Fiscalía clausura pozos de agua de empresa de F.J. Errázuriz
Ministro Golborne concurrió al operativo y anunció envío de proyecto de ley que aumenta las penas y multas a este tipo de ilícitos. Empresario rechazó medida.
(El Mercurio – 23/09/11)
Por Davied Jaime
La fiscalía de Pozo Almonte dispuso la clausura de 39 pozos de extracción presuntamente ilegal de agua, de propiedad de la empresa productora de yodo Cosayach, cuyo presidente es el empresario Francisco Javier Errázuriz. La diligencia la cumplió personal de la PDI y fue presenciada por el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, quien anunció un proyecto que aumentará penas por este delito.
La orden de la fiscalía se enmarca en una investigación desarrollada desde 2010 en la que están formalizados dos ejecutivos de la minera por extracción ilegal de aguas en una zona saturada. Los pozos de extracción no cuentan con la autorización de la Dirección General de Aguas (DGA) y se ubican en las plantas Negreiros y Cala Cala, ubicadas en las comunas de Huara y Pozo Almonte, respectivamente.
Según informó el fiscal regional, Manuel Guerra, la orden de entrada, registro e incautación, fue despachada por el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, quien estimó pertinente la diligencia planificada por cuanto la minera no cuenta con el respectivo derecho de aprovechamiento de aguas. “Nos parece de gravedad que se extraiga en forma ilegal el agua en una zona saturada como es la Pampa del Tamarugal, donde es de vital importancia para preservar una forma de vida ancestral”, explicó Guerra.
Los funcionarios de la PDI desactivaron los tableros de control electrónico que controlan las bombas y se estableció una vigilancia en ambas plantas para que la empresa no obtenga el agua de forma irregular.
Golborne sostuvo que “aquí no hay persecución política con nadie. Estamos hablando de una investigación de más de dos años, que ha permitido tener las primeras diligencias y evitar que se siga extrayendo agua sin tener derechos para ello”.
El ministro precisó que en octubre enviará un proyecto de ley al Parlamento para dar a la Dirección General de Aguas atribuciones con el fin de que los procesos en contra de quienes extraigan agua irregularmente puedan resolverse en semanas. “El proyecto aumentaría las sanciones, de un máximo actual de $400 mil a un máximo de $200 millones en el caso de reincidencia y también se aumentarán las penas”.
El fiscal de Pozo Almonte Hardy Torres explicó que las especies quedarán incautadas hasta el término del juicio. “Posteriormente, si así se resuelve, deberán ser destruidas”.
En tanto, el fiscal regional Manuel Guerra explicó que “el Ministerio de Obras Públicas funcionó como auxilio de nosotros, ya que ellos cuentan con instrumentos técnicos para poder cerrar los pozos y eso se les ha solicitado”.
Respuesta de Errázuriz
Mediante una declaración pública en la cual vincula a ministros del Gobierno con la clausura de los pozos y de favorecer a Soquimich, su principal competidor, el empresario Francisco Javier Errázuriz rechazó la orden de la fiscalía de Pozo Almonte.
El presidente de la empresa de yodo sostiene que “Cosayach ha insistido en que la discusión sobre el uso de aguas debe ser resuelta por los Tribunales de Justicia, ya que cuenta con todos los permisos legales para su uso, goce y disposición, elemento sin el cual no es posible producir salitre y yodo”. Los derechos “se encuentran debidamente inscritos como tales desde hace más de 20 años en los respectivos conservadores”.
También sostiene que la clausura afecta a “1.500 trabajadores directos de Cosayach en la zona”, “comprometiendo el 95% de la fuerza laboral de Huara y el 80% de de la Pozo Almonte”.
“Aquí no hay persecución política con nadie. Estamos hablando de una investigación de más de dos años, que ha permitido tener las primeras diligencias y evitar que se siga extrayendo agua sin tener derechos para ello”.
LAURENCE GOLBORNE, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
