Inversiones pendientes en el Comité de Ministros suman US$ 5.855 mills.
Instancia la integran Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería:
Aunque el plazo máximo es de 60 días, algunas iniciativas ingresaron en el primer trimestre de 2010.
Por Pablo Obregón, El Mercurio.
Desde que un proyecto de inversión ingresa al proceso de evaluación de impacto ambiental, puede transcurrir hasta un año y medio de tramitación regular. Recién entonces, si existe algún reparo del titular del proyecto o de la ciudadanía, la iniciativa debe probar su viabilidad en la instancia superior: el Comité de Ministros, conformado por los titulares del Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía, y Minería.
Esta instancia fue creada en 2010 en reemplazo del Consejo Directivo de la Conama -integrado por catorce directivos- con el propósito de agilizar los procesos. Sin embargo, para un sector del empresariado esa promesa no se ha cumplido, lo que encuentra su expresión más clara en unos diez proyectos de inversión que totalizan más de US$ 5.855 millones en inversiones pendientes y que si se cumplieran los plazos, podrían estar en su mayoría resueltos.
De estas iniciativas, siete corresponden a proyectos eléctricos, por US$ 5.760 millones.
Desde que se presenta una reclamación en esta instancia, el comité tiene 30 días para pronunciarse respecto de las declaraciones de impacto ambiental y 60 para los estudios.
Si esos plazos se cumplieran, el sistema de descarga al mar de los efluentes tratados de la Planta Valdivia (Celco) o del proyecto HidroAysén -que lleva más de un año en esta instancia-, entre otras iniciativas, debería tener listas sus resoluciones. Pero no es así. Para la autoridad, los plazos son referenciales y, además, “la ciudadanía entiende que lo importante es una resolución con mérito técnico y no en treinta días”, según explica la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Cuando una autoridad pública no se pronuncia respecto de un trámite dentro de los plazos que estipula la ley, existe la posibilidad de recurrir a una herramienta denominada “silencio administrativo”, consistente en que si el organismo competente no dice nada, el proyecto se da por aprobado.
Así funciona el sistema público en términos generales para una serie de trámites, pero en materia medioambiental es distinto: cuando la autoridad no se pronuncia y los empresarios invocan esta herramienta, el proyecto se da por rechazado y pasa a la justicia ordinaria, donde los tiempos suelen prolongarse más todavía. Por eso, esta herramienta prácticamente no es utilizada por los titulares de los grandes proyectos de inversión que están entrampados por años.
Según María Ignacia Benítez, efectivamente la mayoría de los proyectos que hoy están en el Consejo de Ministros sobrepasaron el plazo estipulado por ley. Sin embargo, aclara que “todos podrían recurrir a silencio administrativo, pero no les va a convenir”, puesto que en este caso operaría el “silencio negativo”.
“Desde que nosotros asumimos, nadie ha utilizado este recurso. Pero además, hay que aclarar que en el caso del Comité de Ministros, los plazos no son fatales. Cuando uno resuelve un recurso de reclamación respecto de un proyecto como HidroAysén, 30 días o 60 días es muy poco, y lo importante es tener la información para emitir una resolución fundada”, explica.
¿Por qué nadie invoca el último recurso?
En el empresariado reconocen que no utilizan el silencio administrativo para no exponerse a una resolución negativa y terminar entrampados en la justicia ordinaria. En lo que no concuerdan con la autoridad es en el carácter referencial de los plazos.
“Si se reemplazó el Consejo Directivo de la Conama por una comisión más chica es para que los plazos se cumplan”, señala Jaime Dinamarca, gerente de Asuntos Regulatorios y Medio Ambiente de la Sofofa, quien realizó una presentación sobre la nueva institucionalidad medioambiental en un seminario organizado por la Revista InduAmbiente y SIGA Ingeniería.
Datos del Gobierno, en tanto, advierten que desde que asumió la actual administración, el Consejo de Ministros ha aumentado la celeridad con que se despachan las resoluciones: si en 2004 se resolvían tres recursos, en 2011 fueron 21, y en 2012 ya van en siete recursos. Además, aclaran que hay proyectos que totalizan por sí solos más de 30 recursos y cientos de observaciones por parte de la comunidad.
Proyectos eléctricos
De estas iniciativas, siete corresponden a proyectos eléctricos, por US$ 5.760 millones. ¿Por qué no se aplican sanciones ex post?
La creación de los Tribunales Medioambientales podrían agilizar los procesos que hoy se debaten en la justicia ordinaria. Sin embargo, para Jaime Dinamarca, los cambios que se están implementando no responden todavía a las necesidades de los inversionistas.
“Teniendo la Superintendencia, las sanciones millonarias, el monitoreo continuo, el sistema de auditoría y fiscalización, no se justifica un sistema de evaluación que aumentará de 38 trámites a 109. La tecnología permite que si una termoeléctrica emite más de lo permitido, se apaga el interruptor”, señaló Dinamarca durante el seminario “Institucionalidad y Marco Jurídico Ambiental”, organizado por la Revista InduAmbiente y SIGA Ingeniería.
La vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Minero, Francisca Domínguez, en tanto, considera que la nueva institucionalidad contempla una serie de cambios que incorporan mayores grados de certidumbre, lo que se podría traducir en plazos más acotados de tramitación.
“Sin embargo, estas nuevas disposiciones requieren que todos los actores del sistema (tanto públicos como privados) se adapten a los nuevos requerimientos, lo que va a ser un proceso complejo”, advierte.
