Regionalización, a propósito de Aysén

Por  equipo UYT

La situación que aqueja a los ciudadanos de la región de Aysén debería marcar un antes y un después en materia de regionalización. No es justo que ante el clamor de las necesidades propias y más urgentes de sus habitantes, el Intendente tenga que dar un paso al costado y las negociaciones deban necesariamente dirigirse hacia el nivel central. Si bien las medidas a adoptar deben estar en armonía con las políticas nacionales, urge que las decisiones estratégicas y tácticas de una región las resuelvan sus propios integrantes.

A la luz de los hechos, es evidente que la ciudadanía ha tomado conciencia que llegó la hora de contar a nivel regional, con las herramientas suficientes para tener autoridades más representativas y acceder a los instrumentos necesarios para administrar y gestionar de manera independiente su propio modelo de desarrollo y, junto con ello, proteger sus patrimonios y competir con el resto del país y el mundo.

No obstante a lo anterior, resulta importante promover un proceso de descentralización que aborde todas las componentes del desarrollo (social, cultural, económico, ambiental, etc.) para no caer en una discusión exclusivamente de tipo institucional. Cada año que el país demora este tipo de decisiones se pierden infinitas oportunidades propias de la competencia y la especialización de las regiones.

Este aspecto ya fue diagnosticado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) el año 2009 como parte del desarrollo del Estudio OECD Territorial Reviews: Chile. Dicho trabajo reconoce que la economía de Chile se ha fortalecido durante los últimos 20 años. Sin embargo, a la fecha, las regiones chilenas no han podido utilizar plenamente sus recursos y por consiguiente, no han alcanzado su potencial de crecimiento. El Estudio de la OCDE recomienda que Chile adopte una perspectiva regional más firme con respecto al desarrollo económico con el fin de aprovechar al máximo las distintas oportunidades de las regiones y mejorar el desempeño del país en su conjunto. Incrementar la productividad del país exige concentrar esfuerzos hacia la innovación y el emprendimiento empresarial así como mejorar la educación y la capacitación. Estas áreas tienen una fuerte dimensión regional, dada la diversidad de los territorios chilenos. Al mismo tiempo, diversificar la estructura económica requiere de estrategias que tengan un enfoque regional, capaces de movilizar los recursos hacia dichas áreas, aprovechar e integrar las distintas posibilidades que ofrece cada uno de los territorios de Chile.

En este sentido, las demandas de los ayseninos están en perfecta sintonía con la Política Nacional de Desarrollo y Administración Regional, la cual quedó consagrada con una modificación efectuada a la Constitución de la República en el mes de octubre de 2009 denominada Reforma Constitucional Regional. Dicho hito representó un acuerdo trasversal, demostrando que el fortalecimiento de las regiones beneficia a todos y no es bandera exclusiva de una determinada coalición política. Dicha reforma contempla, entre otros aspectos, las siguientes materias:

1. Elección directa de los consejeros regionales.
2. Define al CORE (Consejo Regional) como un órgano normativo, resolutivo y fiscalizador.
3. El presidente del CORE deja de ser el intendente y en su lugar, es electo entre los consejeros.
4. El CORE aprobará el proyecto de presupuesto de la región, constituido por recursos que provengan de la Ley de Presupuesto de la Nación, recursos propios y los que provengan de Convenios de Programación.
5. Una Ley Orgánica definirá la forma por medio de la cual el presidente de la república trasferirá a los GORES competencias de los ministerios y servicios públicos.
6. Se crean los Convenios de Programación pluri-anuales y vinculantes.
7. Se crean las Áreas Metropolitanas para constituir una institucionalidad ciudad, es decir, un nuevo nivel institucional entre la región y los municipios, para todos los territorios donde existen conurbaciones.

Esta Reforma cambia de manera radical el mapa institucional, geopolítico, de inversiones y de planificación del país, lo que debiera motivar a todas las instituciones públicas a cooperar en la concreción de la política.

En este contexto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional – SUBDERE – mantiene un conjunto de líneas de trabajo que apuntan a fortalecer el rol de las regiones, acción principalmente liderada por la División de Desarrollo Regional, la que  asesora técnica y políticamente al Gobierno Central, Gobiernos Regionales y otras instituciones públicas con el fin de crear competencias y promover el Desarrollo Territorial. Entrega apoyo y asistencia a las Regiones y administra los programas de Desarrollo Regional financiados en forma local o por créditos de Organismos Multilaterales; y la División de Políticas y Estudios, la que contribuye al diseño e implementación de políticas que apuntan a profundizar la descentralización entregando más poder, competencias y capacidades a las regiones, para que sean éstas quienes lideren los procesos que les son propios, sumando talentos, proyectos, instituciones y recursos.

