Mayoría de Reclamaciones Contra Proyectos Energéticos No Son Ganadas

Por Estrategia.

“Análisis de Casos de Recursos Administrativos y Judiciales Relacionados con la Tramitación de Permisos para Proyectos del Sector Eléctrico y sus Efectos en la Inversiones del Sector Energía”. Ese es el nombre del estudio del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, que llegó a la conclusión de que “a mayor magnitud del proyecto energético se eleva su conflictividad”.

La encargada del estudio, Pilar Moraga, puntualizó que “detectamos deficiencias en el Sistema de Evaluación Ambiental, que no se podían hacer cargo de problemas de participación ciudadana y de implementación del Convenio 169 de la OIT, consulta indígena, que se confirmaron con los casos recientes de Quebrada Blanca y El Morro”.

Asimismo, la académica agregó que el análisis se enfocó en 13 proyectos energéticos definidos en conjunto con la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, y reveló que “en contra de las iniciativas existen 71 vías de intervención administrativa que incluyen recursos de invalidación y reclamación, de las cuales 15 rechazó (el Comité de Ministros); 16 no fueron admitidas a tramitación y dos fueron acogidas”.

Vale decir, en general, según la académica: “Los terceros que se oponen a los proyectos no ganan los recursos, y quienes los ganan lo hacen excepcionalmente y que, al contrario, los titulares de los proyectos que presentan recursos, en su mayoría son acogidos”.