Piden intervención de Relator de Naciones Unidas tras allanamiento a la comunidad Wente Winkul Mapu
A través de una carta, organizaciones por los derechos indígenas, pidieron al relator especial de Naciones Unidas, que solicite información al Estado sobre el procedimiento utilizado por Carabineros en el allanamiento a la comunidad mapuche para impedir la repetición de estos hechos.
por Ansa, La Tercera
Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas solicitaron la intervención del relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, tras el allanamiento a la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu, comuna de Ercilla, que dejó a diez personas heridas, entre ellas dos niños y un anciano.
En una misiva enviada con carácter de “urgente” y firmada por el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, pidieron a Anaya que solicite al Estado información sobre el procedimiento utilizado por Carabineros en el allanamiento, las medidas legislativas y administrativas adoptadas para evitar que este tipo de represión se repita, y el respeto del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los pueblos indígenas y tribales.
La carta entrega detalles del “violento allanamiento” a la comunidad mapuche que dejó como saldo diez heridos, entre ellos dos niños de 12 y 15 años y un anciano de 78 años considerado ‘kimche’ o persona sabia para los mapuche.
El allanamiento habría sido consecuencia de una orden de detención contra el comunero Erick Montoya, acusado de homicidio frustrado en contra de Carabineros y un agricultor dueño del fundo La Romana, ocurrido en octubre de 2011.
Según la información proporcionada por el vocero o werkén de la comunidad, Daniel Melinao, “los funcionarios ingresaron violentamente a la comunidad disparando balines de goma que dejaron como saldo diez heridos, tres de ellos de gravedad”.
Añadió que los carabineros utilizaron balines de goma y perdigones contra la comunidad.
En tanto, el ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que las autoridades políticas no tienen ninguna responsabilidad en el allanamiento.
“Es una acción judicial del Ministerio Público que no involucra al gobierno sino que son el cumplimiento de órdenes que ha estado entregando el fiscal correspondiente”, declaró el portavoz.
La carta recuerda las sugerencias realizadas por Anaya en una visita a Chile en 2009, en la que instó a las autoridades competentes a investigar “las quejas de abusos y violencia contra las personas indígenas cometidas por miembros de la policía, a que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos, y que se repare a las víctimas o a los familiares de las víctimas”.
“Los abusos y la violencia ejercida por parte de la policía contra miembros del pueblo mapuche, en el contexto de allanamientos y otras operaciones policiales, constituyen una práctica que lamentablemente se ha mantenido en el tiempo”, afirma la carta.
Añade que “esta práctica ya ha resultado en tres casos de homicidio en contra de integrantes del pueblo mapuche, así como en centenares de casos de torturas, y/o de tratos crueles, inhumanos o degradantes que afectan a integrantes de comunidades, incluyendo, como en este caso, a niños y ancianos”.
En esa línea, instan a Anaya a requerir información al gobierno en relación a la forma en que la policía de Carabineros realizó el allanamiento en la comunidad Wente Winkul Mapu; las medidas legislativas y administrativas que el Estado ha adoptado para impedir la repetición de estos hechos, y para sancionar a los responsables; y el resto del Estado al Convenio 169 de la OIT.
La comunidad Wente Winkul Mapu, que a la fecha vive hacinada en alrededor de 40 hectáreas, se conformó el año 2008 y fue legalizada el 2010 por 35 jóvenes familias que reivindican 2.500 hectáreas que integraban el territorio de propiedad ancestral de sus antepasados, en cuyo interior existe un cementerio mapuche. Esas tierras están hoy en poder de las Forestales Cautín, Mininco y de particulares.
