Carabineros incautó 500 carpetas y PC de jefe de obras de Recoleta

Arquitecto Carlos Reyes

La alcaldesa de la comuna, Sol Letelier, en tanto, fijó tres semanas como plazo para realizar el sumario municipal.

por El Mercurio

El OS-9 de Carabineros incautó 500 carpetas y el computador personal del director de Obras de Recoleta, Carlos Reyes Villalobos, tras detenerlo por dos hechos de corrupción.

Se trata de diligencias simultáneas que se realizaron entre martes y miércoles de la semana pasada en la oficina municipal y en dos propiedades del arquitecto, quien fue formalizado por la Fiscalía Centro Norte bajo los cargos de dos casos de cohecho y falsificación de instrumento público.

Estas diligencias fueron denominadas claves por la policía, ya que en los documentos incautados se advertiría el modus operandi del profesional.

En ese sentido, la fiscal Macarena Cañas estaría indagando a tres funcionarios de la Dirección de Obras como los cómplices o ayudantes del arquitecto Carlos Reyes.

Según consta en la carpeta investigativa, Reyes habría solicitado $35 millones al administrador del restaurante “El Otro Sitio” para regularizar la construcción del local. Y, según el denunciante Fernando López, gerente general del establecimiento, el arquitecto habría amenazado con demoler el restaurante de comida peruana si no se le pagaba la suma exigida. Esta dinámica de hostigamiento comenzó en 2009 y nunca fue aceptada por López.

Mientras que el segundo caso afecta a un empresario del barrio Patronato, a quien se le exigió $10 millones para sanear una ampliación de su local.

La fiscal Macarena Cañas, que buscaba prisión preventiva, y los abogados querellantes apelaron a la libertad del imputado, quien quedó con las medidas cautelares de firma y arraigo. Los alegatos serán hoy en la Corte de Apelaciones.

En tanto, la alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier, fijó un plazo de tres semanas para realizar el sumario en la Dirección de Obras, donde se revisarán la mayoría de los permisos que emitió Carlos Reyes desde que llegó a ese cargo en 2002.

El funcionario municipal arriesga desde sanciones administrativas hasta la destitución de su puesto.

Pesquisa a fiscalía indaga el origen de 17 millones de pesos que aparecieron en la cuenta corriente del imputado.