PRMS 100, su rechazo y nuevas oportunidades

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100) vuelve a relevarse en el debate ciudadano con la noticia de que fue retirado por parte de la Intendencia de Contraloría a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, paralizando la aprobación de esta herramienta que comenzó a ser elaborada en 2006.

Estamos hablando del mismo proyecto que fue rechazado en una primera instancia en la sesión del Consejo Regional (CORE) de 2010 y aprobado en marzo de 2011, ante la negativa de las autoridades gubernamentales de someterlo a la recientemente aprobada legislación ambiental estratégica. El PRMS 100 se ha proyectado en la opinión pública como el símbolo de las intenciones de expansión urbana, por lo que su rechazo se ha percibido como el freno a estas tendientes políticas expansivas. Pero la seremi de Vivienda Metropolitana, Marisol Rojas, afirmó que el retiro del documento no implicaría cambios estructurales en el plan.

Es un hecho que hacia 2030 Santiago tendrá cerca de 1 millón de habitantes más, independiente de las características morfológicas de la ciudad. En esta progresión, este proyecto se vuelve relevante para planificar las tendencias de desarrollo y crecimiento de Santiago. A partir del paréntesis en su tramitación, se vuelven a levantar discusiones en torno a opciones alternativas, como las que describen una mayor densificación de sectores céntricos o el uso de terrenos disponibles al interior del radio urbano. A pesar de que en apariencia y forma presumen paradigmas diametralmente opuestos en torno al desarrollo urbano, todas las anteriores pueden derivar en una mayor desarticulación en la estructura urbana si no son estratégicas en generar incentivos para beneficiar a distintos sectores de la ciudad. Cualquiera de estas alternativas deben constituir por igual una herramienta estratégica para derivar en una ciudad más integrada y con mayor calidad de vida.

El PRMS 100 valida la anexión de terrenos periféricos como suelo urbano a partir del hecho de estar sujeto a condiciones, permitiendo orientar su desarrollo y mejorando la actual legislación vinculada a los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC). Es así como frente a la expansión del límite urbano, el interés está puesto sobre la resolución eficiente del Desarrollo Urbano Condicionado de cuarta generación (ZDUC, AUDP, PDUC y ahora ZUC), que presume un intento por recuperar plusvalías que tienden a quedar en manos de los privados y los desarrolladores inmobiliarios. Por otra parte, muchos han cuestionado la efectividad de este mecanismo de condiciones, aseverando que puede ser pasado a llevar fácilmente.

Se espera que la política urbana prevaleciente sea capaz de instalar mecanismos de compensación territorial, concibiendo un desarrollo y distribución equitativa de oportunidades dentro de la ciudad. En esta línea, aquellas comunas que poseen menor acceso a servicios de calidad y mayor equipamiento indeseable deben recibir recursos adicionales para revertir su degradación y proveer acceso generalizado a mayor calidad de vida.

Más allá de la mecánica de mitigación a los impactos generados por el consumo de suelo urbano, las principales críticas que se volvieron efectivas provienen desde valorizaciones ambientales. Es por esto que Marisol Rojas afirmó que el retiro del documento fue, entre otras razones, para incorporar documentación frente a las dudas planteadas por la disminución de áreas verdes. Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica afirma que “diversas organizaciones ciudadanas y el mismo Colegio de Arquitectos, le pedimos formalmente al Contralor que no tomara razón de esta expansión urbana impulsada por el Gobierno”. Así la iniciativa fue puesta en cuestionamiento dada la denuncia por ilegalidades dentro del marco legal vigente, considerando que la Seremi de Vivienda no entregó todos los antecedentes a la autoridad ambiental para someterlo a una evaluación de impacto ambiental. La idea de expansión del límite urbano es altamente cuestionada por agudizar los conflictos de contaminación del aire y pronunciar viajes motorizados más prolongados, lo que traduce en mayores emisiones. En este discurso, la modificación del uso de suelo de 10 mil hectáreas agrícolas dentro de la Región a suelo urbano en ocho comunas de la periferia de Santiago representaría un gesto arbitrario y atentado contra el interés público. El principal llamado desde las organizaciones ciudadanas es a proyectar un Gobierno Regional Democratizado, que oriente sus políticas urbanas en función del bien de la comunidad y no de los intereses inmobiliarios particulares.

El gobierno tiene ahora la responsabilidad y oportunidad de reformular este instrumento, mientras la Intendenta Cecilia Pérez deberá conducir su proceso de tramitación. Este hecho constituye una instancia para debatir el desarrollo urbano desde la totalidad del territorio, atendiendo a que los usos fuera del límite urbano sugieren una considerable transformación en la estructura de la ciudad y por tanto deben ser sometidos a la normativa de la institucionalidad ambiental a través de la nueva evaluación de impacto ambiental estratégica. Se ha debatido paralelamente la visión que desplegaría la Comisión Presidencial para una Política Nacional de Desarrollo Urbano, que debiera tener capacidades estratégicas como para definir un plan territorial urbano a nivel nacional sobre el recurso suelo.