Acerca del fallo judicial por terrenos del ex aeródromo Los Cerrillos

Confusas noticias se han publicado en los últimos días, en torno a lo que está ocurriendo judicialmente con los terrenos en los que se ubicaba el aeródromo de Cerrillos. Parte de los cuales hoy albergan al nuevo Parque Bicentenario.

El 1ero de diciembre el 8vo juzgado civil de Santiago decretó una medida precautoria que prohíbe “celebrar actos y contratos” en el lugar, lo que se suponía ponía en riesgo el desarrollo del proyecto habitacional Ciudad Bicentenario. Sin embargo, el Minvu negó que esto fuera así, diciendo que esta medida judicial no afecta proyectos ya aprobados.

Ayer miércoles, abogados de la Federación Aérea de Chile, acompañados por el Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, hicieron una conferencia de prensa para hablar de los alcances del fallo judicial.

A continuación el comunicado de prensa enviado por la Fundación Defendamos la ciudad:

“En conferencia de prensa los abogados de la Federación Aérea de Chile, acompañados por el Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, dieron a conocer a los periodistas asistentes, el fallo judicial del 8º Juzgado Civil de Santiago, que decretó la prohibición de celebrar actos y contratos en relación con el terreno del aeropuerto Los Cerrillos, tipificado como infraestructura aeroportuaria en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) vigente.

Los anteriores expresaron, con documentos a la vista, que el uso de suelo de esta infraestructura aeroportuaria a la fecha no ha sido modificado por no contar con la respectiva calificación ambiental. Esta situación, es particularmente grave en cuanto el Gobierno no ha respetado los fallos judiciales anteriores, que hicieron necesaria la dictación de una medida directa que prohíbe la enajenación de todo o parte de dichos terrenos.

El abogado Fernando Lohse dijo: “el Ministerio de la Vivienda ha intentado licitar y enajenar paños de terrenos a inmobiliarias, sin que previamente se garantice a la población que ahí se radicaría, el saneamiento y la eliminación de todo riesgo de contaminación por metales pesados y derivados del petróleo”.

Por su parte, el abogado Miguel Depolo señaló: “debemos tener en cuenta que el Ministerio de Vivienda de la anterior administración, no realizó el Estudio de Impacto Ambiental que la ley ordena. Esta grave omisión fue ratificada por sentencias de primera y segunda instancia. En consecuencia, el Ministerio de la Vivienda deberá forzosamente someter el proyecto a una evaluación ambiental válida y someterse escrupulosamente a ella.

La importancia de la evaluación exigida, radica en los efectos negativos en la salud de la población que ocasionará el denominado proyecto Portal Bicentenario debido, entre otras razones, al poblamiento intensivo de aproximadamente 2.500 hectáreas localizadas al Sur Poniente del Aeropuerto Los Cerrillos. Se estima una radicación de 1,5 millones de habitantes, con los consecuentes efectos en el equilibrio ambiental de la cuenca de Santiago. Reitero que hasta el momento no hay ningún estudio que considere viable desde el punto de vista ambiental dicho cambio urbanístico en Santiago”.

Patricio Herman señaló: “no podemos perder de vista que la clausura de este aeropuerto tenía como objeto principal liberar el cono de protección de 2.500 hectáreas ubicadas inmediatamente al sur del mismo, las que estaban con normas de edificación severamente limitadas. Ahora se levanta la restricción sin que este cambio se haya sometido a la necesaria evaluación ambiental y se empiezan a otorgar permisos para edificios en altura, tal como lo consignó el diario La Tercera de ayer martes. Los diputados tienen un rol fiscalizador, pero ante estas violaciones al Estado de Derecho, han optado por quedarse en absoluto silencio”.

Los tres convocantes, manifestaron: “es sorprendente que el Director del Serviu diga ahora que hay un presunto Estudio elaborado por la Universidad Católica de Valparaíso, el cual habría determinado que el terreno del Aeropuerto estaría limpio. Dicho estudio, en caso de existir, no ha sido aprobado legalmente y la opinión pública no lo conoce. Además, necesariamente debiera decir que existe riesgo de contaminación a la población y las medidas de mitigación a aplicar.

Por otro lado, el ex intendente de Santiago, Sergio Galilea, ha reconocido públicamente que falta realizar el Estudio de Impacto Ambiental a que hemos aludido y que él señaló a las autoridades de la época que debía realizarse, lo que nunca se hizo.

Por lo tanto instamos al Presidente Piñera en orden a que instruya a sus subordinamos a que se sometan al marco jurídico vigente.”