Contraloría y Ministerio Público investigan denuncias contra Van Rysselberghe
Junto a los antecedentes que poseen las entidades fiscalizadoras, ayer la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, señaló que entregó nuevos datos del Biobío a la Justicia.
EQUIPO POLÍTICA Y REGIONES
(El Mercurio – 07/04/2011)
Luego de inaugurar el nuevo edificio institucional del ente fiscalizador de la Región del Biobío, ubicado en el número 74 de O’Higgins Poniente, en Concepción, el contralor Ramiro Mendoza se refirió a las denuncias que se han presentado contra la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe.
“Tenemos varias líneas investigativas abiertas. Algunas obedecen a denuncias de parlamentarios, particularmente en relación a los certificados de asignaciones de subsidios”, dijo Mendoza al ser consultado por la situación de la también ex edil.
Y si bien descartó la creación de un grupo investigador para tratar estas materias, señaló que “tenemos las denuncias generales, tenemos la preocupación”.
No es la primera vez, en esta semana, que el contralor aborda esta materia.
De hecho, el martes sostuvo en Santiago una reunión con los senadores de la oposición Alejandro Navarro (MAS) y Jaime Quintana (PPD).
Si bien la cita tenía como objetivo analizar la ordenanza municipal de Huechuraba en materia educacional, de igual forma se trató el caso Biobío. “Le expresé al contralor que luego de reunirme con la contralora regional fui informado de que ya dos o tres de las denuncias que presenté en la zona están siendo remitidas a Santiago”, comentó el senador Navarro.
Y las reuniones no terminan ahí. Este lunes Mendoza recibirá en audiencia a los diputados Aldo Cornejo (DC), Pepe Auth (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Fernando Meza (PRSD) y Guillermo Teillier (PC). En la cita, los jefes de bancada de sus respectivas colectividades le solicitarán la creación de un grupo especial de fiscalizadores para la Región del Biobío.
De esta forma, la Concertación y el Partido Comunista pretenden llevar adelante lo que plantearon tras retirar la acusación constitucional; esto es, seguir diferentes caminos, tanto en Contraloría como en tribunales. Pero desde el ente fiscalizador descartarían tal opción; entre otros motivos, por la celeridad y competencia que ha demostrado la contralora regional, Gloria Briones, que fue designada en marzo pasado.
Briones se desempeñó antes en Atacama y estuvo entre los funcionarios mejor evaluados del ente fiscalizador el año pasado. En su gestión en la III Región, realizó labores como llevar al Ministerio Público, en 2008, la denuncia sobre municipios de la región por no aclarar el destino de cerca de $224 millones.
En todo caso, independiente de los avances que logre sobre Van Rysselberghe, la Contraloría no tiene facultades para sancionar a la ex intendenta. Esto, porque desde el momento en que renunció no puede ser sumariada. Sin embargo, si se emitiera un informe de fiscalización desfavorable para la ex edil, podría tener efecto político más que legal. En paralelo con los caminos que sigue Contraloría, ayer el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, anunció que los casos referidos sobre posibles irregularidades en la entrega de viviendas en la zona -que complicarían a Van Rysselberghe- serán agrupados en una sola carpeta que llevará el fiscal de Chillán Pablo Fritz.
El abogado de la fiscalía ha tenido bajo su tutela casos como el del joven scout de Viña del Mar que quedó en riesgo vital tras ser golpeado por sus compañeros en un rito de “totemización” y la búsqueda de reos que se fugaron de cárceles luego del terremoto del 27-F.
A los datos sobre posibles irregularidades existentes en la población Aurora de Chile -donde la ex intendenta les señaló a sus pobladores que había inventado una historia para que recibieran beneficios desde Vivienda-, se suman los de Bulnes y Tubul, en los que habría antecedentes de procedimientos fuera de norma en la entrega de certificados de inhabitabilidad.
“Los nuevos hechos y denuncias que salieron a la luz pública pueden constituir un delito, por lo que se iniciarán nuevas pesquisas con la Policía de Investigaciones, como examinar los documentos entregados a presuntos damnificados, entrevistar a los vecinos y fiscalizar a los municipios aludidos”, señaló el fiscal Contardo.
