Diputados de oposición piden renuncia de ministra de Medio Ambiente
Por Diario Financiero.
Amenazan con acusación constitucional. En tanto, Ricardo Solari recordó episodio Barrancones y calificó de doble estándar al gobierno.
Los jefes de bancada de los partidos de la Concertación solicitaron ayer la renuncia de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, debido a sus cuestionamientos a la Corte Suprema por el fallo de la Central Castilla.
El diputado Marcelo Díaz (PS) dijo que hay tres opciones “la ministra renuncia, el presidente la remueve de su cargo o tendremos que ser nosotros los que intentemos sacarla de su puesto mediante una acusación constitucional”.
El diputado Patricio Vallespín (DC) señaló que “la ministra Benítez está hablando como vocera de una empresa y no como secretaria de Estado; no nos da garantías para seguir ejerciendo el cargo. No puede ser la defensora de un proyecto privado de generación eléctrica, en contra de lo señalado por la Corte Suprema”.
En tanto, el diputado Lautaro Carmona (PC) sostuvo que “con esta intromisión indebida de la ministra respecto a otro poder del Estado, sólo está demostrando que acomoda toda posición del gobierno en función de los intereses de Batista y no de la legislación y el resguardo del medio ambiente y menos de las comunidades de Atacama”, concluyó el diputado.
Asimismo, la diputada Cristina Girardi (PPD) argumentó que “el problema es que aquí la institucionalidad ambiental claramente está en entredicho, porque aprueba proyectos sin que efectivamente se respeten las normas, y aquí cuando aquellos organismos que debieran realmente verificar si el proyecto no cumplen con su labor, tiene que actuar la Corte”.
Doble estándar
Por su parte, el ex ministro Ricardo Solari, señaló que no cree que haya una crisis de institucionalidad, “pero lo que sí ocurre es que cuando el gobierno reacciona habitualmente, como ha ocurrido, frente a distintos fallos judiciales, empieza a haber un problema de relación entre poderes. No es bueno para ningún país que habitualmente los fallos de los tribunales sean contestados por el poder ejecutivo”.
Solari también recordó el caso Barrancones cuando el propio presidente pidió que se frenara el proyecto, “resulta bastante extraño que se cuestione una actuación en derecho de la Corte Suprema, independientemente de que uno puede estar o no con su contenido, cuando en relación con un procedimiento que estaba en pleno curso, el gobierno decidió interrumpirlo sin considerar el punto de vista del inversionista y la legislación vigente. Aquí hay un doble estándar que la autoridad tendría la obligación y el deber de explicar”.
Además, dijo que la ministra no debería haber comentado el fallo de la Corte pues “no es abogada, es una persona respetable, pero no es abogada y sus cuestionamientos tienen que ver más bien con ideas o juicios desde un enfoque que no es jurídico con el que respondió la corte. Hay una sala de la Corte que por unanimidad tomó una resolución en función de determinadas consideraciones que son estrictamente jurídicas”.
