Director del SEA:”La discusión en RC no fue discrecional”
Ignacio Toro, titular del Servicio de Evaluación Ambiental, justificó rechazo al proyecto.
por A.Astudillo
(La Tercera – 01/06/2011)
El director nacional de Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, salió a respaldar la decisión del comité de evaluación de Valparaíso, que el lunes rechazó la instalación del proyecto termoeléctrico Río Corriente (RC) en la zona de Puchuncaví-Ventanas. Aseguró que el proceso de discusión estuvo basado en argumentos técnicos y no fue una decisión discrecional de la autoridad, como acusó la empresa.
Toro dijo que, independientemente de si RC genera menos emisiones que los otros proyectos emplazados en la zona se debía considerar el impacto del mismo en su totalidad y no como una unidad separada. “Lo que estuvo en discusión en RC Generación -y está bien que generen reclamaciones, pero la decisión no es discrecional- es si el lugar en que está emplazada puede o no puede recibir más carga contaminante, y esa respuesta es no, porque hay una situación de saturación”, indicó.
Agregó que el plan de compensación de emisiones presentado por la firma fue insuficiente. “La empresa presentó un plan de compensación. Ese plan no fue adecuado en ninguna de las adendas, y en función de eso se rechazó”, dijo.
Toro dijo que mientras no se solucione la situación en la zona no deberían tener cabida proyectos que eleven las emisiones. “Sin mejorar antes el área, por supuesto que no hay espacio para instalar nuevas generadoras en Puchuncaví-Ventanas. En la zonas saturadas hay que presentar un plan de compensación efectivo”, dijo.
La autoridad descartó que se haya discriminado a RC.
“Si cada vez que una resolución no gusta se va a criticar que fue discriminado, o no se tomaron en cuenta argumentos, se está bajando el nivel de la discusión y la política pública del país no va a avanzar”, dijo.
Asimismo, Toro reconoció que el actual modelo de evaluación ambiental tiene una componente política donde la autoridad debe estimar la conveniencia de instalar o no un proyecto en determinada zona, atendiendo la salud de la población. “Es evidente que en el procedimiento hay una instancia técnica para una decisión política, y esas dos cosas se conversan. No puede ser sólo técnico porque es una decisión. Al final del día, todos los proyectos impactan al medioambiente, pero hay que tomar una decisión respecto de hasta qué nivel se acepta y qué proyectos se priorizan para utilizar esos recursos”, dijo.
El funcionario indica que el nuevo reglamento que regirá los procesos de evaluación ambiental y participación ciudadana -que será sometido a consulta pública- subsana en parte esta situación. “Hay ciertos nudos en la evaluación ambiental que es necesario trabajar para poder operar de manera adecuada. El espacio de discrecionalidad para la toma de decisiones se encuentra ampliado, demasiado extendido”, dice.
