Cómo gestionar la seguridad en la ciudad

Por Dr. Arq. Guillermo Tella, Doctor en Urbanismo, Lic. Alejandra Potocko, Licenciada en Urbanismo. (Desde Buenos Aires)1

Son cada vez más los municipios que encaran políticas para controlar, prevenir y combatir la inseguridad. Mayor patrullaje, creación de sistemas de alertas tempranas, colocación de cámaras de seguridad y monitoreo del espacio público son algunas de las acciones llevadas adelante. ¿Cuáles son las premisas de este nuevo servicio municipal? ¿Cuál es su efectividad? ¿Qué costo tiene? ¿Cómo se complementa con otros instrumentos? En otras palabras: ¿Cómo se debe gestionar la seguridad?

En los últimos años la inseguridad ha adquirido un status de preocupación en la ciudadanía sin precedentes. Los ilícitos que se suceden día a día son motivo de una creciente demanda de seguridad, de búsqueda de alternativas particulares por una mejor calidad de vida y de búsqueda de respuestas por parte de los gobiernos locales. La inseguridad es un problema creciente y complejo de nuestra sociedad. Incluye tanto asaltos y crímenes como vandalismo y hechos de violencia menor.

Asimismo, los motivos que la generan son variados y responden a una sumatoria de situaciones: la desocupación, la discriminación, el consumo de drogas y una calle mal iluminada pueden conformar -en conjunto- el escenario propicio para un hecho delictivo. Con todo, combatir la inseguridad también es una acción compleja que merece múltiples miradas del problema, para entenderlo y atacarlo.

Actualmente existen tensiones y disputas por establecer acciones hegemónicas sobre la seguridad ciudadana. La Lic. Ana María Clement, Directora de la Carrera de Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús, explica que el paradigma punitivo de la seguridad está vinculado a la fortaleza del aparato represivo para combatir el delito: “mano dura”, “hay que meter bala al delincuente” y “tolerancia cero” son las acciones que promueve. Por otra parte, existe el paradigma de la prevención, que se orienta a la resolución de problemas para reducir los riesgos.

Guillermo Carrasco, experto en análisis de seguridad, plantea que la prevención es intervenir antes de que los hechos ocurran. En ese sentido, considera necesario -más que discutir sobre qué hacer con el agresor, con el violento, y con los daños a las víctimas- generar programas que permitan la disminución de esos hechos.

Haciendo una analogía con la salud pública, comenta que hace ya tiempo Ramón Carrillo -uno de los grandes sanitaristas argentinos- sostenía que el eje de actuación no debía ser curar al enfermo sino “evitar que el sano se enferme”. Es por lo tanto necesario generar un cambio cultural hacia el cual el mejor momento de intervención es antes, y no después. Es decir que, un modo muy eficiente de combatir la inseguridad es realizar inversiones en políticas preventivas interdisciplinarias y multiagenciales, proactivas, que son más efectivas y de menor costo que las exclusivamente reactivas.

En palabras del abogado Gustavo Sicca, experto en análisis de la seguridad pública, el fracaso de políticas aisladas que no abordan de manera sistémica y eficiente la violencia demuestra que, al decir de Fernando Carrión: “Se ha seguido operando una concepción de seguridad pública en la que se asigna la prioridad a una fase del ciclo de la violencia: el control; y un objetivo central: el mantenimiento del orden público”. Esta concepción estado-céntrica de la seguridad comenzó a ser desplazada por otros modelos inclusivos de las instituciones democráticas de la sociedad que tienen como eje al ciudadano.

Por esta razón, y teniendo en cuenta la relación de proximidad de los gobiernos locales, es que los ciudadanos se convierten en actores fundamentales a la hora de diseñar políticas públicas en materia de seguridad. Y seguramente considerarán modelos “preventivos” de actuación que tengan en cuenta distintos indicadores que impactan sobre la seguridad ciudadana, como lo pueden ser programas de recuperación de los espacios públicos y/o urbanización, inclusión social, salud y educación, primer empleo para jóvenes en situación de riesgo, prevención de las adicciones, etc.

Las herramientas disponibles para el control y prevención son variadas, abarcando un amplio abanico desde recursos informáticos hasta acciones culturales. Sicca argumenta que de esta manera se sale de la disyuntiva de “hierro”, que ante el aumento de los índices del delito, unívocamente se responde con más represión, con más policías, con más patrulleros; saliendo de esta lógica con un modelo de acción preventivo que pone énfasis y recursos de los ciudadanos en las causas que originan el fenómeno de la inseguridad.

