Barrios semicerrados: ciudad devenida en country

Escrito por Guillermo Tella, Arquitecto, de la Universidad de Buenos Aires y PhD en Urban Planning  y Laila Robledo, Tesista de la Lic. en Urbanismo, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Un nuevo fenómeno de ocupación del territorio se observa en las periferias de Buenos Aires. Se trata de los denominados “barrios semicerrados”. Son áreas tradicionalmente residenciales de la ciudad, con características abiertas, que comenzaron a ser cercadas de hecho por iniciativa de los propios vecinos, mediante la instalación de barreras físicas y simbólicas en busca de una mayor seguridad. Dado que esta forma de apropiación del territorio se contrapone con los mecanismos de generación de la ciudad, nos preguntamos: cuál es el sustento jurídico y cuáles las motivaciones sociales que impulsan a esta irregular apropiación de la ciudad.

Muchos de los originales barrios suburbanos de Buenos Aires, conformados en los años cincuenta por casas de “fin de semana”, fueron cambiando su fisonomía en los noventa, momento en que gran parte de sus residentes vendían las propiedades para migrar hacia los countries de la extrema periferia, en busca de una mayor seguridad que -a su criterio- la ciudad había perdido.

Luego de dos décadas de letargo, hoy aquellos barrios, con nuevos vecinos habitándolos, han comenzado a transformarse y revalorizarse mediante una seudo-privatización del espacio público. El formato adquirido no es abierto ni cerrado, ni público ni privado. Está al alcance del bolsillo de los sectores medios y ofrecen seguridad y un buen entorno paisajístico.

Esta forma de apropiación del territorio se contrapone con los mecanismos de generación de espacios abiertos tradicionalmente reconocidos por los ciudadanos. En general, los Barrios Semicerrados no poseen una puerta de entrada pero sí introducen elementos físicos que limitan el acceso, tal como: barreras vehiculares, garitas de seguridad, personal apostado y cámaras de vigilancia.

Estos elementos evidencian la tajante separación pretendida de un “adentro” sereno, apacible y relajado, respecto de un “afuera” devenido en violento, marginal y descuidado. Con lo cual, los vecinos propietarios de estos recintos asumen por sí atribuciones de control y de gestión sobre el acceso a un barrio de la ciudad, por cuyas calles antes se solía abiertamente transitar.

En la región metropolitana de Buenos Aires existen más de 60 barrios semicerrados, de los cuales 27 se ubican en el corredor norte, 22 en el noroeste, 4 en el oeste y 7 en el sur. Insumen una superficie próxima a los 100 kilómetros cuadrados (superficie equivalente a la mitad de la Ciudad de Buenos Aires) y en conjunto albergan a una población cercana a las 50 mil personas. Si bien el fenómeno comenzó a instalarse a mediados de los años 90, se profundizó en los últimos 5 años, a un ritmo de 100 calles por año. En términos generales, casi 1200 calles son las que se encuentran cercadas por los vecinos.

Para el arquitecto Norberto Iglesias, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, se trata una tendencia creciente a través del tiempo. Señala que la apropiación privada de un espacio público ya constituido se comenzó a gestar de manera simultánea al proceso de desarrollo de las urbanizaciones cerradas de la periferia metropolitana.

Desnaturalizando el espacio público

Este proceso contribuye a desnaturalizar el carácter público del espacio urbano. Si bien se trata de un fenómeno híbrido, sujeto a cumplir los mismos parámetros constitutivos de la ciudad abierta, instala incisivamente ciertas prácticas irregulares de apropiación de la ciudad que pone en cuestión qué es lo público y qué lo privado.

Sucede que todo aquello que pertenece al dominio público está afectado al uso común y la única manera que pueda pasar al dominio privado es mediante una norma que lo desafecte. Esto aporta el abogado Daniel Cassano, especialista en Derecho Urbanístico. Asimismo, aclara que distinto es el caso de los Barrios Cerrados, que nacieron con esa esencia y cuyas calles internas nunca ingresaron al dominio público. Su sustento jurídico tiene una similaridad con el régimen de propiedad horizontal, donde las calles internas se asemejan a los espacios comunes de un edificio, siendo privativos del conjunto de co-propietarios.

