Interior prepara normativa para exigir medidas antidelitos en nuevos proyectos inmobiliarios
Programa, impulsado por Subsecretaría de Prevención, contempla diseño de entornos e infraestructura.
por Rodrigo Vergara El Mercurio
Puertas, chapas y ventanas con altos estándares de seguridad antidelitos. Esto es lo que espera lograr, entre otras cosas, la Subsecretaría de Prevención del Ministerio del Interior, con el proyecto que prepara y que apunta a establecer una normativa específica que obligue a las constructoras e inmobiliarias a incluir elementos que dificulten la acción de ladrones y asaltantes.
La idea, que se aplica en algunas ciudades canadienses y está siendo trabajada por expertos en prevención situacional de la subsecretaría, está redactada en una minuta informativa que se maneja al interior de la repartición. En ella se explica el objetivo general del programa: “Reducir la oportunidad de robos a la vivienda, mediante la incorporación y certificación de estándares mínimos de seguridad, en proyectos de viviendas nuevas y existentes, de desarrollo público y privado, como también en sus entornos residenciales”.
De acuerdo con lo que explica el titular de la subsecretaría, Cristóbal Lira, en una primera etapa la adhesión al programa sería voluntario. Especialmente para quienes deseen certificar sus propiedades usadas y acrecentar así su plusvalía. En los proyectos inmobiliarios nuevos, eso sí, la aplicación sería obligatoria y se concentraría su fiscalización en el ámbito municipal.
En los programas de casas sociales patrocinadas por el Estado, se señala que la inclusión de la normativa sería a través de las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la incorporación de los elementos de seguridad podría ser, incluso, a través de una ley.
Especificaciones
Por ahora el programa contempla un conjunto de siete normas. Dos de ellas enfocadas en proyectos inmobiliarios en su conjunto. O sea, condominios, poblaciones, complejos de edificios, etc. Estas tienen relación con accesos, áreas verdes, entorno, accesibilidad e iluminación, entre otras cosas. Las otras cinco consideran aspectos de infraestructura: puertas, ventanas, chapas, etc. (ver nota relacionada).
“En el fondo, queremos que en todo lo que sea construcción y diseño de viviendas se incorpore el criterio de seguridad. Hay criterios estéticos, criterios de ahorro de energía, montones de criterios, pero hay que incorporar este criterio: una óptica desde el punto de vista de la seguridad”, dice el subsecretario Lira.
El personero agrega que se está conciente de que el tema elevará el costo de las casas por lo que, al menos, en las viviendas sociales se analiza la posibilidad de un subsidio.
El programa debería estar implementado el 2014. Y de acuerdo con este cronograma, este año se deberían definir las normas, el próximo (2013) partiría su implementación con un piloto y el siguiente debería estar en todo Chile. Se trabajará en convenio con el Instituto Nacional de Normalización (INN) para acreditar a entidades que certifiquen la aplicación de las normas.
Candados, bisagras y cerraduras súper seguras
Hasta el momento hay una serie de ideas que se incluyen en las normas establecidas hasta ahora en el proyecto de seguridad residencial. Entre ellas se cuentan cinco ya establecidas: resistencia al ataque manual en puertas y ventanas; cerraduras en cerrojos de puertas y ventanas; bisagras, además de candados y sus accesorios.
También se trabaja en otras dos normas técnicas que apuntan a establecer terminologías y requisitos para proyectos habitacionales “principalmente en aspectos de entorno residencial, accesibilidad y vías de tránsito, edificios y espacios públicos comunes, y barrios residenciales”, según se lee en la minuta informativa que maneja la subsecretaría.
Se manejan, también, varios elementos que se aplican a edificios de departamentos. Entre ellos, el control de acceso, diseños estándares que marquen -por ejemplo- la altura mínima desde el suelo al primer balcón (esto busca evitar el escalamiento) y la iluminación de estacionamientos subterráneos.
De acuerdo a quienes desarrollan la idea, uno de los objetivos es que a través de la certificación se genere una plusvalía en los proyectos. Por lo mismo, se espera que las propias empresas inmobiliarias certifiquen sus obras, incluso antes de que se llegue a la obligatoriedad. Aunque aún no se llega a la convicción de la aplicación de multas en dinero, es muy probable que se contemplen en caso de certificaciones mal hechas.
