular, y los trazados que habría que realizar para que el desplazamiento sea siempre expedito.

Según explicó Urrutia, debe hacerse un estudio de impacto de transporte urbano para poder resolver el flujo vehicular. Estos estudios se inician después de aprobada la modificación, por parte de cada municipio y en específico para cada proyecto.

Pero aún así el esquema básico para esos estudios aún no está lo suficientemente acabado en el PRMS 100. En palabras simples, lo que se busca conseguir es un equilibrio en el flujo esperado para calles locales, más pequeñas, y las llamadas vías estructurantes, y que no se de el problema típico en otras zonas de Santiago en que calles menores se conectan con autopistas de alta velocidad, y se complica el ingreso a esas autopistas, o vías estructurantes de alta capacidad que desembocaban en calles estrechas.

La reunión.

Como mencionamos más arriba, ayer se reunieron en la intendencia algunos consejeros, como Manuel Urrutia, Manuel Hernández y René Díaz, para conversar con organizaciones sociales y vecinos de comités de allegados de la capital.

La primera de estas reuniones no dejó contentos a los asistentes. Por parte de las organizaciones sociales existe la queja de que el plan adolece desde un principio de sistemas de consideración de la opinión ciudadana. Además, según Verónica Adrián, de la Red ciudadana por Nuñoa, es una irregularidad que una normativa que se desechó la primera vez vuelva a votarse.

La explicación es que, cuando el CORE volvió a evaluar y a votar en contra del PRMS 100 en junio del año pasado, esta segunda oportunidad estaba dentro de lo legal, al hacerse en el plazo de 90 días que tiene este organismo para pronunciarse una vez que recibe el proyecto, y al haberse dado en la primera votación un virtual empate. Esta segunda votación ya había provocado desacuerdo en las organizaciones sociales, y esta tercera tiene sencillamente indignados a los dirigentes sociales, según Verónica Adrián. “Sabemos que existe una gran presión no sólo política, sino económica para que esto se apruebe, aunque sabemos que los consejeros actúan de buena fe,” explica Verónica.

La arquitecta es crítica al respecto, pero al menos reconoce que en las reuniones, o en las posibilidades de que se aplace la votación, hay una oportunidad para las organizaciones sociales “para dar los mejores argumentos y de mayor peso y que sean imbatibles… y nosotros tenemos más tiempo para consolidar una denuncia pública al respecto, porque a nivel de medios esto está totalmente acallado.”

Algunos datos sobre el plan.

Desde un decreto del año 2006, en el plan regulador se considera la totalidad de la Región Metropolitana. El plan original data de 1994, y contenía la ciudad de Santiago y la Provincia de Chacabuco, y a esa demarcación se fueron sumando las demás provincias a través de los años.

Según ese plan de 1994, se habían establecido varios puntos en toda la región, repartidos en todas las direcciones de la ciudad en distintas comunas, llamados subcentros, que serían polos de desarrollo local, para que los habitantes pudieran acceder a servicios, tiendas y organismos públicos sin tener que hacer grandes viajes a otras comunas.

Sin embargo, algunos de esos subcentros no se han desarrollado, al igual que diversas zonas que en esa época se reservaron para uso industrial, y que luego de una revisión hace algunos años se determinó que no se habían implementado lo suficiente: los terrenos aún libres y las zonas poco desarrolladas se reconvertirán ahora, según el PRMS 100, en zonas habitacionales. Entre estas reconversiones, que alojarán usos de suelo industrial y habitacional mixto, se generarán más de 6 mil 900 hectáreas nuevas para viviendas.