La descentralización prometida: Consideraciones sobre el proyecto que modifica la Ley de Gobiernos Regionales

A través de estas palabras, quiero ofrecer algunos elementos a considerar frente a la nueva propuesta de modificación de la Ley de Gobiernos Regionales (19.175), que surgen de diferentes diálogos sostenidos desde 2006, año en que se creó la División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLADE) del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.El proyecto de ley Nº 115-359 del 12 de septiembre de 2011, establece modificaciones relativas a planificación estratégica y territorial, a la transferencia de nuevas competencias, a la incorporación del concepto de flexibilidad de la estructura orgánica, a potenciar la coordinación intersectorial y a formalizar los compromisos de inversión, entre otros aspectos.

Desde la perspectiva de los profesionales ligados a la planificación regional, quiero transmitir cuatro objetivos estratégicos que se desprenden de la modificación legal, pero que requieren para su materialización del compromiso y la voluntad de todos quienes formamos parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Estos objetivos son los siguientes:

1. FORTALECER LA PLANIFICACIÓN

Si bien, reconocemos la importancia de la inversión regional en el territorio, es necesario trabajar también en aquellos aspectos de orden estratégico que permiten efectivamente avanzar en el desarrollo de la región. Desde este prisma, los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) no pueden ser vistos sólo como una iniciativa en sí misma, que se agota una vez terminada la inversión, sino más bien como una acción que responde a un propósito o desafío mayor como es mejorar la equidad territorial o aumentar la calidad de vida de los habitantes de esta región.

LO ANTERIOR SIGNIFICA EQUILIBRAR LO ESTRATÉGICO Y LO CONTINGENTE

En el proyecto de ley se menciona que todo el país cuenta con Planes Integrales de Desarrollo Regional. Si bien es rescatable la intención de proyectar la acción pública del nivel central en el tiempo, no es necesario crear nuevos instrumentos para hacerlo. Para este fin, la ley vigente cuenta con la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR), que en Santiago caducó en 2010 y que se está trabajando en su actualización. Una vez terminada la Estrategia, debemos formular un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) que territorialice las definiciones de la EDR y que sirva de marco de acción de los planes y programas sectoriales. Este PROT se encuentra por fin reconocido en la nueva modificación legal y dará continuidad al trabajo iniciado hace más de una década por el reconocido proyecto OTAS .

Una manera de avanzar en ello, es actualizar el trabajo realizado en esta región por el proyecto OTAS, iniciativa que durante casi 10 años construyó las bases para el Ordenamiento Territorial en la región y el país. Basta con armar equipos y adquirir información actualizada para posicionar al Gobierno Regional como líder en materias de información y planificación territorial con un OTAS 2.0. La SEREMI de Vivienda y Urbanismo acaba de reiniciar la formulación de su Plan Regional de Desarrollo Urbano, siendo que está ad portas de ser eliminado de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Hoy está la oportunidad de realizar conjuntamente –intersectorialmente- la planificación de la región.

En la Región Metropolitana contamos también con tres propuestas de políticas públicas regionales: Áreas Verdes, Energías Limpias y Zonas Aisladas. Estas políticas deben ser analizadas, discutidas y validadas por las autoridades regionales, para que sean adoptadas como referencia para el accionar de los servicios públicos en la región.

El año 2007 se transfirieron las competencias de Planificación Regional desde el ex MIDEPLAN y en 2008 las de Ordenamiento Territorial. Hoy es el momento de ejercerlas con autonomía y en plenitud.

2. PROMOVER LA RENDICIÓN DE CUENTAS

La nueva generación de convenios de programación que permiten concertar recursos ahora con municipios, servicios públicos e incluso con otros gobiernos regionales, significa una gran oportunidad para acordar “con la ciudadanía de testigo” inversiones plurianuales que apuntan a resolver problemas estructurales. Una alternativa es entender los convenios de programación como verdaderos “CONTRATOS TERRITORIALES”, a través de los cuales la ciudadanía organizada pueda hacer seguimiento de los compromisos asumidos por sus autoridades.

3. EJERCER EL LIDERAZGO REGIONAL

El proyecto de ley indica responsabilidades del Gobierno Regional en la coordinación de los servicios públicos regionales. Este liderazgo debe ser asumido con energía y visión estratégica. Se requiere promover y liderar el desarrollo de instrumentos de planificación que enmarquen la acción de las secretarías ministeriales. Y en caso de que existan competencias de carácter regional que estén en manos del nivel central, ser ambiciosos en la solicitud de dichas competencias, las que serán pedidas de acuerdo a las definiciones estratégicas regionales acordadas.

4. GENERAR E INSTALAR CAPACIDADES EN LOS EQUIPOS REGIONALES

Las nuevas competencias, significarán mayores responsabilidades y un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios, quienes deberán estar a la altura de los nuevos desafíos. Más capacitación y contratación de profesionales con experiencia y de calidad en los puestos clave se requieren para este fin.

Después de tantos años esperando, surge por fin una gran oportunidad de mirar hacia el futuro en la planificación de la región desde la propia región. Una oportunidad de coordinar la acción del Estado y a la vez, orientar las decisiones del inversionista privado. Una chance de participar en la construcción del “modelo de ciudad que queremos”, frase que ha estado presente en cada una de las discusiones relacionadas al desarrollo urbano de la ciudad más grande de Chile, pero que nos hemos empeñado sostenidamente en refutar.