Estacionamientos en los malls y similares

[Actualización Comunicado de Presa]*

Patricio Herman
Fundación “Defendamos la Ciudad”

Cuando irrumpieron los malls en las ciudades, para modificar los hábitos de consumo del mercado, sus propietarios determinaron la gratuidad de los estacionamientos. Pero después de algunos años, eso cambió radicalmente cuando los compradores de mercancías se transformaron en clientes cautivos de tales centros comerciales.

Es decir, los inversionistas, como buenos hombres de negocios, emplearon la conocida maña de crear dependencia para lograr el fin perseguido: asegurar que las tiendas allí instaladas estén abarrotadas de visitantes.

Ahora bien, en razón a que el cobro por el uso de los estacionamientos en el mall Alto Las Condes (del empresario Horst Paulmann) era muy oneroso, las redes sociales de Facebook y Twitter empezaron a denunciar masivamente y con fuerza ese abuso, lo que significó la inmediata reducción de la tarifa a un monto más moderado.

A raíz de ello, la situación en general fue analizada por los abogados del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para que se estableciera en la materia un criterio uniforme, compatibilizando los intereses de los capitalistas de estos centros comerciales con los de sus clientes y proveedores.

Ese servicio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, recientemente anunció que el uso de los estacionamientos en los malls debía ser gratis porque la legislación de Vivienda y Urbanismo exige que estas instalaciones comerciales, por lo tanto de uso público, dispongan de los mismos. Con ello se entendía que sin esos necesarios espacios los malls no podían funcionar. Y el hecho se vuelve aun más indiscutible en ciudades llenas de automóviles con un aumento vertiginoso del parque vehicular.

Asociado a lo inmediatamente anterior, recordemos que los Planes Reguladores Comunales estipulan densidades habitacionales máximas (cantidad de habitantes y/o viviendas por hectárea) para los distintos sectores de sus territorios jurisdiccionales, lo que generalmente se cumple.

Pero contradictoriamente nuestra debilucha institucionalidad permite el ingreso indiscriminado de todo tipo de vehículos al país, lo que está produciendo graves problemas de congestión en ciertas vialidades en los horarios punta y además mayores emisiones tóxicas a la atmósfera, razón por la cual en Santiago, desde el año 1997, estamos regidos por un Plan de Descontaminación cuyos resultados han sido insuficientes.

Algunos políticos de derecha, como el senador Jovino Novoa, han desechado la posición del Sernac calificándola de populista y en la misma línea, a favor de los intereses de los inversionistas, el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, muy suelto de cuerpo manifestó: “La ley señala que los establecimientos tienen que tener un mínimo de estacionamientos, pero no señala que no se puede cobrar” (sic). Pero este ministro tiene la obligación de saber que la ley invocada por él tampoco dice que sí se puede cobrar.

Hemos sabido que en esta materia de interés público, el ministro de Economía, Pablo Longueira, apoya a Juan Antonio Peribonio, director del Sernac. Sin embargo, como la organización gremial de los empresarios se opone a la medida, se ha conformado una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo no sólo respecto de los malls, sino también de otras edificaciones que reciben clientes o pacientes, como las clínicas. Asimismo se abordará la pertinencia del cobro a quienes utilizan los baños, también exigidos por la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.

La iniciativa del Sernac en ningún caso es populista, como les gusta decir a los políticos que cautelan los intereses de los más poderosos. Y lo que expresó el ministro de Vivienda es rotundamente equivocado porque la ley respectiva no aborda temas económicos. La normativa sectorial exige que los edificios habitaciones y los condominios dispongan de estacionamientos de visitas y para discapacitados: le aseguramos al ministro que nadie cobra por el uso de esos espacios comunes.

Si quisiéramos que opere la sensatez y la lógica en la asignación de los recursos en este asunto, es indudable que el uso de los baños en todas las instalaciones que reciben público debe ser gratuito porque quienes recurren a ellos lo hacen por necesidades fisiológicas ajenas a su voluntad.

Por otro lado y para no confundirnos, debemos tener presente que los estacionamientos concesionados a privados en bienes nacionales de uso público y los estacionamientos construidos en edificios ad hoc  naturalmente tienen que considerar una tarifa porque el giro del negocio de esos inversionistas es la explotación de los mismos.

Muy distinta es la situación de estos espacios exigidos por la regulación de Urbanismo y Construcciones. Se otorgan los permisos de edificación para los malls y similares, todos los cuales atienden público, siempre y cuando se proyectan en las solicitudes de permisos los estacionamientos en la cantidad necesaria, de acuerdo a los metros cuadrados construidos para el giro comercial de aquellos y es más, si las edificaciones son comerciales que contemplen más de 150 estacionamientos, se debe contar con la aprobación previa de un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).

Por lo reseñado estamos convencidos que los estacionamientos en los malls y en todas las edificaciones afines tienen que ser de uso gratuito durante el período en que los consumidores o pacientes, según sea el caso, se encuentran dentro de esas instalaciones.

Este plazo podría ser de 150 minutos (2 horas y media) por día y si la ocupación del estacionamiento se prolonga, por los motivos que sean, empezaría a operar en forma automática, a partir del minuto 151, el cobro fijado libremente por el propietario de la edificación, con lo cual se evitaría el abuso por parte de aquellos que siempre buscan las ventajas.

Para que haya fluidez en esta operación se debieran instalar pórticos de recaudación con tag, cobrándose por los minutos exactos que el vehículo utilizó el estacionamiento después del período fijo gratuito.

Está claro que el mercado no lo resuelve todo y por ello sostenemos que con este simple procedimiento los comerciantes venderían más, sus clientes los apreciarían en mayor medida y la utilización de los estacionamientos estaría bastante bien regulada por un Estado que, salvaguardando los intereses de los consumidores, también se preocupa de los inversionistas.

Por ello es indispensable consensuar, entre las instituciones del Estado y las empresas privadas, una norma equilibrada que resguarde el interés de ambas partes y en esta línea está el Sernac.

Cobro de estacionamientos en malls : organizaciones ciudadanas exigen participar en mesa de trabajo que sesiona en el Ministerio de Economía

* [Actualización Comunicado de Presa]

Santiago, jueves 31 de mayo de 2012.- Con ocasión de la propuesta del Sernac, en orden a que los malls no pueden cobrar una tarifa por el uso de los estacionamientos allí localizados, lo que generó la inmediata oposición de la Cámara Chilena de Centros Comerciales y de otros gremios empresariales, el gobierno para resolver el conflicto, instauró una mesa de trabajo conformada por los ministerios de Economía, Vivienda, Transportes, Sernac y la aludida Cámara de Centros Comerciales. Como se observa, el gobierno no convocó a las organizaciones ciudadanas que se desenvuelven en este ámbito de materias, las que tienen mucho que decir a la luz de la legislación vigente.

Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad expresó : “esa mesa de trabajo está sumamente inestable lo que augura un resultado sin valor alguno porque los intervinientes, con un cambio cosmético a lo gatopardo del conde de lampedusa, se las arreglarán para que todo siga igual. Es indispensable que el ministro Longueira invite al debate que se realiza en su ministerio a las organizaciones de la sociedad civil que conocen la correcta aplicación de la ley y por ello ayer miércoles, por correo electrónico dirigido a Gonzalo Cornejo, su consejero principal, procedimos en consecuencia. Estaremos atentos a la respuesta, la que debiera ser coherente con el discurso oficial del gobierno que dice promover la participación ciudadana y la transparencia en las decisiones de sus políticas públicas. Por el contrario, si esa mesa de trabajo continúa intercambiando ideas entre los mismos actores, nada bueno se podrá esperar”