Ministro de vivienda: “Se dice que la reconstrucción va lenta, pero yo digo, lenta respecto de qué”
Poco más de un mes tiene el secretario de Estado en su nuevo puesto en el gobierno. Dice que trabaja intensamente en tres focos: la reconstrucción, los cambios a la política habitacional y el urbanismo de las ciudades.
Por Patricia Arancibia Clavel
(Diario Financiero – 03/06/2011)
Con apenas seis semanas como ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna (50), el intendente mejor evaluado del gobierno mientras se desempeñó en la Región de O´Higgins, sorprende por su capacidad para llevar en la punta de los dedos el contenido de los proyectos, planes y cifras de un ministerio de por sí complejo.
Jovial y entusiasta, está abocado a sacar adelante el plan de reconstrucción, sin olvidar el desafío de implementar una política habitacional para Chile, centrada en la eficiencia y calidad. Cordial y llano, nos recibe en su oficina sin mayor protocolo.
– ¿Acostumbrado en este nuevo cargo?
– Bueno, con algo de ansiedad frente al enorme desafío personal y profesional que significa este ministerio, un ministerio social y crucial para la reconstrucción y para Chile. Es una oportunidad histórica y espero que las satisfacciones vengan con el tiempo, cuando los resultados concretos se visibilicen todavía más.
– ¿Tienes ya un diagnóstico claro de la situación?
– Aquí tenemos tres grandes temas que abordar. El primero es la reconstrucción, con metas específicas que puso el presidente y que son difíciles. Después está la política habitacional, que es la parte central de la labor del ministerio y donde se invierte el 80% del presupuesto. Estamos embarcados en su perfeccionamiento y modernización. Muy luego saldrá un decreto que apunta a las clases medias y emergentes, segundo y tercer quintil, con un componente de premio al esfuerzo muy importante, un segmento que no había estado siendo bien atendido, que tiene capacidad de ahorro, o una pequeña capacidad de endeudamiento y al cual hay que darle soluciones concretas. Luego están los sectores más vulnerables que no tienen capacidad de pago, a los cuales está dirigida la política del Fondo Solidario, y donde haremos cambios el segundo semestre.
– Y ¿qué sucede con la parte urbanística?
– Ahí está el tercer desafío y que a mí personalmente me atrae mucho: la ciudad, los barrios. Llevamos más de diez años sin una Política Nacional de Desarrollo Urbano, por lo que estamos trabajando, armando un comité especializado que incluya consultas ciudadanas para tener una propuesta de aquí a fin de año.
– Pero también hay que ordenar el frente interno, sobre todo después del caso Kodama…
– El problema está radicado en el ámbito judicial y, como me dijo el presidente, no debe distraer los tremendos desafíos del ministerio. Ya se han dado pasos importantes entre los que está haber entregado todos los documentos al Consejo de Defensa del Estado el que tiene que definir los pasos y que en definitiva, decidirá cuál es la estrategia judicial. Están haciendo su tarea y nosotros seguiremos sus instrucciones. Lo importante es que los recursos del Estado están a buen recaudo.
– ¿Qué seguridades existen de que no se pagarán los $ 17.000 millones?
– Lo que nosotros sostenemos es que no se va a pagar, salvo que lo determine un tribunal.
–
No hay certeza entonces…
– Será, te insisto, lo que determinen las instancias judiciales.
– ¿Ha habido un reordenamiento del personal del ministerio a raíz de lo sucedido?
– Ha habido algunos cambios. Fortalecimos la división jurídica con la llegada de una abogada muy destacada, Sandra Ponce León, quien se hizo cargo de esa dirección. Le estamos dando un peso muy importante a la orientación jurídica y a los procedimientos. Estamos modernizando los procesos relacionados con estas materias y en el Serviu Metropolitano se están llevando a cabo auditorías, específicamente en la división de pavimentos y en la sub-división jurídica, entre otras.
– ¿Existe por parte de ustedes un reconocimiento de errores?
– Hemos reconocido que hubo un error en los procedimientos de control del Serviu Metropolitano. Lo dijimos en la declaración pública cuando salió el informe de la Contraloría, y estamos trabajando intensamente implementando una serie de medidas para mejorar los procedimientos de control y de los equipos. En todo caso, hay que entender que el Serviu es una tremenda organización que tiene más de 800 funcionarios, maneja un presupuesto de US$ 1.000 millones y el 80 o 90% de su trabajo está en el área de vivienda. El problema se radicó en un área muy específica: la división de pavimentos, que la estamos ordenando, creando además una unidad especializada en obras del Transantiago. Hemos instruido que se usen bases estandarizadas de licitación y que se informe de cualquier problema judicial o extensiones de contrato relevantes.
– ¿No burocratizará todo ello el trabajo a realizar?
– No, al contrario, pues estamos creando un área de gestión de calidad para todo el ministerio. Queremos revisar todos los procesos para mejorar la calidad de atención.
