Tribunales ambientales: la pieza faltante de la institucionalidad ecológica
El proyecto de ley que los consagra genera discusión respecto de la conveniencia de crear estos órganos jurisdiccionales especiales, el número y ubicación de ellos, y la existencia o no de ayuda económica para solventar informes de peritos.
Alejandra Zúñiga y Josefina Hervé (El Mercurio)
En 2010 entró en vigencia la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, pero falta que entren en vigor los organismos jurisdiccionales respectivos.
El proyecto ingresado al Congreso en 2009 por la Presidenta Bachelet, y que crea esta figura, se encuentra en la última etapa, faltando su discusión en Comisión Mixta. En este recorrido, la iniciativa ha conocido de modificaciones, indicaciones presidenciales y críticas de la Corte Suprema.
Al respecto, el Máximo Tribunal ha cuestionado las características especiales de estos órganos jurisdiccionales, que a su entender no cumplen “con los estándares mínimos” para ser denominados como tales.
En este sentido, la senadora Soledad Alvear afirma que “el punto es si se comparte o no la creación de tribunales especializados. Los informes de la Corte Suprema permiten concluir que existe cierta distancia con la idea de que éstos proliferen y que eventualmente el sistema actual podría dar abasto para resolver algunas de dichas materias”. A juicio de la parlamentaria, éste “es de los pocos casos en que se justifica plenamente la creación de un tribunal especializado, así lo demuestran los países más avanzados en el tema, como Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Suecia o Nueva Zelandia”.
¿Uno o más tribunales?
Otro punto en discusión ha sido la cantidad y ubicación de los tribunales ambientales. La propuesta original postulaba uno, pero tras el debate en el Senado se concluyó que tres era lo óptimo, con ubicación en Antofagasta, Santiago y Valdivia.
Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, comenta que “durante la discusión legislativa se pudo demostrar que el número de causas que actualmente existían asociadas a medio ambiente, así como las esperadas en el futuro, no justificaban la existencia de un tribunal por región y lo que se podía hacer era tener macrozonas. El logro de las ONG fue pasar de un tribunal a tres, con un cierto compromiso de que dependiendo cómo éstos funcionen se podría ir sumando uno por región”.
Rodrigo Delaveau, de Libertad y Desarrollo, estima que contar con varios órganos jurisdiccionales para materias tan técnicas como éstas “puede ser complicado. Hay que evaluarlo desde el punto de vista de la eficiencia de las políticas públicas y de que vayamos creando precedentes en materia jurisdiccional ambiental. Porque si vamos a tener criterios contradictorios respecto de los tres tribunales, entonces la pregunta es por qué no pensamos en uno solo”.
Para el abogado Fernando Dougnac, “lo complicado es que sólo se establecieron tres tribunales ubicados en lugares que, mirándolos desde el mapa, parecieran ser equidistantes de los sitios donde se necesita justicia, pero la realidad es muy distinta, porque por ejemplo, Antofagasta, desde Chiuchíu o cualquier punto en el altiplano e incluso de Arica o Iquique, está bastante lejos, por lo que establecer sólo esta cantidad significa negación de justicia para la gente que está alejada de esos puntos”.
Costo de informes periciales
También se ha discutido acerca de los informes de peritos, donde el proyecto establece que los gastos derivados de éstos sean de cargo de quien los presente. Sin embargo, algunos sostienen que esto podría originar desigualdades. Para evitarlo, se ha propuesto la creación de un mecanismo, aún en discusión, que asegure asesoría profesional a quienes no puedan contratar expertos por falta de recursos.
Alvear afirma que es “una materia particularmente sensible e importante para mí. Creo honestamente que, si no se aprueba, se ataca el corazón del proyecto, por cuanto rompe con uno de los principios que más me interesa preservar: el equilibrio procesal entre las partes”.
Sin embargo, Delaveau sostiene que no se deben crear asimetrías o privilegios respecto de ciertas situaciones procesales: “Hay gente que carece de capacidad económica para demandar, eso ha ocurrido siempre, da lo mismo si el juicio es de arrendamiento, daño ambiental o trabajo”.
“LA PROPUESTA ORIGINAL POSTULABA UNO, PERO TRAS EL DEBATE EN EL SENADO SE CONCLUYÓ QUE TRES, UBICADOS EN ANTOFAGASTA, SANTIAGO Y VALDIVIA, ERA LO ÓPTIMO”.
