Rebajan en US$ 3.500 millones avalúo fiscal de inmuebles en siete comunas

CDE cree que caso Zapallar es una alerta y que hay que indagar si los reclamos de los contribuyentes están bien acogidos.

por El Mercurio

Tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Rentas, en 2006, los contribuyentes han logrado en estos seis años que el Servicio de Impuestos Internos (SII) corrija las retasaciones al alza de sus propiedades, por lo que el valor fiscal de las mismas ha disminuido en US$ 3.500 millones en las siete comunas de más altos ingresos del país de las regiones Metropolitana y Quinta. Se trata de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Ñuñoa, La Reina, Providencia y Viña del Mar.

Ése es el antecedente que maneja el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que, a la luz del caso Zapallar, cree necesario revisar si esas rebajas proceden y están en regla. Ello, porque involucran que los municipios afectados dejen de percibir US$ 50 millones anuales por concepto de impuesto territorial, parte de los cuales se va al fondo común municipal que apoya a las comunas más pobres de Chile. Además, porque la mayor parte de las rebajas aparecen efectuadas hasta tres años después de que el plazo para reclamar hubiera vencido y se producen en un mercado inmobiliario de alta demanda.

La inquietud del CDE se acentúa por el hecho de que en ese único caso donde se han demostrado irregularidades, el de Zapallar, la investigación penal está a punto de cerrar sin que siquiera la fiscalía formalice a los imputados, como el organismo solicitó en octubre.

La abogada María Inés Horvitz, consejera del CDE, ha intervenido junto a otros abogados como querellante en la acción que el organismo interpuso por fraude al fisco contra la ex fiscalizadora del SII de La Ligua, Erna Miranda, y el ex funcionario del municipio de Zapallar, Luis Aguilera. A su juicio, el incierto destino del proceso tiene un responsable.

“A pesar de que interpuso denuncia dando cuenta de delitos tributarios, el SII nunca se ha hecho parte como querellante en la investigación ni requirió de ello al CDE, como lo exige nuestra Ley Orgánica”, dijo. Por esto, el CDE ha debido limitarse a perseguir un fraude reiterado al fisco, pues carece de “legitimación activa” para hacerlo por delito tributario sin requerimiento del SII. Una estrategia que no ha resultado, pues tras tres años de pesquisas, la fiscalía estima que las pruebas son insuficientes y se apronta a no perseverar.

Las irregularidades en Zapallar estallaron públicamente en 2010, a cuatro años de vigencia de la ley de Rentas II, que produjo en todo el país una ola de reclamos de los propietarios ante el alza de contribuciones.

En Zapallar, 1.166 contribuyentes consiguieron rebajas en sus reavalúos y, por ende, en sus impuestos. Pero el escándalo se produjo al constatarse que muchas de las propiedades no cumplían los requisitos para tales rebajas y que 350 de las mayores fueron realizadas en un computador del SII al que accedió un funcionario externo.

De ellas, un total de 31 corresponden al fundo El Boldo, con rebajas del 80%. De propiedad de Inversiones Catiana, tiene predios ligados -dice el CDE- al ex alcalde Federico Ringeling, al concejal Pablo Valdés y a familiares de ambos.

Un plan fiscalizador del SII en 2010 y 2011 determinó que fueron 637 los casos en que los reclamos fueron mal atendidos, por lo que pudo recuperar $665 millones en cobros retroactivos.

“Incomprensible”

La abogada Horvitz dice no comprender el comportamiento del SII, dado que la entonces fiscalizadora del SII en La Ligua, Erna Miranda, admitió que “facilitó” la clave de acceso de la computadora a la persona externa, el funcionario de la municipalidad de Zapallar, Luis Aguilera. Él estaba a cargo de un convenio de colaboración con el SII para el reavalúo de los predios de la comuna, “pero no estaba facultado para realizar las rebajas”, dijo.

El CDE resalta el vínculo entre Aguilera y uno de los beneficiados con las rebajas, el concejal Pablo Valdés. Éste integra la sociedad administradora de El Boldo, que pagaba $180 mil mensuales al funcionario municipal por labores de conserje en el fundo, “pese a que hay testigos de que nunca lo vieron trabajar allí”, dijo Horvitz.

Fiscal no acredita dolo

Pero la fiscal de Valparaíso, Paula Castiglione, asegura que la investigación penal “intensa y compleja” no ha arrojado antecedentes “para acreditar el dolo directo del tipo penal de fraude al fisco”.

“Parte de los dueños del fundo El Boldo lograron sus rebajas en oficinas del SII en Santiago. Otros no conocían a Aguilera”, dijo. Y los pagos que el fundo hacía a Aguilera son proporcionales a su cargo y no se condicen con el perjuicio de $190 millones estimados inicialmente en impuestos impagos. Un año después, el SII redujo la cifra a $80 millones, de los cuales la mitad era recuperable.

“Nuevas circulares del SII daban más discrecionalidad a sus fiscalizadores, corrigiendo otras anteriores. Ello hizo el escenario jurídico aún más complejo”, explicó.

Comunas
La cifra corresponde a Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Ñuñoa, La Reina, Providencia y Viña del Mar. SII: “Hemos colaborado”

La Dirección Nacional del SII, que sólo aceptó responder consultas por escrito a “El Mercurio”, aseguró que ha colaborado con la investigación penal sobre el caso Zapallar. “Hemos dado respuesta a los diversos requerimientos efectuados por parte del Ministerio Público” señaló. Y enfatizó que fue el servicio el que interpuso en septiembre de 2009 la denuncia por delito tributario.

Sin embargo, dejó sin responder por qué no se ha querellado. Tampoco confirmó o desmintió si la imputada Erna Miranda es prima de la actual directora regional del servicio, como señala el Consejo de Defensa del Estado.