– ¿Hasta qué punto el caso Kodama rompió la imagen de excelencia del gobierno, su idea de una nueva forma de gobernar?
– No corresponde que yo haga un juicio al respecto. A mí me pidieron que me preocupe del futuro del ministerio y a eso es a lo que estoy abocado.
– Una de las críticas más fuertes que se le hacen al ministerio es la lentitud con que ha llevado el trabajo de reconstrucción…
– Se dice que la reconstrucción va lenta, pero yo digo, lenta respecto de qué. Si es a partir de experiencias internacionales anteriores, definitivamente no. Las autoridades japonesas acaban de anunciar que se van a demorar tres años en levantar las viviendas provisorias y diez años en la reconstrucción. En Katrina, que destruyó 275.000 casas se demoraron más de ocho años. Hace poco el presidente Obama estuvo en la zona cero a raíz de la captura de Bin Laden y todavía no se reconstruye. Entonces, es importante tener presente que cuando ocurren desastres de esta magnitud la reconstrucción no es inmediata.
– Las expectativas las generó el propio presidente…
– No, el presidente dijo claramente que el 100% de la reconstrucción estaría terminada al cuarto año de su gobierno y que el 90% en el tercero. Que se entregarían 220.000 subsidios, 100.000 antes del término del 2010 y se entregaron 120.000. Por lo tanto, hay que ser estricto en el juicio. Hay gente que tiene expectativas diferentes, pero yo no me puedo hacer cargo de eso. La reconstrucción no solo no va lento respecto de experiencias internacionales anteriores, tampoco de acuerdo a las metas fijadas por nuestro gobierno. De hecho, si logramos terminarla en cuatro años, va a ser un hito histórico de magnitud y reconocido a nivel mundial.
– El problema está en que la gente necesita soluciones rápido…
– Entiendo la ansiedad de la gente, de las familias que están viviendo en aldeas porque perdieron su casa o murió un familiar, pues cualquier día que pase es mucho tiempo. Pero, objetivamente, la reconstrucción se está realizando de acuerdo a lo programado. En abril ya habíamos entregado algo más de 146.000 subsidios. Pero tal vez no hemos puesto el énfasis comunicacional necesario para explicar que, en tiempos normales, sin terremoto, desde que la persona recibía el subsidio hasta que le entregaban su casa, pasaban dos años y medio y resulta que nosotros estamos trabajando para reducir el tiempo a un año y medio. Llevamos 90.000 obras iniciadas y cerca de 40.000 terminadas.
– ¿Hay cifras que indiquen como se está moviendo la construcción en la zona afectada?
– Los permisos de edificación de viviendas en los cuatro primeros meses del año, muestran un crecimiento de 248% en las regiones afectadas, esto es 6 veces más que en el resto del país. Eso te indica el movimiento existente en cifras reales. Esto nos ha hecho prever que se va a necesitar mano de obra calificada en esas zonas por lo que esta semana acabamos de lanzar con la ministra Matthei, un programa de capacitación de mano de obra especializada pues puede haber necesidad de hasta 50.000 trabajadores, especialmente en el cuarto trimestre de este año y el primero del próximo. Nos estamos adelantando con un plan muy potente que incluye la creación de una bolsa de trabajo, donde las empresas constructoras van a poder contar con trabajadores capacitados.
– El senador Pizarro ha cuestionado las cifras y ha señalado que en esta materia el presidente “no se apega a la verdad.” ¿Qué puedes responder a ello?
– A mí me parece inaceptable que un senador de la república diga que el presidente ha mentido y sería bueno que especificara en qué. Me parece una ofensa totalmente gratuita e injustificada. Las cifras están disponibles en el sitio web, cualquier persona las puede ver y jamás, ni el ministerio ni el presidente han mentido a ese respecto. En verdad, no me sorprende que la oposición fiscalice, pero espero de ella una crítica constructiva ya que la reconstrucción es una tarea de todos, con responsabilidades compartidas.
– ¿Cómo sigue la relación con los municipios afectados?
– Requerimos un trabajo en equipo entre el ministerio, las municipalidades, el director de obra, los propios parlamentarios, los concejales, los consejeros regionales. Hay municipalidades en la misma región, que tienen problemas similares y se observa que en algunos casos hay una performance radicalmente distinta de la otra y es porque no todos están haciendo una buena gestión. Son ellos los que dan los certificados de inhabitabilidad, los que tienen el contacto con la gente y en la mayoría de los casos los responsables de la gestión de los proyectos, a través de las Egis Municipales. Hemos reforzado los equipos municipales y, entre otras mejoras a los procesos, hemos reducido los trámites y papeles para obtener un subsidio de 217 a 18.
– ¿Hay un tema político involucrado en las demoras?
– No, es un problema de gestión que cruza todo el espectro. No hemos hecho un catastro político ni mucho menos porque no nos interesa y no creo tampoco que sea apropiado. Lo que estamos haciendo es ayudar a todos los alcaldes, independiente de su color político, porque en definitiva lo que nos importa es que la solución llegue a las familias afectadas.