Justicia rechaza construcción de Castilla y MPX reevalúa su estrategia de negocios en Chile
Por Diario Financiero.
Corte Suprema acogió recurso de protección en contra de la termoeléctrica. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, dijo que el fallo demuestra que la institucionalidad mediambiental “no está dando el ancho”.
Contundente fue el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que rechazó la construcción de la Central Castilla, al acoger de manera unánime el recurso presentado por comunidades contrarias a la termoeléctrica que se ubicaría en la Región de Atacama y revocó las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de las centrales y el puerto que involucra.
Con esta medida, la justicia echó por tierra el proyecto MPX, ligado al empresario brasileño Eike Batista y la alemana E.ON, de construir el complejo termoeléctrico más grande de Sudamérica que implicaba una inversión de US$ 5.300 millones.
El máximo tribunal, además, revocó el fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había rechazado una acción cautelar en contra de la central. También indicó que la compañía debía presentar un único Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la central y el puerto Castilla. “Se dispone como medida de tutela constitucional que los titulares de los Proyectos Puerto Castilla y Central Termoeléctrica Castilla deben presentar un estudio de impacto ambiental que considere los dos proyectos en forma conjunta y su conexión para la transferencia del carbón y del petróleo Diesel B, en su caso, desde el primero hacia la segunda”.
Ante este contundente fallo, la compañía declaró que “reitera su convicción de que el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente. Sin embargo, a la luz de la decisión de la Corte Suprema, la compañía volverá a evaluar su estrategia de negocios en Chile”.
En contraste, Álvaro Toro, abogado defensor de los vecinos del Totoral, se mostró satisfecho por el fallo. “La Corte desestimó toda la argumentación presentada por los servicios de evaluación ambiental y del Consejo del Defensa del Estado en representación del Seremi y los argumentos de la empresa”, explicó y agregó que no cree “que la empresa presente un nuevo EIA pues Castilla ya está calificado como contaminante y eso no lo podrá cambiar y el uso de suelo de la zona sólo permite la instalación de industrias molestas”.
El 24 de julio pasado la Tercera Sala determinó que sería la justicia la que definiría el devenir de Castilla y el puerto, al fracasar la segunda audiencia de conciliación entre la empresa y los opositores al proyecto, que buscaba establecer las compensaciones a la comunidad.
En junio, la firma presentó un plan de compensación adicional a las comunidades por US$17 millones, el que no fue aceptado por los habitantes del Totoral y caleta Chascos.
Preocupación
La resolución no dejó indiferente a nadie. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, señaló que la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema puso de manifiesto que la institucionalidad medioambiental “no está dando el ancho”. “Llama la atención que la Corte primero llamara a las partes a una conciliación entre ellas para que se pusieran de acuerdo en torno a compensaciones económicas y, como no se llegó a acuerdo, al final rechazó y anuló la Resolución de Calificación Ambiental porque considerar que no cumple con los requisitos adecuados (…) ¿Hubiera estado dispuesta a aprobar una resolución de calificación ambiental, eventualmente incorrecta o mal hecha, si es que les pagaban a los comuneros?. Eso llama la atención”, argumenta Villarino y agrega que “esto es consecuencia de algo más de fondo y es que la institucionalidad ambiental no está dando el ancho”.
Precedente
Por otro lado, Alejandro Ruiz, jefe del Departamento Ambiental del estudio de abogados Prieto y Cia., califica como grave que se le diga a las autoridades sanitaria y ambiental cómo deben ejercer la discrecionalidad administrativa, “al señalar que la corte “preferirá” la calificación de contaminante por sobre la de molesta”, y sostiene que todo esto desemboca en “aumentar la incertidumbre para invertir en Chile y en debilitar un permiso ambiental que cada vez vale menos”. Asimismo, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Luis Cordero, señala que este fallo no afecta sólo a Castilla, sino a todos los proyectos de contenido complejo, que involucran más de una actividad, como es el caso de proyectos mineros que contemplan la construcción de puertos o los proyectos de generación que –llevando al límite esta interpretación- deberán presentar sus líneas de transmisión asociadas.
