Iniciativa, Institucionalidad y Legitimidad ¿Quedan oportunidades para la mejor ciudad?

Recolectando información sobre las, hasta hace unos días, dispersas iniciativas presidenciales que pretenden el inicio de nuevas obras públicas, se conoce el reciente anuncio de proyectos para Santiago y regiones, emanado desde el mismísimo Palacio de Gobierno, propuestas inspiradas en elevar el estándar urbano y crear espacios que alberguen las actividades que van exigiendo los requerimientos ciudadanos, propios del desarrollo social y el aun imbatible crecimiento económico del país.

Dentro del listado, destaca el interés de la autoridad por completar la caja del Barrio Cívico de Santiago, muestra del probablemente más grande de los proyectos de ciudad (que no haya implicado una obra vial) logrado en nuestra historia urbana y que aun se mantiene inconcluso. No sorprende además recordar que su inicio y concreción se hayan logrado bajo una crisis económica mundial y una dictadura militar, cuya ejecución coincidía con los primeros cuestionamientos urbanísticos de Karl Brunner que, entre otras recomendaciones, dio fachada sur al Palacio de La Moneda, “diseñada” -¿continuada?- por Smith Miller y Smith Soler, como resultado de uno de los primeros concursos públicos de Arquitectura que se llevaron a cabo por los, en ese entonces, novedosos cuerpos técnicos que se iban instalando en las diversas reparticiones del Estado preocupadas de la modernización urbana.

Considerando este emblemático caso y su contexto histórico: ¿Qué es lo que puede interesarnos y a la vez preocuparnos respecto de los nuevos anuncios?

1. Lo interesante:

Sin duda destaca observar como el Ejecutivo despliega su capacidad de superposición más allá de la estructura compleja que digestionan habitualmente ministerios y reparticiones, para levantar con eficiencia un conjunto de buenas iniciativas. Intentando superar en parte el complejo proceso de Reconstrucción, continúa el afán por establecer el sello que los Presidentes de Chile dan a sus períodos con obras de alto impacto ciudadano y que quedan materializadas más allá de los breves tiempos de Gobierno efectivo.

Explorando los procedimientos que han permitido levantar las grandes obras de los últimos años, podemos ver casos más exitosos que otros, vinculados preferentemente a Concursos Públicos de Arquitectura liderados por el MOP, como son los casos del Parque de la Ciudadanía del Estadio Nacional, el Museo de la Memoria y DDHH, el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, y el Parque Cultural ex-Cárcel de Valparaíso. Es por tanto esperable que este listado se abra a la opción de considerar el debate y enriquecimiento que genera este tipo de convocatorias, de por si legitimante,  y desde el cual un segmento especializado de la ciudadanía puede recoger posiciones, reconocer contextos socioculturales y ser evaluado abiertamente por los mejores de sus pares.

2. Lo preocupante:

Pero sobre lo mismo, otras dos cuestiones merecen atención: primero, que algunos de los anuncios han utilizado métodos algo diferentes al momento de ser elevados informalmente a la categoría de interés público. Sin seguir el paso habitual validado por el a veces evasivo “RS” de Mideplan o el respaldo de la Coordinadora General de Concesiones MOP, aparecen iniciativas como el Mapocho navegable en Vitacura o la polémica caja cívica completada con altos puentes sobre la Alameda. Sin embargo estos dos ejemplos entraron en un debate -menos conocido- que igualmente logró reformularlos, de tal modo que hoy el Parque Fluvial Renato Poblete se acercó a sectores altamente deficitarios de áreas verdes (Quinta Normal y Renca) y el proyecto del Arquitecto Gonzalo Mardones ha sido reemplazado por una nueva propuesta en desarrollo, vinculada al anuncio que inspira esta columna.

En segundo lugar, queda de manifiesto el rol suprasistémico del Presidente al momento de decidir llevar a cabo alguna iniciativa de gran escala, lo cual rectifica no sólo nuestro centralismo sino la concentración de atribuciones que por leyes existentes o ausentes, permiten que surjan proyectos y financiamientos sin considerar a los -subalternos- encargados de cada cartera político-técnica.

Y es por ello que se observa que si el Ejecutivo bien inspirado es capaz de decidir con más velocidad que una licitación un proyecto y sus autores, se nos aparecen problemáticas urbanas de larga data que podrían entrar en esa categoría, para dotar al Presidente junto a los otros poderes con que dispone, de ser quien defienda los intereses de una mejor ciudad y por tanto, el necesario vigilante de la calidad de vida urbana.

Para terminar y como sugerencia de donde aun podemos volver a poner atención, citaremos un par de casos que merecen -o merecieron- intervención: el casino de San Antonio y el Mall Puerto Barón, ambos sobre terrenos de una Empresa Portuaria Estatal, o los proyectos inmobiliarios que se pretenden emplazar sobre las dunas de Concón-Reñaca.

¿Habría el Concurso Público legitimado este tipo de intervenciones?, ¿Y las que el Presidente pretende iniciar en la segunda mitad de su período?