3 de April, 2011

Aristas legales de la desafectación del Parque Nacional Lauca

Por Jessica Martínez Villarreal

Con un proyecto que viene desarrollándose desde el año pasado, a principios de este mes se anunció que se encuentran avanzados los estudios jurídicos para desafectar una zona del Parque Nacional Lauca, para dedicarlo a explotación minera.

Aunque el área está protegida por convenios internacionales y es una Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO, el gobierno espera poder encontrar el recurso legal para desafectar (dejar de hacerse cargo) entre un 5% y un 15% de los terrenos del parque, y entregarlo a empresas mineras para explotar las reservas de cobre, oro y plata presentes en el subsuelo.

La reserva natural del Parque Lauca comprende una superficie de más de 137 mil hectáreas de precordillera y altiplano, en la Región de Arica y Parinacota. Es un patrimonio natural protegido, tanto para Chile como reconocido por organizaciones internacionales. En su extensión alberga conocidas atracciones turísticas del norte, como el lago Chungará y los bofedales de Parinacota.

Hay dos atributos que reconocen la zona como de protección natural. El primero es la declaratoria de Parque Nacional, que data de 1970. Chile adscribe al acuerdo de la Convención de Washington para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas, de 1967. Según este convenio internacional, los gobiernos “convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos”, sino mediante la declaración de una ley. Además, se establece que las riquezas existentes en las zonas protegidas no se explotarán con fines comerciales.

Fauna de la zona

Es por eso que el anuncio del presidente implicaba que se buscaría una solución, sin tener que crear y emitir una ley, para entregar una parte del parque a la explotación comercial minera.

El otro atributo del parque como zona protegida corresponde al reconocimiento por parte de la UNESCO como Reserva de la Biósfera, enlistada en 1981. Esta condición, distinto a la anterior, no tiene ningún tipo de peso legal real en Chile. Son los gobiernos los que deciden postular una determinada zona a este nombramiento por parte de la UNESCO, y el compromiso que se adquiere al obtenerla tiene sólo un carácter ético de conservar el lugar.

Según Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la asociación chilena Terram, esta es una “categoría muy relevante a nivel internacional pero que en Chile no está basada en alguna ley, no hay obligaciones al respecto…es sólo un nombramiento”. De ahí viene que sea implícito de que si hay un gobierno detrás de la solicitud del nombramiento, se asuma que ese gobierno protegerá el lugar.

Dado entonces, que la condición de Reserva de la Biósfera no sería legalmente vinculante, el obstáculo que quedaría por salvar al desafectar el parque sería que presenta algunos terrenos de los que son dueñas pequeñas comunidades y familias indígenas. Oficialmente no está definido el sector que se desafectaría, pero en el caso de que correspondiera a los terrenos de las comunidades aymaras, o al menos una parte, serían las empresas mineras las que negociarían directamente con las personas. Sería un trato entre privados en la que el estado no puede interceder.

Imagen publicada por el grupo Salvemos el Parque Lauca. Muestra la posible zona a desafectar

Distintas organizaciones y personas, ya sean indígenas o no, han expresado su rechazo a la posibilidad de que se inicie la explotación minera en la zona. También se han abierto grupos en Facebook para mostrar la desaprobación de la población. Junto con el desacuerdo ambientalista, también existe la otra postura: los grupos a favor argumentan que la llegada de las mineras constituye una oportunidad de desarrollo económico para la región.

La Coordinadora Aymará de Defensa de los Recursos Naturales expresó, en su momento el año pasado, su rechazo, principalmente porque la necesidad de agua para la actividad minera es grande, y se dañaría el ecosistema del parque, con la presencia de agua que permite la subsistencia de flora y fauna autóctona. Además, todo proceso efectuado en tierras con propiedad indígena debe ser consultado a las comunidades, según un convenio con la Organización Internacional del Trabajo.

La zona a desafectar no está totalmente definida, pero se estima que serían 43 mil hectáreas, supuestamente casi despobladas de flora y fauna local. La idea de entregar los terrenos a la minería no es nueva, ya que se habían hecho planes que no se concretaron durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Comentarios de Disqus

http://www.patrimonioypaisaje.blogspot.com Coporacion Patrimonio y Paisaje

Con estas realidades, cabe preguntarse ¿dónde y cuándo vamos a empezar a cumplir bien con los deberes y ejercer el derecho al paisaje?, ¿cuáles serán las acciones necesarias para que formulemos en conciencia proyectos de ley que de verdad protejan el paisaje y el medio ambiente natural y cultural que en ellos habitan?,o que por lo menos seamos consecuentes con aplicar los principios y la legalidad vigente, al menos lo establecido en la Ley de Medio Ambiente?

Los referentes en la historia, han demostrado qué es lo acertado y lo errado a la hora de evaluar los efectos de la depredación humana del paisaje, que como manto territorial nos contiene y sustenta físicamente y como Paisaje Raíz, nos identifica.

