Los entretelones de la ley que privatizó el sector eléctrico a 30 años de su creación
Sebastián Bernstein y Renato Agurto afirman que el modelo ha respondido bien a diversas crisis.
por Antonio Astudillo M. La Tercera
En dos meses se cumplirán 30 años de la promulgación del DFL 1 del Ministerio de Minería, conocida como Ley General de Servicios Eléctricos, cuerpo legal que sentó las bases para la privatización del sector eléctrico, antes en manos exclusivamente estatales
El 12 de septiembre de 1982, y luego de 18 meses de trabajo, vio la luz la cuarta Ley Eléctrica que ha tenido el país -las anteriores datan de 1925, 1931 y 1959- , que consagró los pilares del actual modelo: libertad de precios; separación entre generación, distribución y transmisión; mayor participación privada y el establecimiento de un rol subsidiario para el Estado.
Sebastián Bernstein, consultor eléctrico y uno de quienes participó en la redacción y estudio del texto legal -en que también trabajaron Stanislas Mizgier, Renato Agurto, Oscar Valenzuela, Claudio Valdés y Bruno Philippi, secretario ejecutivo de la CNE-, señaló que la idea de abrir el negocio eléctrico al sector privado nació como parte de la segunda ola de reformas económicas impulsadas a fines de la década de los 70 por los ministerios de Hacienda y Economía, más Odeplan, que buscaban reemplazar el rol del Estado en diversas áreas de la economía.
“Cuando se hizo la ley no se tenía claro que se privatizaría. Pensábamos que el sector eléctrico iba a ser mixto, estatal-privado. No existía decisión política de privatizar todo el sector; eso se vio hacia fines de la década”, dice Bernstein.
Aunque el trabajo comenzó hacia mediados de 1978, con la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), presidida por el general Herman Brady, los equipos de la CNE recién se abocaron a diseñar un nuevo marco legal en 1981, y luego de que se introdujeran los primeros elementos para la liberalización de precios y se privatizaran las distribuidoras Frontel y Saesa, vendidas a Copec.
“Lo que hicimos fue reescribir la ley de 1959”, recuerda Renato Agurto. Enfatiza que la reforma no fue consecuencia de una crisis en las empresas estatales (en esa época Endesa y Chilectra controlaban todos los ámbitos del negocio). “Las empresas estatales no estaban arruinadas, el sector no estaba en crisis. La idea fue poner a tono el sector eléctrico con la política general de desarrollo que venía aplicando el país”, detalla.
Agurto explica que, por la importancia y la celeridad con que se necesitaba hacer los cambios, el Ejecutivo pidió a la Junta de Gobierno facultades especiales para legislar en la materia, entregando seis meses de plazo para elaborar la nueva norma.
La elaboración de las reformas, introduciendo por primera vez a nivel mundial un sistema donde el mercado regulaba todos los aspectos de un negocio dominado por la acción estatal, generó desconfianzas en instituciones como el Banco Mundial, y también discusiones a nivel interno en el gobierno.
“El rol de los equipos civiles fue clave”, comenta Agurto. Jugaron un papel destacado en convencer a las autoridades militares asesores como Hernán Büchi, Pablo Baraona, Sergio de Castro, Martín Costabal y el capitán de navío Roberto Kelly, ex ministro de Economía y Odeplan.
Las empresas también tuvieron un rol en la discusión, aportando puntos de vista: Leonardo Bitrán y Germán Guerrero, por Endesa, Guillermo Espinosa -actualmente en el panel de expertos eléctricos-, Jaime Bauzá, por Chilectra, Rafael Salas padre y Heriberto Figueroa, por CGE, entre otros.
El presidente de la CNE sirvió en muchos casos para explicar los aspectos técnicos al más alto nivel. “El general Brady era una persona de la confianza de Pinochet, porque estuvo con él desde el principio. A Pinochet le interesaba el tema de energía a nivel general y siempre apoyó una reforma al sistema anterior, que era el paradigma de la empresa estatal integrada verticalmente”, dice Bernstein.
Oposición no faltó, principalmente de grupos técnicos al interior de las empresas estatales.
Luego de la publicación del decreto, el desarrollo del sector fue lento, pero firme. Se creó lo que hoy es AES Gener, se privatizaron las filiales de distribución de Endesa y Colbún, este último proceso no estuvo exento de dificultades. También se abrió el espacio para la llegada de inversionistas extranjeros, pero la explosión sólo se dio a partir de los 90.
Fuera de las reformas (ver cronología), los consultores coinciden en que la ley ha cumplido con las expectativas. “Mirado a la distancia, el modelo obviamente que ha cumplido ampliamente las expectativas que se tuvieron no sólo cuando se hizo el DFL 1. El sector privado ha sido capaz de responder al desafío de mantener el suministro de energía frente a escenarios muy cambiantes”, dice Agurto. Berstein agrega que “todos los lineamientos fundamentales y de hasta cierto grado de detalle de la ley funcionan; el mercado funciona fuera de las mejoras que deben introducirse, pero que no son cirugía mayor y que no afectan la esencia del modelo. Este sigue gozando de buena salud”.