El monitoreo del espacio público

La utilización de sistemas de monitoreo a través de cámaras de vigilancia en los municipios está en auge. Se basan en la lógica de observación del espacio público como herramienta para disminuir el número de hechos delictivos, controlar el tránsito, gestionar emergencias y preservar el patrimonio público. Con ese objetivo, las cámaras de seguridad permiten detectar qué es lo que está ocurriendo así como identificar visualmente quién está involucrado en el hecho en un área determinada. La calidad de cada una de las funciones que cumplan dependerá del equipamiento que se adquiera, según la definición de imagen deseada y las características del área a observar.

Adicionalmente, el lugar donde se coloque cada cámara también pesará sobre el equipamiento seleccionado. La ubicación condiciona la iluminación disponible, las características del ambiente, la materialidad del entorno y la reflexión de luz, los riesgos de daño por factores climáticos principalmente, la fuente de alimentación, etc.

Los sistemas de monitoreo del espacio público, si bien tienden a intimidar, y por lo tanto -presumiblemente- reducen los hechos de violencia y criminalidad que se suceden en el espacio público; no se deberían concebir como única acción preventiva al problema. La crisis social no puede limitarse a verse con cámaras sin actuar para atacar los verdaderos flagelos que la generan.

No es con tecnologías sino con planificación la manera de abordar el tema. El desafío es -entonces- cómo planificar este nuevo servicio, siendo que el vecino reclama mayor seguridad pero no está dispuesto a pagar más por ello. En la discusión sobre la seguridad desde el municipio, se plantea el interrogante sobre su papel como estado administrativo o como estado político.

Hoy existe toda una cantidad de temas que el municipio puede hacer antes que llegue la policía (alumbrado, mejora del espacio público, etc.). El espacio público se puede “controlar” (desde la policía) o se puede “recuperar” (desde la política). La policía ataca los efectos; el municipio, las causas. En otro orden, se plantean algunos debates en cuanto a la privacidad y a la confidencialidad de las imágenes tomadas. Al respecto, en el municipio de San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense, recientemente se puso a consideración de los vecinos -por medio de Audiencia Pública- el Proyecto de Ordenanza para el funcionamiento de videocámaras de seguridad en lugares públicos.

Por otra parte, en aquellas ciudades donde se utilizan las cámaras con múltiples fines -como la seguridad, el control del tránsito, la ocupación del espacio público, el desarrollo urbano y la protección del patrimonio-, vale preguntarse hasta donde los sistemas de monitoreo pueden constituir sistemas de educación del ciudadano, ya que cada acto en la vida urbana queda registrado y es susceptible de ser analizado, conservado y utilizado con fines judiciales. El monitoreo para el control y el control para la educación.

Acciones para una gestión local

Una primera aproximación al tema pone en evidencia que, al menos en los grandes centros urbanos donde la ciudad excede una única jurisdicción municipal, la gestión individual de cada municipio de la seguridad ciudadana debería enmarcarse en acciones colectivas. Esto implica una articulación con otros municipios y niveles de gobierno y, en particular, con el provincial por tener competencias sobre la policía, la justicia y el sistema penitenciario.

Otra opción es generar regiones entre municipios vecinos, ya que la circulación de personas recorre en forma diaria a más de un municipio. La falta de esa necesaria articulación genera medidas que son recibidas en forma confusa en el seno de la sociedad y muchas veces provocan -según sostiene Sicca- la neutralización de acciones que puedan resultar efectivas como forma de control social.

En ese sentido, Clement plantea que en lugar de generar respuestas para el corto plazo y focalizadas estrictamente en la represión del delito, que calman momentáneamente la demanda de seguridad a través de la implementación de políticas defensivas, cortoplacistas y efectistas; se deberían generar acciones entretejidas y articuladas con los otros ámbitos municipales para que no pierdan coherencia.

Una herramienta fundamental que posen los gobiernos locales a la hora de diseñar o planificar políticas públicas es -para Gustavo Sicca- el ordenamiento urbano y territorial mediante el cual hacer una fuerte intervención en lo referido a la prevención situacional, pues desde allí se podrá definir la recuperación de los espacios públicos y así impactar directamente en las condiciones y escenarios que posibilitan la comisión de un delito.

