Pro-Cre-ando Ciudades

Por Laila Robledo, Lic. en Urbanismo. Buenos Aires. Argentina.

El Estado Nacional Argentino anunció hace pocas semanas la sanción del Decreto 902/2012, denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar (Pro-Cre-Ar). Entre sus principales aportes se incluyen créditos a tasas de interés inéditas, pero la contribución más interesante es la disposición de tierra pública a precios razonables. El anuncio indica que “El Estado aportará 1700 hectáreas de tierras fiscales en todo el país, por lo que se hará un aprovechamiento inteligente de terrenos valiosos del Estado”.

El problema de la disponibilidad de tierras está resuelto, aunque esto es distinto a decir que está resuelta la disponibilidad de suelo urbano. El gobierno facilita el crédito y la tierra ¿Y la urbanización? ¿Con qué criterios se realizará?

En la actualidad, la mayor parte de la tierra pública, al menos la perteneciente al Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), y al Ministerio de Defensa- este último con los predios de mayor superficie- se mantiene ociosa y subutilizada. En el caso de los terrenos militares, históricamente, su ubicación se establecía de acuerdo a los requerimientos necesarios tierras para el despliegue de actividades relacionadas al entrenamiento bélico. Posteriormente, los mismos quedaron cercados por el crecimiento de la ciudad, actuando como enormes barreras urbanas.

La subutilización de estas grandes extensiones de tierra significa, por un lado, subestimar el principio fundamental de que “el suelo es un producto escaso” y que regula la configuración del territorio; pero por otro lado, representa una oportunidad, ya que al tratarse de fracciones de tierra estatal insertas en áreas urbanas, resultan óptimas para su utilización con una función social. Es por eso que el “Pro-Cre-Ar”, además de los alcances trascendentales que implica en materia habitacional, introduce su avance más significativo en la utilización de terrenos ociosos, pero a su vez, estratégicos para otorgarles un mejor uso, acorde a las necesidades de la ciudad actual.

El potencial de estos terrenos es enorme, no sólo porque tienen la ventaja de ser tierra potencialmente urbana, privilegiada por su gran extensión, ubicación cercana a centros urbanos importantes, y diversas infraestructuras, sino también porque al tratarse tierra pública, hace que su intervención no se encuentre sometida a las reglas de la especulación inmobiliaria- donde históricamente el Estado compra el suelo al mercado al valor que él mismo se encargó de producir-.

Es cierto que son necesarias otras medidas fundamentales en materia de política de suelo y financiamiento de ciudades que faciliten no sólo la creación de suelo a partir del recupero de plusvalías, sino también el aprovechamiento de hectáreas de superficie edificada del parque edilicio actual. Para ello, es vital que provincias y municipios tomen un rol activo en aquellas cuestiones que son de su potestad, tales como los códigos Planeamiento Urbano o de zonificación de sus ciudades, a las que una Ley Nacional marco de ordenamiento territorial como la que plantean Habitar Argentina y COFEPLAN serían sumamente pertinentes.

El tratamiento de los terrenos y áreas vacantes estatales en Argentina ha sido desde un punto de vista histórico, el correlato del paradigma de la época. Durante el S.XIX, el lugar de los “espacios libres” era el de actuar como elemento facilitador de los objetivos del higienismo positivista, en el que se desea lograr un espacio urbano amplio y abierto, surcado por áreas libres. En Buenos Aires, durante los años `30 Forestier pensaba a estos grandes espacios como posibles componentes de un sistema de áreas verdes, y luego con el Concurso de las 20 Ideas, gestado en un momento de disolución de las bases del urbanismo de la segunda posguerra, el modelo fue el de la “Recuperación de la Ciudad existente” a partir de la utilización de activos obsoletos. En la actualidad, a pesar del rol activo del Estado en vastísimas áreas y del crecimiento económico sostenido producido en estos últimos años, la situación de emergencia habitacional tratada como el “problema de la vivienda” obnubila la reflexión sobre estos espacios en el marco de un sistema mucho mayor y más complejo, que es la ciudad.

La mera existencia de tierra inserta en áreas urbanas no es condición suficiente para implementar soluciones adecuadas en materia sociohabitacional, se necesita urbanizar a estos espacios de acuerdo a requerimientos que garanticen el derecho a la ciudad y que no repitan las pautas guetificantes de otras soluciones de vivienda. También es posible pensar en Grandes Intervenciones Urbanas (GIU), Urbanizaciones consorciadas, u otras actuaciones urbanísticas que puedan dar sustento o un marco de referencia a las formas en las que se emplazarán las nuevas viviendas. Para el caso del Pro-Cre-Ar, las ventajas de las GIU encierran una multiplicidad de escalas, tiempos, actores e intereses, de referencias sociales, y de disciplinas. Por lo tanto, poseen un carácter complejo, tanto institucional como de financiamiento, interdependiente de sus componentes.

A nivel mundial existe una gran cantidad de antecedentes de reconversión de predios militares orientados a cumplir con una función social: en Barcelona y Madrid se encuentra la mayor cantidad de casos, en Panamá se proyectó La Ciudad del Saber, en Paraná, Argentina, se reconvirtieron unas 400 hectáreas de tierras de Defensa- las 100 hectáreas más cercanas al río fueron destinadas a reserva natural, destinada al esparcimiento; y las 300 hectáreas restantes fueron destinadas a uso residencial y asociados, lo que abarca también la instalación de oficinas públicas y de equipamiento social como una escuela secundaria, dos facultades de la Uader y el nuevo hospital-, y en Buenos Aires creó en el ex Batallón 601 de Malvinas Argentinas, una nueva centralidad, la “Nueva Ciudad Malvinas”.

Buenos Aires es una de las provincias que posee la mayor parte de su tierra pública bien localizada, si incluimos a Campo de Mayo, existen alrededor de 6000 has de tierra militar subutilizada. La Base Aérea de Morón presenta pequeñas intervenciones urbanas en todo su perímetro, además de la creación de una reserva natural urbana. Por lo que se torna necesario estudiar dónde se ubicarán las nuevas viviendas previstas y sus ejes viarios, si es que el municipio pretende seguir conservando la pista de aterrizaje; lo mismo ocurre con la Base Aérea de Moreno.

Las ventajas del Pro-Cre- Ar y su “círculo virtuoso” se potenciarían si se introdujesen los criterios a partir de los cuales se planificarán los usos, cambios normativos, tramas, infraestructuras, y espacios verdes, además de viviendas sobre los predios. Estos nuevos usos debieran contemplar no sólo las características intrínsecas de cada predio, sino también las formas en las que se presentan sus bordes, y su entorno inmediato. En base a ello, será posible plantear etapas de actuación en términos de conectividad, provisión de espacios verdes públicos (incluidas las reservas naturales urbanas), y equipamientos colectivos que, desde un punto de vista físico y funcional, permitan sortear las barreras urbanas que representan los terrenos.

Si no se consideran estas condiciones, es decir, la situación en la que se insertan con respecto al resto de la ciudad y a sus áreas de centralidad, seguiremos pensando en soluciones aisladas en el marco de un territorio que ya se encuentra fragmentado física y socialmente, y no creando ciudad.