Sala Constitucional resolverá destino de proyectos energéticos claves durante primer semestre de 2012
HidroAysén y Castilla -la central y el puerto- están en manos de la Corte Suprema, luego que se apelaran las resoluciones dictadas por los tribunales de alzada de Puerto Montt y Antofagasta. Académicos coinciden en que la regulación es deficiente y eso incentiva la litigiosidad.
por El Mercurio
Las tasas de crecimiento de consumo eléctrico en Chile estarán entre un 6 y un 7% a 2020, lo que demandará aumentar la oferta -sólo en ese período- en más de ocho mil megavatios (MW), según la Estrategia Nacional de Energía (2012 – 2030). Sumados HidroAysén y Castilla, generarían cerca de cinco mil MW. Durante el primer semestre de este año, la Corte Suprema zanjará el destino de ambos proyectos claves.
Los litigios por la instalación de las centrales -y el puerto de la termoeléctrica- ingresaron al máximo tribunal como apelaciones de los fallos dictados por los tribunales de alzada de Puerto Montt y Antofagasta, cuyos jueces resolvieron una serie de recursos de protección presentados contra los pronunciamientos de la autoridad administrativa que había autorizado los proyectos.
Los resultados de cada caso, sin embargo, fueron disímiles: mientras en el sur, la Corte rechazó las acciones contra la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental; en el norte, acogió las presentaciones contra la resolución de la Seremi de Atacama, pero además se involucró en la definición de ‘contaminante’.
Pero ¿por qué la instalación de centrales estratégicas como éstas acaba siendo discutida en los tribunales? El profesor de Derecho de la U. de Chile, Luis Cordero, plantea que “tenemos un mal sistema de ordenamiento territorial que hace que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) internalice todos los déficits regulatorios (…) y termine teniendo una gran cantidad de conflictos los que, de un modo u otro, terminan judicializados”.
Para los académicos, la judicialización de estos proyectos responde fundamentalmente a la ausencia de una regulación estable, lo que lleva al SEIA a hacer la política pública del “caso a caso”. “El no tener reglas de ordenamiento territorial claras ex ante -dice Cordero- incentiva la litigación innecesaria o genera espacio para que el litigio sea el único medio sensato para poder discutir ese tipo de temas”.
Matías Guiloff, profesor de Derecho de la U. Diego Portales, concuerda en que esta falta de definición provoca que “cuestiones como el diseño del proyecto y su localización se definan caso a caso, que esa decisión sea percibida como injusta y, por tanto, se judicialice”. Pero también cree que este fenómeno se explica por una cuestión cultural, pues considera que la toma de decisiones en materia de evaluación de proyectos no es percibida como una decisión técnica, sino como de carácter político.
La vía de la protección
La protección es un recurso extraordinario, de rápida resolución, y hoy es usual en estos casos, pero Guiloff explica que si es o no el camino más idóneo dependerá del fundamento de la acción. “Si lo que se busca es impugnar la legalidad de la actuación de la autoridad, me parece que es una vía adecuada. Si, por el contrario, el fundamento de la impugnación se refiere a aspectos más técnicos (…), se requiere de una jurisdicción más especializada, como la que va a existir con el Tribunal Ambiental”, resume.
Ahora, abogados que conocen el sector, como el gerente de Asuntos regulatorios y medio ambiente de la Sofofa, Jaime Dinamarca, no ven una excesiva judicialización en esta materia. “En Chile, anualmente se dictan más de mil resoluciones de calificación ambiental que aprueban proyectos de inversión y el porcentaje que termina siendo cuestionado en los tribunales superiores de Justicia por la vía del recurso de protección es mínimo”.
El jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, recuerda además que este fenómeno no es nuevo y que aplica a otras decisiones técnicas que toma la administración: “Es sano para el sistema que exista un tercero imparcial que pueda revisar las decisiones administrativas y analizar que las mismas no hayan conculcado algún derecho reconocido por la Constitución”.
La sala que fallará los recursos
La Corte escuchó los alegatos por HidroAysén el 23 de diciembre pasado, pero los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y María Eugenia Sandoval, se encuentran estudiando los antecedentes del caso. El fallo se espera para fines de marzo.
Puerto Castilla, en tanto, debiese aparecer en tabla en las próximas semanas, pero la integración de la sala será distinta debido a las últimas redistribuciones de ministros realizadas por el pleno. Llega el ministro Sergio Muñoz como presidente, y deja la sala Brito. La apelación al fallo que acogió los recursos contra la central Castilla ingresaría a la Corte esta semana.
¿Una Corte activista? Desde la academia dicen que no. “No es que tengamos una Corte activista -explica Cordero-, sino que inevitablemente debe pronunciarse, porque el modelo estructural tiene un problema de diseño”.
HIDROAYSÉN: LA CORTE SUPREMA ESCUCHÓ LOS ALEGATOS EL 23 DE DICIEMBRE PASADO, PERO LOS MINISTROS HÉCTOR CARREÑO, PEDRO PIERRY, SONIA ARANEDA, HAROLDO BRITO Y MARÍA EUGENIA SANDOVAL SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO LOS ANTECEDENTES DEL CASO. EL FALLO SE ESPERA PARA FINES DE MARZO.