Con esa complementariedad entre niveles de gobierno y la definición de instrumentos, es necesario garantizar la articulación entre políticas y eso sólo es posible a través de la planificación. Es que, como plantea Clement, la cercanía del gobierno local con la ciudadanía y la descentralización de la seguridad puede ser una gran oportunidad para el municipio o un problema para quien gestiona: si no cuenta con un diagnóstico sobre las prioridades, una planificación articulada para prever y atender la demanda, o si no atiende las señales, está frente a una escalada y no a una demanda organizada.

Cuando los municipios deciden asumir la responsabilidad de brindar el nuevo servicio de seguridad, deberían encarar un proceso de reconocimiento, diagnóstico y planificación estratégica que permitirá construir indicadores a corto, mediano y largo plazo, que se constituirán en directrices de una gestión por resultados. En cuanto al reconocimiento, Sicca sugiere definirlo y mensurarlo, delimitado en su objeto y cuyo beneficiario directo sea el vecino. Para tal fin, el Crio. Frutos sugiere realizar encuestas de victimización que permitan medir:

• la cifra de delitos no registrados, denominados “cifra negra”.
• los índices de temor que registran los ciudadanos por diferentes barrios.
• el grado de satisfacción o insatisfacción con la agencia policial local.
• los índices de prioridades que le asignan a posibles mejoras.
• la opinión general acerca de las causales de la problemática.

Este tipo de estudios, que internacionalmente cuentan con el aporte de un diseño específico y un mayoritario consenso sobre su efectiva aplicación, resulta una herramienta diagnóstica de valía para aquellas cuestiones que no llegan al registro de lo público. Asimismo, se puede avanzar en la realización de entrevistas a aquellos actores comunales que tienen relevancia específica a nivel político, técnico (justicia, policía, servicio penitenciario), social (agencias de desarrollo social, minoridad, etc.) y comunitarios (ONGs., fundaciones, asociaciones vecinales, etc.), que aportarán un marco referencial indispensable.

Desde esta perspectiva, se presentan a continuación 10 acciones para una gestión local de la seguridad:

● Construir un fuerte liderazgo local: Adoptar un rol proactivo en materia de prevención para satisfacer la demanda ciudadana.
● Desarrollar una herramienta diagnóstica: Encarar un proceso de reconocimiento diagnóstico que defina directrices de gestión.
● Definir un plan integral de seguridad: En función de los problemas relevados, establecer políticas preventivas, mitigatorias y represivas.
● Crear una estructura de coordinación: Generar un espacio que lleve a cabo las metas del plan, con carácter multi e interagencial.
● Articular distintos niveles de gobierno: Generar acciones entretejidas y articuladas entre ámbitos de gobierno con competencia en la materia.
● Capacitar a los decisores políticos: Mejorar las capacidades de todos los actores involucrados en la problemática de la seguridad.
● Incorporar sistemas de monitoreo: Instalar cámaras de vigilancia como uno de los soportes de la política integral de seguridad.
● Promover un escenario favorable: Mejorar el espacio público para contribuir a la prevención situacional del delito.
● Implementar programas sociales: Desarrollar acciones que contribuyan a equilibrar los contrastes existentes en la población.
● Generar compromiso en la población: Promover la solidaridad entre vecinos, con senderos seguros, patrullas comunitarias, etc.

En consecuencia, los gobiernos locales cuentan hoy con un desafío por delante. instalar a la seguridad como bien colectivo más que individual, asumiendo esta nueva competencia en el marco de la demanda ciudadana, de la presión de los medios, del lobby de las empresas y de la falta de capacidades técnicas de los políticos. El espacio público puede ser controlado con poder de policía y cámaras; pero -fundamentalmente- se puede recuperar con políticas. La mejor estrategia para encarar de forma mancomunada semejante problemática que afecta a nuestra sociedad es la participación, la descentralización y la planificación para constituir políticas efectivas basadas en la prevención, la inclusión y la solidaridad.

1. Versión adaptada de: Tella, Guillermo y Potocko, Alejandra. (2010), “La gestión integral de la seguridad: De instrumentos a políticas”. En: Buenos Aires, Revista Mercado y Empresas para Servicios Públicos Nro. 59 (agosto), Ed. IC Argentina, pp. 40-50.  [↩]