Con sentido de urgencia: Chile necesita tener la LEY DEL PAISAJE, que regule las actuaciones y se aplique en forma sensible e inteligente. Que mejor logro sería esto para cualquier gobierno que demuestre su coherencia con el discurso, la consistencia de las decisiones en materia ambiental y social, y la clara visión sustentable en el espacio y en el tiempo. Se trata de nuestro paisaje, nuestro patrimonio y nuestro derecho. ¿Qué paisajes dejaremos para las nuevas generaciones?

Mónica Palma Vergara.
Académica y Consultora.
Vicepresidenta Corporación Patrimonio y Paisaje.
M. Clara Maldonado Ochoa

En la creación del Parque Nacional Lauca existieron serios vicios legales, que durante 40 años no fue reparado por el Estado y que hoy tiene de cabeza a las autoridades para desenredar el caso. Este Parque está creado en terrenos privados y la legislación chilena solo reconoce a Parques Nacionales creados en terrenos fiscales. Esta es la razón por la que hoy no puede establecerse ni formalizarse una Plan de Manejo, que regule las acciones al interior de ello. Las restricciones, prohibiciones y limitaciones impuestas por CONAF a los propietarios han estado siempre al margen de la Ley.
La situación se agrava cuando este Parque Nacional pasa a ser una parte de la Reserva de La Biósfera Lauca y en esa nueva categoría ambiental no puede elaborarse un Plan de Manejo de Reserva de Biósfera Lauca, no puede crearse un Comité de Gestión de Reserva de Biósfera Lauca y no puede elaborarse el Expediente de Reserva de Biósfera Lauca, que es un extenso documento que, entre otras materias, contiene una serie de exigencias y compromisos del Estado chileno con UNESCO. El intento realizado por CONAF por regularizar estos hechos fracasó debido a una mala gestión de su autoridad anterior, que significó el quiebre de confianzas de los propietarios.

Para crear un Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, el Estado debe AFECTAR una superficie de terrenos fiscales y comprometerlas para fines de conservación ambiental. Luego, de acuerdo a normativas establecida en la legislación existente se podría DESAFECTAR .
Entonces, en este caso ¿ cómo se va a DESAFECTAR el Parque Nacional Lauca si nunca fue , legalmente AFECTADO ? ¡ He ahí el gran problema que el Estado y sus respectivas autoridades no quieren enfrentar y mostrar !. Porque esto significará, en primer orden, reconocer el error histórico de 40 años, compensar a sus propietarios por el daño ocasionado por la prohibición, restricción de uso y goce de su patrimonio y luego regularizar la situación de Parque Nacional, de acuerdo a la legislación y esto significa expropiar o comprar dichos terrenos y convertirlos en terrenos fiscales , para fines de conservación ambiental. Entonces ahí, recién podrá tener existencia legal.

Estimo que la correcta protección al Parque Nacional Lauca es revisar, conocer su situación jurídica y ambiental sobre la que ya existe bastante documentos oficiales y particulares y luego DENUNCIAR SU IRREGULARIDAD y RECLAMAR SU REPARACION LEGAL
Les comento que toda esta información las he enviado a Sara Larraín de Chile Sustentable, grupos y redes ambientalista de Arica y sus dirigentes, en el mes de Junio2010. Respuesta de Sara Larraín fue que lo “estudiará” y supongo que lo sigue estudiando, porque nada ha dicho al respecto. Los amigos ambientalistas de Arica nada han dicho sobre esta materia ni he visto esta preocupación en sus pancartas y discursos. Silencio total. En el mes de Diciembre 2010 envié documentación a los legisladores Girardi, Jaime Orpis, Orlando Vargas , Nino Baltolú., Enrique Accorsi , de manera previa a un seminario que ellos asistieron en Arica , en la espera de un pronunciamiento. Después de un pequeño debate, donde les manifesté mi observación por no referirse a este tema , la respuesta concreta de Guirardi, fue que “ si es necesario tendrá que compensarse a los propietarios indígenas ” para mantener este Parque Nacional. Por otro lado, toda esta información está en manos de las autoridades Regionales, ministeriales, Seremías y hay un silencio extraño. Como ven no existe voluntad política de las autoridades para abordar el asunto. No existe voluntad de instituciones ambientalistas para reclamar el verdadero problema que tiene este Parque Nacional, solo promueven a otros a gritar “ NO a la desafectación” . Cansados de tanta injusticia, se corre el riesgo que algunos dueños de estas tierras pudiesen tomar otras medidas frente a su patrimonio, como destinarlos a otros fines no esperados. De allí, entonces, la urgencia de buscar soluciones concretas que permita superar este grave problema y permitir que el Parque Nacional Lauca tenga existencia legal.