Contraloría investiga denuncias de presiones al Serviu en polémico pago a constructora
Subdirector jurídico habría declarado que ex asesor de Vivienda lo presionó a visar acuerdo.
por Paulo Muñoz
(La Tercera – 13/04/2011)
A mediados de marzo la Contraloría inició una investigación por el acuerdo extrajudicial de $ 17 mil millones, suscrito entre el Serviu metropolitano y la empresa Kodama Ltda., por costos extras en que incurrió dicha constructora en las obras de un corredor del Transantiago.
En dicho proceso, constaría una serie de interrogatorios del ente fiscalizador a funcionarios del Serviu, donde acusaron haber recibido presiones para firmar el documento que permitía dicha indemnización. Entre estas declaraciones, destacaría la del subdirector jurídico de la repartición, Rafael Marambio, que sindica al ex asesor jurídico del gabinete del ministerio Alvaro Baeza como principal fuente de las presiones.
Ayer, la secretaria de Vivienda, Magdalena Matte, confirmó la salida de Baeza mientras se investiga su rol en el trámite de la transacción y se desarrolla la investigación de los antecedentes que ella presentó a la Fiscalía Centro Norte el viernes pasado y que se desarrolla en forma paralela a la de Contraloría.
Incautación
Faltaban minutos para el mediodía de ayer, cuando un grupo de fiscales, encabezados por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, ingresó a las dependencias del Ministerio de Vivienda y el Serviu, ubicadas en el centro de Santiago.
Los funcionarios estaban acompañados de efectivos de la Brigada del Cibercrimen de la PDI y portaban una orden judicial para retirar documentación de eventuales delitos asociados a la indemnización que la cartera ordenó pagar a la constructora Kodama.
La diligencia fue informada minutos antes por los fiscales a la ministra Matte. Tras permanecer por poco más de una hora al interior de ambas dependencias, los fiscales incautaron cinco computadores y discos compactos. Una de las CPU pertenecía al director metropolitano del Serviu, Antonio Llompart. También se incautó el computador de un asesor del gabinete ministerial.
Consultada sobre la diligencia, la ministra Matte dijo ayer que “no hay problema en informar y entregar todo lo que se necesite”. Agregó que “las platas fiscales están muy bien resguardadas, no se ha pagado ni un peso”.
Fuentes de la investigación precisaron que si bien la denuncia presentada por Matte ante el Ministerio Público no enumera eventuales delitos, sí menciona “la existencia de situaciones impropias” en algunas decisiones, lo que podría configurar un posible fraude al Fisco. La fiscalía aún no ha determinado cuándo tomará declaraciones a los funcionarios.
Cuestionamientos
El caso Kodama se remite al año 2006, cuando el gobierno de Bachelet desarrolló una serie de medidas destinadas a mejoras en el Transantiago y la constructora Kodama se adjudicó la licitación para contruir el corredor en Pedro Aguirre Cerda por $ 25.500 millones. Una serie de problemas en el desarrollo del proyecto impidió su normal evolución y obligó al Estado a autorizar postergaciones y aumentos en el presupuesto. Sin embargo, la empresa consideró que todavía se adeudaban dineros por dicho proyecto y recurrió a una demanda por $ 41 mil millones, mientras la nueva administración buscaba un acuerdo extrajudicial con los abogados de Kodama, Rodrigo Alcaíno y Darío Calderón.
En enero, el Serviu despachó un acuerdo entre las partes que reducía la indemnización de $ 41 mil millones a $ 17 mil millones y el documento fue firmado por la ministra Matte, pero pocos días después quedó sin efecto, ante la solicitud de nuevos antecedentes. La investigación de Contraloría y de la fiscalía pretende dilucidar detalles del proceso.
RR
