Ministro Ribera califica como “despropósito” costo de cárcel de Antofagasta
Proyecto implicará US$ 130 millones:
Pese a que las obras comenzaron en 2002, el penal recién estaría terminado y comenzaría a funcionar el próximo año.
Mario Alejandro Rojas (El Mercurio)
Más de cuatro mil observaciones hizo el Ministerio de Obras Públicas a la nueva cárcel concesionada de Antofagasta, que la empresa de capitales españoles Dragados construye a 15 kilómetros de esa ciudad.
La lista incluye problemas de pintura y de terminaciones de módulos, peligro de desprendimiento de terreno, obstrucción de cañerías por presencia de concreto y falta de pendiente en ductos que evacuan aguas servidas, detectada por robots sonda en la red de alcantarillado.
El proyecto data de 2002, con una inversión que por entonces superaba los $19 mil millones. Casi una década después, el costo se ha elevado a $66.700 millones. Su fecha de entrega e inicio de funciones se ha pospuesto dos veces: desde 2005 al primer semestre de 2012 y desde ese período a la segunda mitad del mismo año.
Entre abril de 2004 y marzo de 2009 las obras fueron suspendidas por diferencias económicas entre el consorcio BAS II, entonces a cargo de la construcción, y Justicia.
La demora ha generado la molestia entre los antofagastinos, a la que ayer se sumó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, de visita en la zona. “Este proyecto va a costar más de US$ 130 millones, lo que es un despropósito (…) escapa a toda la regla. Si sacáramos los cálculos, (ahora) probablemente no se haría por ese valor”, comentó.
El penal reemplazará a la actual unidad penitenciaria ubicada en el centro de la ciudad, diseñada para 600 reos pero que hoy alberga a 1.200. Pese al traslado, en el nuevo recinto también habrá hacinamiento porque su diseño es para 1.161 reos, pero recibirá a 1.392.
“Esperamos que esté listo en 2012”, enfatizó Ribera.
En este contexto, el secretario de Estado anunció que a los actuales 14.700 funcionarios de Gendarmería del país se sumarán mil durante este mes y al menos otros cinco mil en los próximos cuatro años.
Añadió que, por recomendación de la Unicef, se dividirá al Sename entre infantes y jóvenes infractores de ley, y que el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica reemplazará a la Corporación de Asistencia Judicial.
