Crecimiento Equitativo

Privatizar significa transferir del dominio público al privado la propiedad y el control de un bien. En los países liberales del subcontinente americano, ésta ha sido una práctica recurrente en los últimos 30 años. El estado se ha ido alejando de su rol en la provisión de servicios, obras de infraestructura y desde hace un tiempo también de la tarea de hacer ciudad. Chile probablemente sea la democracia de esta parte del mundo donde esta tendencia ha sido llevada más lejos, con sus beneficios y también perjuicios.

En relación con la tensión existente entre el espacio público y privado, tengo la certeza de que las recientes marchas en contra del proyecto hidroeléctrico Hidroaysen tienen tanto que ver con la protección de una visión idílica de la Patagonia como con la toma de conciencia de que la gran represa y el rédito por su capacidad de generación irán directamente a los propietarios de los derechos de agua del Río Baker. Esto es tan evidente como que la marcha de los pingüinos del último gobierno de la Concertación tenían relación directa con la brecha entre la deficiente educación pública y la eficiente educación privada.

El problema fundamental de esta forma de entender el rol del estado radica en que concentra la riqueza y hace mucho más difícil identificar la línea divisoria entre lo que debe ser de dominio público y lo que puede convertirse en una empresa rentable. Y es que existe una función de redistribución y cuidado de ciertos bienes de los cuales el gobierno no puede desentenderse porque están dentro del ámbito puramente público y están allí para el beneficio de todos, sin que las palabras eficiencia o rentabilidad económica tengan nada que ver en la ecuación. Entre estos bienes se encuentran componentes importantes de la ciudad.

No caben dudas de que entre los objetivos de quienes planifican hoy en día nuestras ciudades existe el de hacer una mejor ciudad. Lo que sigue faltando son los mecanismos y los entes para que esto se haga realidad. ¿O no es el fracaso del Portal Bicentenario de Cerrillos un claro ejemplo de que el estado no tiene actualmente las facultades para gestionar un proyecto de desarrollo urbano?

Cuando se trata de hacer ciudad, todos participamos. No podemos cargar a inmobiliarias y desarrollistas con la responsabilidad de los espacios públicos y las vías estructurantes. No podemos obligarlos a desarrollar los equipamientos necesarios y a integrar gente de clase media baja con profesionales de altos ingresos. No es su función, no es está entre sus objetivos y tampoco cuentan con la motivación o los medios para hacerlo: ¿acaso pedirles que cuiden los parques de las nuevas zonas urbanas por 5 años es una solución?, ¿o lo es obligarlos a destinar parte de su suelo a vivienda social cuando la tierra terminará costando más de lo que este tipo de proyectos pueden pagar?

Sin el diseño y creación de entes mixtos, corporaciones público – privadas o como se las quiera llamar, el fin de equidad que plantea por ejemplo el PRMS 100, no se alcanzará. Si no se instrumentaliza adecuadamente una nueva ley urbana y se insiste con la solución simplista de la privatización de la ciudad, seguiremos viviendo en un territorio urbano escindido, en el que la brecha entre unos sectores y otros se hace cada vez mayor.