Acuerdo con ministerio ambiental desata polémica entre fabricantes de estufas
Firmado en enero pasado con Asimet, miembros de la industria lo rechazaron porque aseguran que se hizo a sus espaldas.
por Claudia Urquieta
(La Tercera – 28/06/2011)
El 19 de enero pasado, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) y el Ministerio de Medio Ambiente suscribieron un acuerdo que marcó un fuerte quiebre entre los fabricantes de estufas a leña.
El texto, firmado por el subsecretario del área, Ricardo Irarrázabal; el presidente de Asimet, Ernesto Escobar, y el gerente general de dicho gremio, Marcelo Fuster, definía un Programa de Sello Voluntario para los nuevos calefactores que serían comercializados en la Región Metropolitana para que cumplieran con un nivel máximo de 2,5 gramos hora de emisiones de material particulado, tal como lo establece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), válido para la capital, pero que aún no es operativo debido a que no hay un ente a cargo.
El problema surgió debido a que varios miembros del Círculo de Biomasa de Asimet aseguran que la iniciativa no había sido visada por ellos. Así lo afirman algunos de sus integrantes, que explican que el presidente del organismo, Cristián de Amesti, y gerente general de la compañía del mismo nombre -una de las dos más grandes del país junto a Bosca-, estaba al tanto del plan, siendo además uno de los impulsores del acuerdo.
Jorge Manríquez, gerente de operaciones y socio de la empresa de estufas y cocinas a leña Alcazar, dijo “esto se hizo a espaldas del grupo. Nos enteramos en una reunión del círculo una semana antes de que el convenio se hiciera público”. Eso fue a fines de febrero, en una reunión.
Lo que más molestó a los empresarios fue que “nuestro presidente le manifestó a Asimet y al ministerio que había 100% de acuerdo al respecto y que estábamos informados de lo que pasaba. Pero todo se hizo a nuestras espaldas”, afirmó Manríquez.
Juan Carlos Larraín, gerente general de Bosca, explicó que “se le presentó una queja inmediata al gerente general de Asimet de que este acuerdo no podía ser válido”. Además, solicitaron la remoción de De Amesti como presidente del grupo.
Tras el episodio, el Círculo de Biomasa no ha vuelto a reunirse y varios de sus miembros ya no consideran válido el acuerdo. En Asimet, en tanto, declinaron referirse al tema. Tampoco han respondido a los cuestionamientos hechos por los fabricantes.
Sobre la controversia, Cristián de Amesti señaló que “como círculo, durante todo el año y con la presidencia del ex gerente general de Bosca, perseguimos lograr este acuerdo de sello, porque convenía a toda la industria”.
De Amesti asegura que “Bosca y sus gerentes nuevos impulsan una campaña de desprestigio en contra del presidente de Asimet. Han reunido otros fabricantes pequeños, para decirles que no es conveniente favorecer el cumplimiento del PPDA, porque iría en contra de una demanda que interpusieron contra el ministerio”.
Añadió que “no es necesario que me expulsen. No voy a volver a reunirme con personas que están desprestigiando a las autoridades”. Desde el Ministerio de Medio Ambiente indicaron que “el acuerdo se está implementando”.
Debate por norma
Este impasse se produjo en un año clave para la industria. En medio de los problemas de contaminación, que una vez más afectan a la capital, el gobierno ha enviado importantes señales en torno a la regulación del sector.
De hecho, el segundo semestre de este año se presentará la norma nacional que regulará las emisiones de este tipo de calefactores y que según algunos actores, no ha sido una discusión equilibrada.
Así lo señala el dueño de Ecralsur, Sebastián Sölter, que cuestiona que Ricardo Katz, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente -organismo que asesora en materias como la norma de la leña-, es dueño de la consultora GAC, que presta servicios a Amesti.
“De esta consultora salieron los actuales directivos del ministerio, incluyendo a la actual ministra María Ignacia Benítez”, dijo Sölter.
Efectivamente, la titular de la cartera trabajó por más de 20 años como gestora de proyectos en GAC y también estuvieron ligados otros funcionarios. El vínculo entre la consultora de Katz y el ministerio ha generado críticas. Larraín, por ejemplo, aseguró que debido a ello, Amesti cuenta “con una situación privilegiada”.
Sin embargo, existen dos dictámenes de Contraloría que descartan que autoridades de la cartera ligadas a GAC incurrieran en alguna infracción a la probidad. Específicamente, se revisó su participación en el proyecto termo- eléctrico Central Cruz Grande. El otro descartó conflicto de intereses de Katz como miembro del Consejo Consultivo y socio de GAC.
Katz asegura que “me he inhabilitado en todo lo que tiene que ver con el consejo y la leña. Este dictamen lo avala”. En el ministerio subrayaron que se atienen a lo dicho por la Contraloría.
Datos
El acuerdo firmado con el ministerio creaba un programa de sello voluntario a utilizar en los nuevos calefactores que se utilizarían en la Región Metropolitana, fijándoles niveles máximos de emisión de material particulado. Tras la polémica, fuentes de la industria aseguran que seguirá operando, dada la naturaleza voluntaria que tiene.
Bosca interpuso un recurso contra el PPDA metropolitano, en mayo de 2010. Argumentan que para fijar la norma para la emisión de material particulado de calefactores (2,5 u/g) no se tomaron en cuenta los procesos necesarios, ya que, aseguran, no se realizaron los estudios científicos ni sociales que acrediten y respalden este valor y no otro.