La evolución silenciosa de las concesiones: nuevas directrices en la colaboración público-privada
Por Alberto Texido
Hace solo unos días el Ministerio de Obras Publicas anunció un nuevo programa de infraestructura penitenciaria, respondiendo a la demanda evidente de un sistema colapsado, acompañado de un particular cuestionamiento de las empresas concesionarias de infraestructura pública. En un punto relevante, y después de casi 20 años de un modelo plenamente operativo y calificado como exitoso, ésta vez el Estado ha desistido de contar con el aporte privado para la construcción de nuevos recintos, ante la posibilidad cierta de que determinadas inversiones le estaban resultando poco atractivas, incluso contraproducentes, profundizando desde hace años en un ambiente de cuestionamientos. Con estos antecedentes nace la pregunta: ¿Qué hay detrás de este nuevo y decidido formato de colaboración entre el Estado y los inversionistas privados?
Cuando con apoyo amplio de todos los sectores políticos y empresariales pensábamos presenciar el nacimiento de una nueva generación de infraestructuras públicas concesionadas -traducidas en las mismas cárceles, nuevos hospitales, parques públicos, centros cívicos o ferrocarriles transversales- presenciamos hoy cómo la serie de reacciones ante la catástrofe de San Miguel, han permitido una profunda -y casi imperceptible- revisión del sistema, procedimiento y formato. Las condiciones para esta innovación tienen como antecedente directo la lamentable ausencia del paquete de cárceles que se concesionarían que, inexplicablemente y pese a lo programado, no estuvieron operativas ni antes ni (aún) después del Bicentenario 2010.
Sin duda alguna, los anuncios emanados desde la autoridad implican dos incuestionables aciertos: primero, el de la obviedad de terminar con la saturación física de los recintos, considerando segregar a la población penal según peligrosidad; y segundo, el importado asesoramiento de los diseños espaciales, apreciando la experiencia internacional que centra la privación de libertad en la capacitación como pre-requisito para la reinserción, lo cual también genera demanda de superficies y de diseños adecuados.
Pero entre el discreto anuncio mediático y el estrenado estímulo a la materialización de estas grandes obras, brota una condición que parece muy pertinente de destacar: luego de décadas de acuerdos entre el Estado y el empresariado, un gobierno de centro-derecha ha logrado por primera vez redireccionar la agenda de la infraestructura pública, tareas que para la Concertación fueron complejas o imposibles. Esto, en el concierto de variadas medidas que la centro-izquierda sólo pudo plantear en discurso y que hoy -no sin polémica- vemos concretadas o en debate para serlo: el reajuste del 7% de los jubilados, el postnatal de 6 meses, los ajustes a la Ley reservada del cobre, las restricciones al Montepío militar, la detención de un proyecto termoeléctrico, o a la aplicación del royalty minero. Todas estas evidencias acumuladas de que la Concertación tuvo siempre mucho más cuidado de no generar conflictos o levantar amenazas al mundo empresarial -¡o militar!-. Partidarios o no del particular estilo presidencial actual, vemos que esta relación cambió y ha dado oportunidad a avances claros, paradojales y sorprendentes que resultan por primera vez en décadas en un Estado fortalecido.
Pero es que para que esto sucediera, existieron antecedentes ineludibles: cuando las garantias exigidas por los privados excedieron el mínimo valor recomendado para determinada obra, como es el caso del eterno resurrecto Puente de Chacao, o cuando la ampliación de contratos superó con creces la inversion publica inicial, (1) perdiéndose el argumento de “liberacion de fondos del Estado para otras prioridades sociales”, que justificó en su origen al sistema, deteniendo el paquete de cárceles concesionadas del 2008. Emerge así el cuestionamiento, de que excedentes que iban a parar al mundo privado, serían resguardados en obras que era más conveniente asumiera sólo el Estado.
Lo relevante de esto es entonces que un sistema que pretendíamos instalado, luego de correcto análisis de costos, ha sido desaplicado con oposición de la industria, es decir, una excepcionalidad notable. El contexto desde el que surge esta decisión es el mismo que intentó el Ministro Bitrán antes de que rodara su cabeza, cuando cuestionó el sistema, los sobreprecios y las garantías que tranquilamente eran exigidas por los inversionistas. Pero esta vez, la autoridad ha actuado sin titubear para retomar una tarea que había cedido, junto al ahorro importante de recursos públicos y al futuro traspaso de la gestión a privados. Aunque los medios se cuiden de admitirlo, estamos en presencia de un progreso que ha sabido discriminar cuando es conveniente y cuando no concesionar infraestructuras públicas.
Mas allá de los errores forzados presenciamos la instalación de una nueva condición de negociación, en que el Estado vuelve a adquirir la capacidad de discriminar la conveniencia o no del formato adecuado para sus inversiones, liberándose de cierto dogma concesionador, que junto al Estado ha renovado la capacidad de propender bien común, como un paso mas del colectivo hacia el desarrollo, como uno de los ajustes que el modelo neoliberal requiere revisando las (malas) costumbres que siguen distanciándonos de la equidad social y la calidad de vida urbana. En definitiva, se ha establecido una nueva línea de defensa de los intereses colectivos por sobre los particulares.
(1) Cabe precisar que en la versión original de esta columna se indicaba: “cuando la ampliación de contratos duplicó la inversión pública inicial”, frase aún en debate abierto, pues pese al demostrable aumento de pagos, también se hicieron efectivas ampliaciones de obras por petición del Estado. Invitamos a nuestros lectores a aportar a este debate con antecedentes precisos y demostrables sobre este punto.
