Suprema: dichos de Benítez son una “intromisión indebida e inaceptable”
Por Andrés López, La Tercera.
Frente a las afirmaciones de la ministra del Medio Ambiente tras el fallo que paralizó la central Castilla.
A las 8 horas, los 12 ministros que integraron ayer el pleno de la Corte Suprema llegaron al salón. La razón: emitir un pronunciamiento por las declaraciones a El Mercurio de la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, tras el fallo que paralizó el megaproyecto eléctrico Castilla. Tras unos 50 minutos de discusión acordaron emitir una declaración pública en la que expresaron lo que, a juicio de algunos magistrados, fue una de las señales más enérgicas de rechazo ante críticas a la labor de los jueces de los últimos años.
Los supremos calificaron los dichos de Benítez como una “intromisión indebida e inaceptable”. Además, manifestaron “su total, absoluto y decidido rechazo” a los cuestionamientos de la secretaria de Estado.
Una de las frases que más molestó a los supremos, según señalaron algunos ministros a La Tercera, fue aquella en la que la personera cuestionó la competencia de la Suprema para dirimir temas ambientales: “A mi juicio, la corte no debiera calificar, porque el único encargado de calificar y con la competencia para hacerlo es la autoridad sanitaria (…). Creo que la corte no tiene la competencia técnica en esos temas para decir que esto es contaminante o no”, dijo Benítez en la entrevista.
El presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, fue quien llevó el tema al pleno. Además, tras el análisis de los alcances de las declaraciones de Benítez, Ballesteros fue el encargado de redactar la declaración acordada en conjunto.
En esta sesión no participaron los ministros de la Tercera Sala que dictaron el fallo que paralizó la construcción de la termoeléctrica, entre ellos Sergio Muñoz.
A las 13.30 horas el vocero del máximo tribunal, Hugo Dolmestch, leyó el acta. En esta se transcribieron las frases de la ministra que, a juicio de los magistrados, vulneraron la Constitución y se constituyeron en una “revisión” del fallo. Al respecto, invocaron el artículo 76 de la Carta Fundamental, que estipula que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales o revisar el fundamento o contenidos de las resoluciones. “Puede concluirse que éstas (las declaraciones de Benítez) no han importado crítica, sino que constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución entrega a los tribunales de justicia”, señala el documento leído por Dolmestch. Los jueces agregaron que “se trata no de cuestiones meramente técnicas, sino de conflictos en que las personas reclaman protección, que los tribunales jamás les negarán”. Al respecto, el dictamen que rechazó el proyecto fue en respuesta a un recurso de protección presentado por la comunidad El Totoral y pescadores de la Región de Atacama.
La reacción de la Suprema generó molestia en el gobierno. Además, un grupo de diputados de la DC comenzó a diseñar una posible acusación constitucional contra Benítez.
Un magistrado consultado por este diario dijo que no hubo mayores discrepancias en la discusión, porque todos tenían claro que había que hacer ver el malestar. “El gran problema acá es que hay que establecer el límite entre la crítica y la intromisión. Una autoridad no puede decir ‘esto no lo puede hacer la jurisdicción’ y no puede comentar su accionar y decirle ‘aquí no puede meterse’”, señaló el supremo. Otro de los jueces dijo que “hay formas de decir las cosas. Se puede decir lo mismo con términos más elegantes. Ellos tienen derecho a criticar o analizar, pero otra cosa es demostrar una intencionalidad”.
Gobierno argumenta que fue “opinión técnica” y busca bajar tono a polémica
Por cerca de 40 minutos estuvieron reunidos ayer en la tarde en La Moneda el ministro Andrés Chadwick (Segegob) y su par de Justicia, Teodoro Ribera. Ambos analizaron la declaración que minutos después este último leería en respuesta al pronunciamiento de la Corte Suprema por las críticas de la titular de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
En el Patio de los Cañones de Palacio, Ribera leyó una breve declaración de tres puntos. Primero, el gobierno reiteraba su “compromiso” con la “total independencia del Poder Judicial”.
En segundo lugar, expresó que “todo ciudadano o autoridad pública tiene el legítimo derecho” de opinar sobre actuaciones de “cualquier poder del Estado”, siempre que sea -agregó- con “respeto y sin afectar atribuciones o competencias constitucionales”.
En tercer lugar, Ribera señaló que “el gobierno entiende que las opiniones emitidas por la ministra” fueron “en su calidad técnica y como responsable del área en cuestión, con total respeto hacia la Corte Suprema”, agregando que se trataba de un fallo ya ejecutoriado y “sin intención” de afectar la independencia del Poder Judicial.
En el Ejecutivo explicaron que el tono moderado de Ribera apuntó a no escalar el conflicto con la Suprema, que ya había sostenido un duro impasse el año pasado con La Moneda ante las críticas del gobierno por el rol de los jueces en la llamada “puerta giratoria” de la delincuencia.
Sin embargo, en el Ejecutivo agregan que el tema complica a La Moneda, donde el análisis apunta a que, en su pronunciamiento, la Suprema entregó argumentos jurídicos que podrían respaldar la acusación constitucional que la Concertación prepara contra Benítez.
En este contexto, Ribera señaló que el gobierno tiene una “diversa interpretación” de la norma constitucional que, según planteó la Suprema, habría sido pasada a llevar por Benítez al cuestionar el fallo por la central Castilla. “No ha surgido ni un impasse ni un conflicto ni un incidente”, agregó Ribera.
