Tras análisis de comité político, Gobierno autorizará marcha contra HidroAysén

Previo a esta decisión del Ejecutivo, el intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, había manifestado su interés por que se rechazara la solicitud de una manifestación por la Alameda.

RIENZI FRANCO Y RODRIGO VERGARA
(El Mercurio – 24/05/2011)

A primera hora de ayer, el Vicepresidente, Rodrigo Hinzpeter, encabezó el comité político que reúne a ministros y parlamentarios oficialistas en La Moneda. Allí, tras un breve análisis, el Gobierno decidió autorizar una marcha que opositores a HidroAysén convocaron para este viernes por la Alameda.

Según trascendió, la definición no fue fácil. Esto, debido a que varios de los presentes hicieron notar lo sucedido la semana pasada, cuando una manifestación similar culminó con un carabinero gravemente herido por manifestantes.

Algunos de los asistentes revelaron que este hecho, por sí solo, hacía inviable autorizar la marcha. Sin embargo, en paralelo se revisó un factor clave: el elevado costo que significaría para La Moneda negar una marcha ciudadana.

Con estos antecedentes en la mano, finalmente el Ejecutivo se allanó a dar luz verde a la manifestación, pero obligando a que los organizadores de la convocatoria asuman la responsabilidad si la protesta se desborda. Esta convicción fue comunicada al oficialismo en una segunda reunión política que se llevó a cabo en Palacio.

En esa instancia, la Alianza respaldó la medida. Prueba de ello es que el subjefe de la bancada de RN, diputado Joaquín Godoy, planteó que “nosotros creemos que la ciudadanía se debe manifestar abiertamente y en cualquier parte del país”.

En esa línea, el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, aclaró que el Ejecutivo no va “a prohibir marchas, porque el Gobierno desde que asumió ha impulsado la libre expresión ciudadana (…) en equilibro con un derecho que es tan importante como el anterior, que es garantizar el orden público y cuidar la propiedad pública y privada”.

Justamente por eso, ayer fue el propio Ubilla quien concurrió hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital para interponer una querella por los daños que la manifestación del viernes pasado provocó en el centro de Santiago.

A esta diligencia, se sumó otra acción legal que el titular de Defensa, Andrés Allamand, interpuso ante el juzgado de garantía de Valparaíso por el ataque que recibió un grupo de cadetes de la Armada que fueron apedreados por desconocidos cuando se dirigían a participar de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor.

Al margen de estas querellas, en el análisis de La Moneda jugó a favor de los opositores a HidroAysén el hecho que el movimiento Acción Ecológica presentara una acción judicial en contra de los agresores del suboficial mayor de carabineros Mauricio Muñoz.

Así, el Gobierno definió tres criterios que se deben cumplir como condiciones para que se efectúe la marcha ambientalista:

Primero, que sea segura para quienes participen de ella; segundo, que represente el menor riesgo para terceras personas, y, por último, que exista consenso entre la autoridad y los organizadores respecto del lugar donde se realizará la manifestación.

Sobre este punto, el Ejecutivo ofrecerá a Acción Ecológica el Parque O’Higgins para que realicen su protesta. Sin embargo, sólo hoy el movimiento ecologista solicitará la autorización correspondiente al intendente metropolitano, Fernando Echeverría.

En esa petición se despejará la incógnita sobre el recorrido que la organización requerirá, el que debería ser similar a la marcha anterior, es decir, partiendo de Plaza Italia hasta la sede de Gobierno, por la Alameda.

Para analizar este tema, Ubilla se reunirá hoy con Echeverría en La Moneda. Mientras, el jefe de gabinete subrogante ya tomó contacto a través de videoconferencia con el resto de los intendentes regionales para reafirmar un mensaje: el Gobierno no suspende marchas, pero, éstas deben cumplir los criterios impuestos por el Ejecutivo.

A esta definición se suma el monitoreo que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) realiza de la prensa regional por el tema HidroAysén.

Interior apunta a que hechos de violencia en las protestas están coordinados y no son circunstanciales

El ex fiscal regional sur de Santiago, Alejandro Peña, salió del edificio del 7° Juzgado de Garantía, en el Centro de Justicia capitalino. En la explanada del recinto debió esperar unos minutos a que su jefe, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hablara con la prensa. Éste explicó a los medios el alcance de la querella que acababa de interponer por los actos de violencia registrados en la última manifestación contra HidroAysén, realizada el viernes pasado.

Mientras, Peña se dedicó a conversar con varios conocidos que se encontró en el lugar en el que litigó cuando estuvo a cargo de la fiscalía Sur. Pero también había otros personajes familiares para él. Eran los imputados por el denominado caso Bombas, indagatoria que el ahora jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior llevó adelante. Con ellos no hubo saludos. Sólo miradas.

Pero la presencia de Peña no era algo menor. La unidad que lidera el ex fiscal coordina, junto a la división jurídica, la presentación de querellas en Aysén, Biobío, Valparaíso y Santiago por los destrozos y hechos de violencia registrados en las manifestaciones.

Según se supo, en Interior se maneja la tesis de que los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones no son por “generación espontánea”, azar o producto de alguna provocación policial. La tesis del Ejecutivo es que son actos coordinados y preparados. “Se observó cierta coordinación en la ejecución de las acciones vandálicas, propias de un plan premeditado”, señaló una fuente que pidió no ser identificada. Aclaran, eso sí, que son grupos minoritarios dentro de los manifestantes, pero que promueven la acción directa contra el Estado y las instituciones que los representan.

En la investigación policial que busca dar con el paradero del agresor del suboficial Mauricio Muñoz, quien fue atacado con un skate la noche del viernes, en Carabineros afirmaron que se encuentran revisando las imágenes de televisión captadas en la protesta para el cotejo con sospechosos.

Uniones de hecho

La Moneda comunicó ayer al oficialismo que está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley propio que pretende regular las uniones de hecho.

Idea que, según se informó en el Ejecutivo, contendrá la “mirada del Presidente Piñera” sobre la materia, es decir, se apegará a lo que señaló el actual mandatario durante la campaña presidencial. Así se aclaró que no se innovará más allá de normar el aspecto patrimonial de las parejas, sin introducir modificaciones como podría ser un contrato matrimonial que incluya a personas de un mismo sexo.

Según trascendió, el diseño de La Moneda es socializar la iniciativa al interior del bloque para mitigar los posibles roces que el proyecto podría generar. La estrategia del Ejecutivo apunta a que las distintas opiniones dentro de la Alianza queden reflejadas en las indicaciones que sus parlamentarios puedan incorporar en el debate legislativo.