En cambio, los barrios que nacieron públicos y abiertos, y que luego fueron cerrados por vecinos, están generando una afectación directa a la libre circulación de las personas, circunstancia que atentan con derechos y garantías del más alto orden cívico e institucional. Si bien se comportan como Barrios Cerrados, no poseen personería jurídica que los legitime como tales.

En el municipio de José C Paz, por ejemplo, tras varias reuniones deliberativas para mejorar la seguridad, los vecinos decidieron cercar el frondoso y tradicional barrio Yei Porá, que desde mayo pasado comenzó a funcionar tal cual “barrio cerrado”. Ellos mismos compraron e instalaron tres barreras en sitios clave que, junto a las garitas de vigilancia, restringen el acceso “a toda persona ajena”.

El caso del barrio CUBA, en Malvinas Argentinas, que pasó de abierto a cerrado y de cerrado a abierto, fue paradigmático. Fue concebido como barrio abierto, aledaño a las actividades sociales y deportivas del club. En los noventa, el barrio intentó cerrarse pero, como sostiene Norberto Iglesias, la existencia del poder de ciertos sectores no pudo efectivizarse. Al tratarse de un paseo público, el único parque de la zona, y ver impedido su acceso, los vecinos del “afuera” reaccionaron contra su cercamiento y lograron desactivar la iniciativa.

Aunque en rigor no lo sean y aunque no cuenten con infraestructura básica ni equipamiento social y deportivo, en el mercado inmobiliario se publicitan como Barrios Cerrados. El hecho de cerrarse, de autosegregarse, aspira a cierto tipo de diferenciación del resto de la ciudad. Y, con la fantasía de adquirir cierto estatus social, apela a limitar la “amenaza” exterior para que sus habitantes puedan sentirse más seguros.

Se reproducen por imitación

Para Raúl Fernández Wagner, miembro del grupo impulsor del Movimiento por la Reforma Urbana en Argentina, el poder simbólico de este nuevo estilo de las elites ejerce un “efecto arrastre” en muchos barrios de clase media de Buenos Aires, que comienzan a gestionar autorizaciones para “cerrarse”. Si bien varios quedaron en el intento, otros tantos sí lo lograron y contribuyeron a acentuar la fragmentación de la periferia.

El Cortijo, en Malvinas Argentinas; Parque Peró, en José C. Paz; Los Altos del Barranco, Augusta, El Mirasol, El Castro, El Portillo, La Campiña, La Carmela, La Ribera, Robles del Monarca, Parque Irizar y El Remanso, en Pilar; son algunos de los casos detectados de barrios concebidos como abiertos de casas quintas, que actualmente se encuentran vallados con alambrados, muros de ladrillos y garitas de seguridad en sus accesos, para delimitar y diferenciarse de su entorno inmediato.

Hace un par de años, en el barrio De Vicenzo Chico, en la localidad de Del Viso, se cercaron tres calles con alambres de púa y barriles de cemento, para obstaculizarle la salida hacia la autopista a un área popular lindera. Y, casi simultáneamente, vecinos de un lado construyeron y del otro derribaron el conocido como “Muro de Posse”, en el límite de los municipios de San Isidro y San Fernando. Con lo cual, el uso de barreras disuasorias ha tomado múltiples matices en su avance sobre el espacio público.

En ese sentido, Marcelo Corti, especialista en temas urbanos, destaca la tendencia al encierro que se produce también en ciertas zonas consolidadas, como Martínez, donde muchos barrios fueron cercados aprovechando límites físicos preexistentes como autopistas, arroyos y vías ferroviarias. Y aunado a estos límites duros, aparecen otros más sutiles que logran delimitarlos. La construcción de grandes canteros en algunas veredas y calles da cuenta de ello.

Los Barrios Semicerrados se han comenzado a instalar como nuevo producto inmobiliario, y responden a una demanda de ciertos sectores medios que buscan reproducir las formas de sociabilidad propias de las urbanizaciones privadas.

Cuando se cierra un espacio público se está afectando el derecho de todos. De modo virtual o explícito, se avanza sobre vacíos legales para la apropiación de ciudad existente. Y, en ese sentido, es el propio Estado quien debe recuperar protagonismo, resolviendo cuestiones de irregularidad dominial del suelo y atendiendo los agudos efectos que expresan desigualdades sociales. Sostener tal estructura de complicidades solo conduce a consagrar y legitimar modelos de inequidad.