Rechazo a central podría afectar a la economía del país

Por Miguel Concha y Constanza Rodríguez, El Mercurio.

Según Asociación de Generadoras:

Por cada 10% que sube el costo de la energía, se afectaría en un 0,2% el PIB.

La decisión adoptada ayer por la Tercera Sala de la Corte Suprema de paralizar el proyecto termoeléctrico Castilla podría tener consecuencias económicas para el país.

Así por lo menos lo aseguró el gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile, René Muga, quién explicó que tras este fallo existe una fuerte incertidumbre para poder llevar adelante proyectos de generación eléctrica en Chile.

Muga señaló que actualmente no existen proyectos de gran envergadura que se estén desarrollando en el país, si se tiene en cuenta que HidroAysén (2.750 MW) y Punta Alcalde (740 MW) están paralizados. Esto, agregó el líder gremial, traería consigo repercusiones a la economía nacional.

“El rechazo a la construcción de Castilla presionará claramente al alza los costos de la energía, lo que incide en varios aspectos de la productividad del país. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Alberto Hurtado, por cada 10% que sube el costo de la energía, el PIB trimestral se podría ver impactado en cerca de un 0,18%”, afirmó Muga.

El representante de los generadores agregó que los estudios también señalan que la paralización de este tipo de proyectos repercute en los empleos del país.

Por otra parte, Muga avizora un complejo escenario para los proyectos mineros por US$ 100 mil millones que están anunciados hacia el 2020 con la paralización de la central.

Esto, debido a que la carbonera aportaría 2.100 MW de potencia al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), reduciendo los costos marginales del sistema. Ello se traduciría en precios más competitivos para las compañías mineras.

Finalmente, el líder gremial realizó una fuerte crítica al marco en el que se están tramitando los proyectos eléctricos.

“No puede ser que después de realizarse trámites ambientales por dos años, las empresas tengan incertidumbres sobre que su proyecto sea aprobado”, comentó.

Y agregó: “La institucionalidad ambiental está muy debilitada y se está produciendo una fuerte incertidumbre entre las empresas a la hora de invertir. Si antes una empresa podía empezar a cerrar contratos de suministro una vez que obtenía su aprobación ambiental, ahora ya no tiene ningún sentido apurar estos puntos, pues cualquier recurso puede paralizar un proyecto”.