Fallo contra Castilla pone en jaque proyecto eléctrico clave para la industria minera

Expertos y el gobierno coinciden en que si no avanza el proyecto, habrá un mayor déficit de energía.

por La Tercera

El revés judicial que sufrió el proyecto termoeléctrico Castilla -propiedad de MPX, ligada al empresario brasileño Eike Batista y la alemana E.On- puede afectar el desarrollo de cuatro grandes yacimientos minero de la Región de Atacama. Esta es una conclusión a la que llegan expertos y el gobierno, tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El tribunal acogió un recurso de protección presentado por ambientalistas y representantes de la comunidad de Totoral, para invalidar la resolución del ex seremi de Salud de la región, que cambió de “contaminante” a “molesto” la calificación del proyecto. El fallo dice que esa resolución “no podrá ser tomada en consideración para los efectos de calificar ambientalmente el Proyecto Central Termoeléctrica Castilla”. Por eso, quedaría sin efecto el permiso ambiental que Castilla obtuvo hace un año para construir el segundo mayor proyecto eléctrico del país. Este tendrá una capacidad de 2.100 Mw.

Para revertir el fallo, Castilla, que se vio sorprendida por la resolución, apelará a la Corte Suprema. El subsecretario de Energía, Sergio del Campo, explicó que si la Corte lo ratifica, el proyecto sería prácticamente inviable (ver entrevista).

La consultora eléctrica María Isabel González agrega que Castilla es muy necesaria para la zona norte. “De que se haga esa iniciativa depende la viabilidad de varios proyectos mineros, que son más marginales en producción, y no tienen un espacio más grande para pagar muy caro por la energía. Si no se hace, esos proyectos mineros se ven comprometidos”, dice.

Según estimaciones del sector minero, las inversiones en la Región de Atacama totalizan unos US$ 25.300 millones. Los proyectos en estudio de factibilidad o en proceso de inversiones en la zona son El Morro, de GoldCorp (US$ 3.900 millones); Cerro Casale (US$ 5.250 millones), de Barrick, y Relincho (US$ 4.000), de Teck, y Caserones (US$ 3.000 millones). Con estas empresas Castilla debería negociar la venta de energía. Los proyectos en la zona norte demandarían unos 1.100 Mw de suministro eléctrico a partir de 2015.

Actualmente, la zona norte del SIC presenta un ajustado escenario de abastecimiento, por las restricciones de transmisión desde el sur. La energía enviada a la zona es de 730 Mw, mientras que la demanda alcanza a 720 Mw. Recién en 2018, con la entrada de una nueva línea de transmisión, habría más holgura. Asimismo, Suez y Gener impulsan un proyecto de interconexión Sing-SIC para captar parte de esa demanda. Hugh Rudnick, consultor de Systep, señala que judicialización complica la realización de nuevas inversiones. “Castilla se estaba viendo como la opción de resolver los problemas de crecimiento en la demanda eléctrica. Además, la seguridad y la certeza jurídica de las aprobaciones ambientales queda en entredicho. ¿Cuándo vamos a estar seguros de que todo está aprobado?”, dice.

María Isabel González ratifica que el fallo “es una mala señal” para los inversionistas, porque pone en entredicho la seguridad jurídica, la validez de los procesos de calificación ambiental y el modelo de atracción de inversiones de las últimas dos décadas.

Lucio Cuenca, director de Olca y representante de las comunidades opositoras al proyecto, señala que las comunidades no negociarán con los dueños del proyecto Castilla y que pedirán a la autoridad ambiental anular el permiso que concedió.

En un hecho relevante

enviado a l Bovespa de Brasil informó que apelará la resolución del tribunal a la Corte Suprema y que el proyecto cumple con las exigencias ambientales. Asimismo, indicó que la inversión de control ambiental sobrepasará los US$ 1.000 millones.