OCDE apoya al Gobierno en aplicar impuestos a emisiones contaminantes
La organización plantea que la dependencia de fuentes fósiles a 2050 se mantendría en niveles de 85%, similares a los actuales.
por El Mercurio
Una de las propuestas del Gobierno que mayor controversia causó entre los operadores del sector eléctrico fue la posible introducción de un impuesto a las emisiones de CO {-2} para desincentivar la generación termoeléctrica.
Iniciativas como ésta, que el ejecutivo analiza, coinciden plenamente con la postura expresada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su última publicación dedicada al medio ambiente.
Según la entidad internacional, en las próximas cuatro décadas las emisiones globales de gases de efecto invernadero se elevarán en un 50%, debido, principalmente, al incremento de 70% de la generación de CO {-2} proveniente de la producción de energía, es decir, centrales a base de carbón, gas y diésel.
La OCDE plantea que la economía mundial en 2050 será cuatro veces mayor que la actual y empleará un 80% más de energía. Agrega que, por falta de políticas más efectivas para disminuir las emisiones, los combustibles fósiles terminarán representando para esa fecha el 85% de la demanda energética mundial.
Esto contribuirá a aumentar la temperatura media mundial entre tres y seis grados centígrados para 2100, excediendo el límite de calentamiento máximo de dos grados acordado internacionalmente.
Ante dicha situación, la organización de 34 países plantea la aplicación de una serie de medidas que disminuyan las emisiones nocivas. Entre éstas plantea que las fuentes contaminantes deben tener aparejados mayores costos para operar a través de impuestos o sistemas de comercialización de emisiones, que alternativas como las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
“Asignar un precio global a las emisiones de dióxido de carbono (CO {-2} ) podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cerca de 70% a 2050”, afirma la entidad internacional.
La eventual aplicación de un tributo a las emisiones de CO {-2} de las centrales termoeléctricas afectaría tanto a las unidades que en la actualidad operan en base a combustibles fósiles, como a una serie de proyectos hoy en etapa de evaluación ambiental y en construcción.
En este último grupo figuran las termoeléctricas Castilla, de la brasileña MPX (2.100 MW); Punta Alcalde, de Endesa (740 MW); y Santa María, de Colbún (342 MW).
