Más allá de la moda: No a Hidroaysén y la crisis de la no planificación
Por Alberto Texido
Semanas revueltas son las que vivimos a vísperas del mensaje presidencial del 21 de mayo próximo. Nuestro país experimenta una generalizada queja social por macro-decisiones que intenta tomar la Autoridad sobre temas sensibles -cada día más sensibles- denotando no sólo fallos de procedimiento y comunicación, sino también un debate pobre como sospechosa antesala de improvisaciones, cargadas de malos argumentos que parecen solo redundar en el apetito megaempresarial.
Sorprendente sincronía, por decirlo menos, que cuando hemos sido capaces de llegar al umbral del desarrollo, respaldado más bien por las siempre frías e incompletas cifras macroeconómicas, la efervescencia social también alcanza este elevado punto notable.
Pero es que a la vez de crecer la economía, lo hace también la segregación, la desigualdad y la inequidad, entendidas estas en sus respectivos efectos sobre la cohesión social, la calidad de vida y el acceso a equipamientos o servicios públicos de salud y educación.
Y no sólo eso, sino que tan desgastante proceder se repite en variados y recientes ámbitos de la política pública donde parece tan difícil lograr acuerdo social. Considerando la matriz energética como excusa central para provocar esta columna, sumamos otros conflictos recientes: la crítica generalizada a la expansión periférica de Santiago PRMS100, las áreas verdes condicionadas del PRMVAL, la licitación desierta para la ampliación del Puerto de Valparaíso, el estancado sistema ferroviario nacional, las tardías obras de mitigación de Sanhattan y -otra vez- el Sistema de Transporte Público de Santiago.
¿Qué hemos hecho como sociedad para merecer tales desencuentros?
La respuesta surge coincidente para todos los casos citados, cuando por allá por los últimos años de la década del 70 giramos bruscamente el timón político, económico y social hacia la decisión impuesta que dejó en manos del mercado diversas determinaciones, que hasta entonces eran impulsadas o dirigidas por el Estado. Se supuso que este nuevo paradigma lograría regular su funcionamiento según oferta/demanda y se inició la desregulación del transporte público de Santiago, la Autoridad eliminó el límite urbano de la ciudad, se atomizaron universidades, ferrocarriles y se iniciaron los preparativos para la privatización de empresas públicas, entre otros experimentos. En definitiva, se anularon una a una las instancias de planificación que el Estado definía en beneficio y resguardo de los habitantes, evitando de algún modo el privilegio de intereses particulares.
La Matriz Energética
Mientras el ambientalismo extremo instala su discurso congelante y el capital global vende un proyecto cuestionablemente “limpio y chileno”, la salida a la problemática del “abastecimiento energético para el desarrollo” obligará a condicionar las alternativas de intervención territorial/ambiental, así también a suavizar los discursos, poniendo a prueba cada vez que sea requerida la debilitada institucionalidad que nos rige y expone a sus externalidades.
Así la opinión que tomemos debe ser obligatoriamente (in)formada y más aún, nos obliga a comprender las implicancias que nuestro actuar individual -en suma, actuar colectivo- afecta finalmente sobre lo mismo que pretendemos defender. De nada servirá una pancarta que no implique el ajuste de la industria, la búsqueda de mejores alternativas viables o nuestro propio cambio de hábitos de consumo, que muy pocos realmente están dispuestos a asumir.
Mientras tanto, la búsqueda de referentes válidos permite encontrar algún punto de apoyo: en este caso el estudio reciente de la Facultad de Ingeniería de la U. de Chile que entrega con cierta neutralidad datos útiles para tomar posición, especialmente cuando no coinciden con las versiones oficiales.
Otra ocasión para el centralismo:
Es que con los años nos hemos puesto más sensibles: después de veinte años concertacionistas, cuesta comprender cómo evitaron sus gobiernos las revueltas sociales que pudieron causar la aprobación de miles de Megawatts termo/hidroeléctricos emplazados en puntos igualmente delicados. Todo esto en un contexto centralista, donde el rol de la región y sus autoridades delegadas se diluye de tal modo que una oficina de La Moneda parece contener todo el territorio, el destino de sus habitantes y los caminos cerrados a cualquier tipo de autodeterminación.
¿No será entonces Hidroaysén una particular manera de canalizar los disgustos a un formato de Gobierno incapaz de captar e implementar los deseos ciudadanos y por tanto, difusa contribución al real debate energético que en este caso merecemos tener?
Más allá de negarnos a Hidroaysén por el cuidado extremo de nuestros valiosísimos paisajes intocados -e intocables-, la razón de fondo para detener este proceso es más bien la falta de un análisis claro, la ausencia de información neutral -ambas señales de una masa crítica débil- y la carencia País de no contar con un plan estratégico que justifique desiciones y permita su pesquisa pública, requisito obligatorio para el acuerdo colectivo.
En definitiva, el proyecto continúa los procedimientos exigidos para su implementación -quedando pendiente la aprobación del trazado- y se activarán por parte de sus opositores las instancias legales que intenten detenerlo, salvo ocurra otra intervención “extraoficial” que anule la institucionalidad. La tarea ciudadana queda instalada desde ya en la manifestación pública, pero paralelamente deberá exigir la construcción de una Política Energética transparente, consensuada y sustentable, que no por decisiones apresuradas desincentive la necesaria inversión en otro tipo de energías renovables y de menor impacto ambiental. La masa crítica está en formación y deberá ser apoyada desde la autoridad con incentivos a la investigación R+D, en todos los campos que nos permitan cumplir con las exigencias para entrar adecuadamente al desarrollo.
