En España, ciudadano fue a la cárcel por quemar sólo 70 metros
En Chile, el turista checo que provocó el siniestro en 2005 pagó apenas $120 mil.
por Pable Oregón El mercurio
En febrero de 2005, el ciudadano checo Jiri Smitak provocó un incendio que devastó 15 mil hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine. El siniestro se desató por el volcamiento de una cocinilla y el impacto en la sociedad chilena fue similar al que se vive hoy, cuando ya van 12.795 hectáreas consumidas a causa de un nuevo siniestro, que habría sido provocado por el turista israelí Roter Singer.
Luego del desastre de hace seis años, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de las querellas y las sanciones totales ascendieron a una multa de apenas $120 mil, basadas en una legislación que data de 1931.
Con el tema nuevamente en la palestra, algunos sectores han propuesto endurecer los castigos para quienes provoquen graves daños al ecosistema y, de ese modo, ponerse a tono con las legislaciones que imperan en algunos países como España, Brasil, Venezuela, Perú y Colombia, donde estos delitos son sancionados con penas de cárcel.
Presidio y multa
Hace unas semanas, de hecho, en la provincia española de Jaén, la justicia condenó a dos años de cárcel a un hombre de 34 años de edad por provocar un incendio que afectó a 70 metros cuadrados del parque natural de Cazorla. También se acordó que el autor confeso del incendio pagara una multa de 2.160 euros.
Para algunos, puede resultar un castigo importante. Sin embargo, no es el máximo que contempla la legislación española. El año pasado, un guardia de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares fue procesado por un incendio en esa zona de conservación y arriesga penas que llegan hasta los cinco años de presidio, más multas por un máximo de un millón de euros.
En este caso, el imputado es acusado de provocar un incendio que afectó 300 hectáreas.
Dureza amazónica
A nivel regional, los países con calidad amazónica son los que contemplan las sanciones más estrictas para este tipo de delitos. Brasil, Perú, Colombia y Venezuela contemplan penas de hasta diez años de presidio por atentados graves contra los recursos naturales.
Colombia, por ejemplo, modificó en junio de 2011 el Código Penal para introducir figuras relativas a delitos medioambientales, mientras que Venezuela hizo lo propio y en diciembre del año pasado aprobó la Ley Penal del Ambiente, que sanciona no sólo los delitos tradicionales, como quema o tala ilegal de bosques, sino también el vertido de hidrocarburos y emisión de gases capaces de deteriorar la atmósfera.
El texto establece sanciones que llegan a los diez años de prisión para las personas naturales y de disolución de la persona jurídica en el caso de las empresas.
PENAS
Colombia modificó en junio de 2011 el Código Penal para introducir figuras relativas a delitos medioambientales, mientras que Venezuela aprobó el año pasado la Ley Penal del Ambiente.