Producto de lo anterior, resulta oportuno revisar los proyectos de ley que desarrollan a nivel central algunos ministerios este año 2012, como por ejemplo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual posee propuestas que apuntan a regular aspectos sobre la planificación, desarrollo urbano y mejoramiento en la faja pública en base a aportes viales. En particular el Proyecto de Ley sobre Aportes Viales, constituye un importante instrumento de trasferencia de competencias hacia los municipios, que les permitiría capturar recursos para desarrollar Planes de Inversión en el Espacio Público. Al respecto cabe preguntarse sobre la pertinencia de legislar este año respecto de estas materias, en circunstancias que las regiones están clamando por decidir ellos mismos ese tipo de aspectos. Es evidente que lo más sano es detener este tipo de iniciativas a la espera de las discusiones que ya se están gestando en el seno de cada región. Podría darse el caso que en alguna región el óptimo se produzca si dichas competencias quedan radicadas en un Área Metropolitana (o inter-comuna) o en el nivel regional. Ante una situación así, una ley como la que pretende impulsar el MINVU podría significar una rigidez en lugar de un aporte. En este sentido llama la atención la celeridad con que dicho ministerio quiere legislar el presente año respecto de un proyecto de ley que, en definitiva, constituye un modelo pensado a nivel central y que concentra su traspaso de competencias sólo en los municipios, instituciones que finalmente son coordinadas por el mismo ministerio a través de las asesoría urbanas y las direcciones de obras.

A la luz de este conjunto de antecedentes, pareciera prudente que la SUBDERE conozca y revise este tipo de propuestas con el fin de velar por las garantías de consistencia con la política pública de descentralización, en su rol de Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial encargado de estudiar el proceso de transferencia de competencias desde el nivel central a las regiones.

La base de toda buena decisión radica en una buena planificación. Es por ello que la SUBDERE ha apoyado el desarrollo de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Se trata de una herramienta de ordenación territorial que integra, en un mismo cuerpo instrumental, elementos que facilitan alcanzar metas de desarrollo sustentable. Articula al mismo tiempo y de manera sistémica, elementos físico-geográfico-espaciales del territorio, con elementos socioculturales y económicos. Orienta la realización del análisis, la proyección y posterior gestión de un modelo territorial deseado, en un marco jurídico e institucional acorde.

Si bien hoy los PROT constituyen un anhelo en las regiones, el Proyecto de Ley que los regula debería tener máxima urgencia. Se espera que este instrumento sea de carácter normativo y por lo tanto obligatorio, lo cual, afecta desde ya las facultades de planificación que hoy ejercen desde el nivel central varios ministerios.

El Manual Guía para la Participación Ciudadana de los PROT – SUBDERE – establece que en atención a la relevancia y proyección del carácter más normativo que posee este instrumento en el desarrollo de los territorios, se recomienda que sea altamente consensuado y validado entre los actores sociales, económicos, políticos y de la administración pública respecto de cómo desarrollar la Región en un marco de opciones deseables y factibles, que reflejen compatibilidades entre todos los intereses y funciones que se presentan en la región de los diversos sistemas territoriales y entre ellos. Esto posibilitará al gobierno regional gestionar y administrar las intervenciones públicas en el territorio y orientar las intervenciones privadas en sus distintos ámbitos de gestión: social, económico, infraestructura y físico-ambiental, con una base social de apoyo que le otorgue mayor legitimidad social, económica y política a través de sus actores.

A la fecha ya hay 14 regiones que están desarrollando los PROT, dentro de las cuales se encuentra Aysén. Este hecho es un claro avance hacia la descentralización, lo cual sumado a la transferencia de las competencias y las leyes orgánicas que darán cuerpo a la totalidad de los instrumentos creados por la Reforma Constitucional del año 2009 cambiarán de manera estructural las condiciones actuales. En este sentido, hay que velar por la consistencia de otros proyectos de ley sectoriales, como por ejemplo los del MINVU, para que se constituyan en avances reales en materia de descentralización. Hay que tener presente que el fortalecimiento de las regiones afecta intereses particulares y públicos, y es ahí donde las instancias regionales deben estar atentas para evitar demoras excesivas en la concreción definitiva de este proceso, así como también, en evitar que se adopten medidas contrarias a esta política que las haga difíciles de revertir en el futuro.

Finalmente es importante destacar que el Capítulo III del Programa de Gobierno actual se denomina “Hacia una Sociedad de Instituciones”. Dicho capítulo contiene un eje que se denomina “Descentralización: Santiago no es Chile”, en virtud del cual se promueven distintas medidas que favorecen el fortalecimiento regional como las mencionadas anteriormente.

A pesar de todo lo que falta por hacer en materia de desarrollo regional, los mayores índices de crecimiento regional (INACER) lo poseen regiones distintas a la Metropolitana (ver noticia del sitio Chile Hoy), ante lo cual cabe preguntarse  ¿a cuánto asciende el crecimiento potencial que no se ha podido alcanzar producto de la falta de recursos, herramientas y competencias que se debe entregar a las regiones?