Integración de barrios de vivienda social y geografía de oportunidades: de la calidad de la vivienda al lugar en la ciudad

Por Ismael Tabilo. Coordinador de Investigaciones, Centro de Investigación Social TECHO-Chile

Como se ha venido mostrando en la prensa hace ya varias semanas, el presidente convocó a una comisión de expertos que trabaja actualmente para diseñar una política de desarrollo urbano que regule y oriente el futuro de nuestras ciudades. La construcción de gigantescos rascacielos ha puesto este tema sobre el tapete; obligándonos a recordar experiencias pasadas y a planificar las que queremos vivir en el futuro. El desarrollo urbano en general, produce sin duda múltiples mejoras, pero bien sabemos que el crecimiento de las ciudades no va necesariamente unido a una mejora en la calidad de vida de la población que las habita. Conocidos son los resultados del programa de vivienda básica implementado en los 90’: la experiencia de los “blocks” concentrados en la cuña sur de Santiago y sus abundantes efectos negativos, hacen de la integración de los barrios de vivienda social en la ciudad un tema crucial.

En el caso de las familias que conforman los primeros quintiles de vulnerabilidad, el acceso al suelo urbano ha sido el eje vital de las demandas de diversos movimientos de pobladores; un caso emblemático en este sentido es el MPL de Peñalolén, movimiento al que se suma el UKAMAU de estación central, la Federación Nacional de Pobladores, entre otros. Así, el acceso a la ciudad lejos de ser un hecho aislado, representa el argumento central de muchas familias de nuestro país que no sólo luchan por una vivienda propia y de calidad, sino también por una buena localización en la ciudad. La socióloga Isabel Brain distingue al menos dos fenómenos que dan cuenta de esta situación: los patrones de localización de los campamentos del país (por lo general mejor ubicados que los condominios de vivienda social construidos en las periferias urbanas) y las familias allegadas que deciden comprar una vivienda usada con el subsidio habitacional para poder así elegir su lugar de residencia. Ambos casos dan cuenta de un escenario de pobreza urbana que persiste en nuestro país.

La política de vivienda actual (recientemente cambiada por el DS.49) a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (ex Fondo Solidario de Vivienda), subsidia a las familias más vulnerables para la obtención de una vivienda definitiva. Mediante la gestión de una EGIS, se construyen condominios de vivienda social en terrenos propios o nuevos con estándares técnicos definidos por ley. En cuanto a la localización de éstos, en el caso de construcción en nuevos terrenos, se decide principalmente por el monto del subsidio (el cual se puede complementar con un subsidio diferenciado para localización), los precios del suelo y los terrenos disponibles. Todas estas precisiones técnicas del decreto sin duda han ayudado a mejorar la calidad material de las viviendas, redundando en soluciones más dignas para las familias. Sin embargo en términos de localización, a pesar de los subsidios específicos, hay algunas tendencias que no denotan la misma intención. Aún se observan debilidades de esta política en cuanto a la ubicación de los condominios sociales en la ciudad, uno de sus factores más influyentes para la integración social de los pobladores.

Al revisar los listados Serviu de viviendas beneficiarias del FSV I en diferentes comunas de la región metropolitana entre el 2008 y 2011, vemos que más de 1.400 familias se concentran en la comuna de El Monte, casi 1.200 en Isla de Maipo y entre 800 y 1.000 en Talagante y Paine respectivamente. Si exploramos algunos datos municipales de estas comunas, nos encontramos con un escenario poco prometedor: altos niveles de deserción escolar y un bajísimo porcentaje de áreas urbanas e industriales. Teniendo en cuenta que este porcentaje está muy por debajo del promedio regional (49,5%), y que no supera el 10% en ninguna de las comunas mencionadas, las posibilidades de generar empleos son bastante reducidas. Sería interesante saber si es que estos proyectos contaron o no con el subsidio a la localización.