Datos desde Vivienda
Ayer se sumaron nuevos antecedentes que dio a conocer la ministra de Vivienda, Magdalena Matte.
La secretaria de Estado -quien criticó en su momento a la ex intendenta por haber involucrado a su cartera en posibles irregularidades- señaló ayer que enviará a la justicia certificados falsos de inhabitabilidad de casas que no fueron dañadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Este anuncio generó preocupación tanto en La Moneda como en su partido, la UDI, puesto que se vuelven a generar ruidos en un tema que se pretendía dar por superado.
“En el caso de Bulnes, los certificados que no corresponden a la realidad fueron enviados a la fiscalía para que se haga una revisión del tema”, puntualizó Matte. Y al ser consultada por la similitud del caso con el denunciado por Navarro en febrero, señaló:”Hay un modo de operar que básicamente era en discurso, en oferta, pero que finalmente no llegaba al Serviu”, remató.
Marido declara
Mauricio Pavez, esposo de Jacqueline van Rysselberghe, declaró ayer ante personal del OS-7 de Carabineros por la plantación de 51 matas de marihuana encontradas en un predio de Tomé, del cual figura como propietario.
Larraín entrega apoyo a diputados que se mostraron dispuestos a estudiar acusación
El pasado martes 5 de abril, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, sostuvo un encuentro en su oficina en el Senado con Karla Rubilar y Frank Sauerbaum, dos de los diputados de su partido que, en las últimas semanas, se mostraron como proclives a apoyar la acusación constitucional en contra de la ex intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe.
También llegaron al encuentro el jefe y el subjefe de la bancada de diputados de la colectividad, Cristián Monckeberg y Pedro Browne, respectivamente, además del vicepresidente del partido, Baldo Prokurica.
En la reunión, el actual senador por la Región de Los Ríos les manifestó a los parlamentarios que los apoyaba tras su participación en el caso Van Rysselberghe.
“El (Larraín) nos señaló que nosotros habíamos actuado dentro de nuestras facultades parlamentarias y que mientras actuemos dentro de esas atribuciones, tendremos su apoyo”, comentó al respecto la diputada Rubilar.
El respaldo del presidente de Renovación Nacional se dio dos días después de que el Presidente Sebastián Piñera les solicitara a los jefes de los partidos de la Alianza que ordenaran a los parlamentarios de sus respectivas colectividades.
Esto ocurre, también, paralelamente a las críticas que vertió el senador Pablo Longueira a los legisladores de la coalición de gobierno, cuando afirmó, también el martes pasado, que “no recuerdo que la Concertación, en veinte años, no haya sido capaz de ordenar a todos sus parlamentarios frente a una acusación.
Los últimos casos
La “Aurora de Chile” fue el primer caso en una serie de supuestas irregularidades que rodearon la salida de Van Rysselberghe. Luego se sumaría un informe de Contraloría que detectó supuestos pagos excesivos de horas extraordinarias a colaboradores del municipio, junto a un sumario ordenado por la misma entidad por un millonario déficit de la municipalidad cuando ella era alcaldesa.
Otras dos denuncias surgieron el viernes 1 de abril. Primero, el senador Alejandro Navarro solicitó una investigación ante el Serviu de la VIII Región, acusando que en 2008 la entonces edil habría asignado viviendas (destinadas a damnificados por el temporal 2006) a personas cercanas a su círculo. Y luego de eso, se la relacionó con el hallazgo de 51 matas de marihuana en el fundo Curaco Alto de Tomé. Esto, debido a que la propiedad de ese terreno fue asociada a su esposo, Mauricio Pavez.
A eso se suman los antecedentes que un concejal de la región le hizo llegar al ministro Rodrigo Hinzpeter sobre presuntas entregas irregulares de subsidios, esta vez en la comuna de Bulnes. El Gobierno, tras indagar la información, ratificó la entrega de 52 certificados de inhabitabilidad a familias que no cumplían con los requisitos.
