Territorio, representatividad y legitimidad: ¿Más oportunidades para la indignación?

Ya sea por el clima invernal, ilegales humaredas de leña mojada, barricadas encendidas o gases lacrimógenos, el progreso de nuestro Chile se ralentiza para iniciar un nebuloso -y forzado- proceso de revisión. Las propuestas para superar la desigualdad, expresadas por cada actor social, deberán permitirse optar por el camino del acuerdo amplio que dicen exigir al otro -y a todos-, cediendo en sus rígidas convicciones hacia la generación de una tercera posición que intercale esos intereses y permita el surgimiento de un nuevo estado -y Estado- de negociación y avance.

Estas exigencias ciudadanas, como indicios previos de verdadero desarrollo -no sólo numérico-, vienen siendo acompañadas de cifras de crecimiento favorables, evidenciando la poca efectividad de un modelo económico y sistema representativo encapsulado y que se torna cada vez más incómodo para la contribuyente clase trabajadora. Las exigencias por un Estado regulador eficiente y proveedor de derechos, junto a otras modernizaciones pendientes, pretenden ir cubriendo los postergados requerimientos ciudadanos (para la educación, el transporte público, el acceso a la salud y  la cobertura de la seguridad social) siendo este retraso largo y poco explicable el ingrediente perfecto para el colapso logrado.

Pero, ¿Cómo se vincula esta crisis entre la clase política y la ciudadanía, que pretende ser representada, con el desvinculo entre los mismos representantes y el territorio?

Por primera vez desde el retorno a la Democracia, un Gobierno logra encuestas con tan bajo apoyo ciudadano, disminución que acompaña transversalmente a toda la clase política, que progresivamente se ha ido desvinculando de la ciudadanía a la que le debe sentido. Obsérvese el siguiente cuadro de la encuesta Adimark, donde por primera vez en veinte años, la identificación de los dos grandes conglomerados a la baja se intersectan con la línea ascendente de los no representados. En un actuar repetitivo, que más que haberse dedicado a la generación de leyes para la mejora social se centró en evadirlas, parlamentarios y gobernantes han venido manteniendo un statu-quo de conveniencias, acordado para con la elíte económica, adornando juntos la cobriza, reducida y estancada cúspide de la pirámide.

Siendo concientes de que la ciudad y el territorio son temáticas menos urgentes respecto a cumplir con el derecho constitucional primario que permita el acceso universal a la educación pública de calidad, los últimos acontecimientos denotan el estallido de un descontento masivo que resulta de un claro déficit democrático, donde la representación ciudadana legitimada por el voto va perdiendo efectividad y sentido en la medida que avanzan las instancias del gobierno local, regional y nacional, tanto ejecutivo como legislativo. Es esta escisión la que contiene a su vez, una problemática territorial, vinculada al excesivo centralismo ejercido, cuando sabemos que resulta que cada parlamentario surge desde una circunscripción territorial, estableciendo un primer vínculo con los respectivos votantes, y otro igualmente importante con el lugar y problemática particular.

Si consideramos el precepto básico de que la ley surge desde la ciudadanía representada, resulta que estamos o en contradicción o en aprietos. Por lo demás, no podemos olvidar -post anterior, titulado “Metropolítica…”- que los términos política y ciudad -polis- comparten la misma raíz etomológica griega, haciendo de ese vínculo la clave original de la relación entre ciudadanos y gobernantes, lazo que debe inspirar todo paso hacia la perfectibilidad del sistema. Pero es que entre las limitaciones del sistema binominal, la inscripción de candidatos “de visita” al distrito y el incómodo nombramiento escalonado de parlamentarios a dedo, este pacto es una y otra vez quebrantado.

¿Qué de los votantes que eligiendo un representante se les impone un reemplazante con el cual no coinciden en criterios, planes o valores? ¿Qué de la ciudadanía en su conjunto, que da tribuna, sueldo -sueldazo- y capacidad de legislar a un ciudadano ajeno al respaldo popular?

En definitiva, variadas razones para detectar brechas democráticas, pero tambien para buscar y proponer oportunidades de corrección, objetivo que suponemos persigue poner este tipo de temas sobre la mesa. Algunas posibilidades analizables y/o legilzlables de ellas parecen ser:

1. Para la legitima representatividad de la ciudadanía:

-1.1 Obligación de habitar (2 años) efectivamente la circunscripción electoral por la que se postula.

-1.2 Obligatoreidad de reelegir por votación popular a un parlamentario extraído hacia el ejecutivo (o fallecido) y no soluciones resueltas en instancias intermedias, como son los partidos políticos.

2. Para evitar el desvínculo entre la problemática ciudadana y representante:

-2.1 Financiamiento público de las campañas electorales, disminuyendo la vuelta de favor a posibles apoyos fácticos.

-2.2 Prohibir la reelección de parlamentarios por períodos consecutivos, considerando revisar el nivel de sueldos para vincularlos a presencia efectiva en sala y distrito, además de la generación de proyectos de ley y accountability de las promesas, fomentando el voto programático y la continuidad de políticas públicas que resulten de una planificación de mediano y largo plazo.

-2.3 Elección por voto directo de los Gobiernos Regionales, CORE e Intendencias.

3. Otras iniciativas vinculantes:

-3.1 Regular por ley sin dejar abierto a interpretaciones o conveniencias contingentes el trasvasije de cupos entre ejecutivo y legislativo o entre ejecutivo y gobiernos municipales.

-3.2 Modernización del sistema electoral binominal, que habiendo cumplido vida util para la transición, urge ser modificado.

Así, Chile ha logrado otra vez las condiciones y ritmo para su “revolución de cada cuarenta años” (1810-1851-1891-1925-1973 y ¿2011?, entre otras), esta vez con la innovadora y eficiente convocatoria a través de las redes sociales: una nueva y creciente ciudadanía empoderada que desde hoy y en adelante está dispuesta a cuestionar, reclamar y exigir sus derechos frente a la Autoridad de turno sin discriminar su color político, para el merecido retorno de esfuerzos e incremento de la calidad de vida que resultan de una representatividad verdaderamente legítima, preocupada de garantizar de manera más efectiva la cobertura de derechos básicos y alejada del clientelismo congelante, en el vínculo indisoluble que establecemos los ciudadanos representados, para la convivencia armónica del lugar que habitamos.