Suprema ordena reparar con $ 1.734 millones a 592 familias por “casas Copeva” de P. Alto
Por Oriana Fernández G., La Tercera.
A 15 años del caso, los afectados deberán ser indemnizados por fallas en las propiedades y por el sufrimiento que vivieron en 1997.
Los temporales de viento y lluvia causaron estragos en la Villa Estación Ferroviaria de Puente Alto, en junio de 1997. Cientos de viviendas sociales resultaron con grietas en las paredes, hongos en los cielos, daños que finalmente derivaron a anegamientos dentro de los inmuebles, por lo que la población llegó a ser conocida por el calificativo de “casas de nailon”, las que fueron construidas por la empresa Copeva.
La Corte Suprema ayer, a 15 años de que se produjera el caso, ordenó al Serviu Metropolitano indemnizar con un total de $ 1.734.560.000 a 592 familias de esa villa.
El máximo tribunal ordenó el pago de $ 1.130.000 a cada dueño por los perjuicios que sufrieron las propiedades ese invierno. Además, el tribunal también consideró que se les debe reparar con $ 1,8 millón a cada poblador por el “daño moral” que sufrieron por ver afectados sus hogares.
La Suprema fundamentó la condena en que el Serviu incurrió en una “falta de servicio” , pues la entidad estaba encargada -según el fallo- de supervisar que se construyeran las viviendas con materiales de calidad para resistir las precipitaciones y que los privados que hacían las obras tuvieran “respeto irrestricto a planes y normas”.
Sobre el rol de los servicios públicos, en cuanto al estándar de la vivienda, la Suprema consignó que “si todos los órganos demandados hubieran cumplido eficazmente sus funciones habrían exigido calidad en los proyectos, planes y materiales empleados en la construcción, como también habrían advertido las falencias en la construcción, evitando así las perniciosas consecuencias que hoy se intenta reparar”.
“Política mal ejecutada”
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, ayer ofreció disculpas públicas a los afectados por la situación. El secretario de Estado sostuvo que “corresponde hacer algo que se debió hacer mucho tiempo atrás. En primer lugar, pedir perdón a estas 592 familias, porque se jugó con el sueño de la casa propia. Porque los problemas y sufrimientos que ellos tuvieron que atravesar fueron producto de una política habitacional mal implementada, mal ejecutada”.
Añadió que ahora “lo que corresponde es pagar esta indemnización a estos vecinos y también sacar una lección para todos los actores involucrados en esta industria de la vivienda social para que las familias más vulnerables de nuestro país no tengan que pasar nunca más por lo que tuvieron que pasar estos vecinos de Puente Alto”.
Pérez aclaró que estos blocks de la Villa Estación Ferroviaria no serán sometidos a reparaciones o bien a demoliciones -medidas que son parte del plan de recuperación de la cartera para remozar 4.000 departamentos-, debido a que consideró que “se debe pagar lo que corresponde a las familias”.
Ciro Colombara, abogado de los afectados en Puente Alto, explicó que “el fallo nos deja muy satisfechos. Se acogen prácticamente todas nuestras peticiones y se establece que es el Serviu es el organismo público que debe responder por este desastre de las casas Copeva”.
Colombara agregó que en estas casas de Puente Alto, “la calidad constructiva era prácticamente inexistente, por lo tanto, durante estos años la gente hizo abandono de ellas, y quienes se quedaron debieron repararlas. Gran parte de los afectados son personas vulnerables”.
Pudahuel fue la primera indemnización
No es primera vez que la Corte Suprema se pronuncia por un caso de viviendas mal construidas por Copeva. En 2009, también condenó al Serviu a pagar a 90 propietarios de la Villa Los Puertos, de Pudahuel, $ 1 millón cada uno por daño moral, pues también los inmuebles resultaron dañados por las lluvias de 1997.
Varias otras poblaciones de Santiago presentaron fallas. Otro asentamiento fue El Volcán San José, también en Puente Alto, donde las casas debieron ser desmanteladas. Otro caso de produjo en la población Parinacota, en Quilicura, la que será parte del plan de reparaciones del Minvu, este año, que tiene por finalidad mejorar las viviendas. Ciro Colombara, abogado de las familias, dijo que aún está pendiente el caso de 700 familias de Pudahuel, por las mismas fallas: “Valoramos las palabras del ministro, pero sería positiva una solución global”.