Si bien dicho subsidio es un esfuerzo por incidir en la mejora de la ubicación al incentivar la construcción de proyectos ubicados a distancias transitables peatonalmente no mayores a 1.000mts de centros de educación, salud, transporte público, etc., vemos que la fortaleza de las dinámicas del mercado de suelos por sobre una política nacional de planificación urbana aún provoca la construcción periférica de megaproyectos de viviendas sociales, en zonas poco consolidadas, donde las familias más vulnerables del país terminan segregadas de la ciudad, alejadas de bienes, servicios y fuentes de trabajo. Es este escenario el que nutre las demandas de estas familias por una buena localización y la necesidad de integración al suelo urbano. Este escenario exige urgentemente una política nacional de desarrollo urbano que a la vez se ajuste a los contextos y necesidades locales.

Localización y geografía de oportunidades

El tema de la localización ha tomado fuerza en el debate urbano ya que añade una nueva perspectiva basada en lo territorial que nos ayuda a reinterpretar la pobreza urbana y la ciudad. A través del lente de la localización, la ciudad se mira como fuente de equidad y los concepto de ciudad justa y derecho a la ciudad dan cuerpo al discurso de los grupos populares más organizados que no sólo luchan por el acceso a la vivienda sino que también expresan el interés ciudadano por ser parte activa en la planificación de la ciudad.

La localización no es un mero capricho; ésta cobra sentido cuando se enmarca en el contexto de la geografía de oportunidades de cada ciudad. Este concepto se refiere a los flujos y dinámicas de la economía urbana. La geografía de oportunidades es básicamente la distribución espacial de accesos a bienes, servicios y redes sociales de calidad, en la ciudad. Tema fundamental al momento de pensar la ubicación de proyectos de vivienda social, ya que son los pobladores de viviendas precarias y las familias vulnerables, las primeras en quedar relegadas a las periferias de la ciudad como resultado de las especulaciones y vaivenes del mercado de suelos.

Por otro lado, desde una perspectiva más subjetivista, la distribución de las oportunidades y el acceso de las personas a éstas, inciden en la experiencia de ciudad y la percepción de las mismas acerca de sus posibilidades y oportunidades. Siguiendo las ideas de Rosenbaum, Reynolds y Deluca, la localización afecta también la “eficacia” de las personas, esto es, el sentido de los individuos acerca del control que tienen sobre los acontecimientos que les suceden. No se trata sólo de las limitaciones estructurales producidas por las condiciones económicas, sino también de las limitaciones percibidas. La geografía de oportunidades entonces, nos ayuda a conocer la distribución espacial de los bienes y servicios pero también a comprender y distinguir las distintas formas en las que la geografía influencia las oportunidades percibidas por las personas, y en consecuencia, como lo plantea Galster & Killen, su capacidad para planear y construir un proyecto de vida futuro. En este sentido, la experiencia de lejanía y segregación urbana, de pocos accesos y oportunidades, va conformando un marco de significados con el que las familias más desfavorecidas perciben mayores limitaciones y menor control sobre su contexto.

Como muestran los datos revisados, cientos de familias vulnerables son segregadas de las dinámicas urbanas, y, a decir verdad, lo que “técnicamente” llamamos vulnerabilidad, en la realidad es fragilidad: la fragilidad de los proyectos biográficos familiares y personales que al ser construidos sobre la precariedad laboral, la cotidiana incertidumbre del presupuesto del hogar y una experiencia de ciudad definida por la exclusión, impiden a las personas pensar a futuro y los aliena de una capacidad humana fundamental, a saber, poder transformar la realidad en la que se vive y ser agentes activos de la propia biografía.

Considerando la urgencia a corto plazo, en muchos casos el problema habitacional es la calidad de la vivienda, pero levantando la cabeza e intentando pensar a largo plazo, el problema también es el acceso a la ciudad, a una mejor geografía de oportunidades y las implicancias que esto tiene en la vida real de las personas más vulnerables. Urge una política de desarrollo urbano que integre a diversos actores de la ciudadanía, del gobierno y de especialistas, para lograr ver que el problema no es sólo de vivienda sino de accesos, significados y experiencias de ciudad que permitan construir una vida digna y sostenible en el tiempo. Las formas de la pobreza urbana actual complejizan el problema habitacional acoplándolo a un fenómeno mayor: la democratización de la ciudad y la demanda ciudadana de ser protagonistas en la constitución de ésta.