Los amargos recuerdos de El Volcán

Por S. Sottorff y M. Valencia, El Mercurio.

Conjunto de “Casas Copeva”:

Quince años tardó la justicia en decidir que el fisco debía indemnizar a los vecinos. Pese al tiempo, ellos aún no olvidan ese complejo invierno.

“Era el primer invierno que pasaba en mi casa, luego de vivir por más de veinte años en un campamento de Pudahuel. Llegaron las lluvias, y en un par de horas las paredes y el techo se empezaron a mojar. Llenamos de baldes, plásticos y diarios el departamento entero. Estaba acostumbrada a pasar frío, porque antes mi ‘choza’ estaba hecha con cartones. Pero ver que la casa se estaba mojando fue indignante. Así que lloré toda la noche y no dormí nada. Bueno, de ahí en adelante no paré de llorar más”, explica Cecilia Ramírez, recordando el complicado invierno de 1997.

Esa temporada, su departamento de 40 m {+2} de la villa El Volcán II (Puente Alto) tuvo serios problemas de filtraciones. Complicaciones que derivaron en el bullado caso de las “Casas Copeva”, que el miércoles, tras 15 años de litigio, llegó a su fin.

“De un día para otro se llenó de prensa, políticos y ministros. Uno metía un cuchillo en la pared y había un montón de cartones enrollados y nadie lo podía creer”, agrega Ramírez, quien años después del episodio aceptó una repactación del Serviu de $12 millones y se cambió a la villa Altos del Maipo, frente a la polémica población.

Algo muy distinto a lo que tuvo que soportar Juan González, que en su momento se negó a un arreglo con la empresa o el Serviu. Ayer supo que recibirá los $2,9 millones que pagará el fisco a las familias afectadas.

“Ahora ya no tengo más arreglos que hacer, pues el departamento ya está bueno. Así que con esa plata voy a pagar mis deudas y aprovechar de ahorrar”, explicó el vecino, detallando que muy pocos propietarios siguen viviendo en el lugar.

“Fue terrible ese invierno. Mis hijos se enfermaron y tuve que partir de allegado a la casa de mis suegros. Pero años después casi todos se fueron. La gente que hoy vive aquí se tomó el departamento, lo compró o recibió de alguien más”, agrega.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, explicó que con la promulgación de un decreto supremo habrá más exigencias hacia las constructoras que asuman la edificación de estos conjuntos habitacionales. “Con esto, tendremos mejoras en el estándar de las viviendas sociales, incorporando mayor metraje, calidad e incentivos para una más óptima localización, integración con el entorno y equipamiento comunitario. También existe una normativa más exigente y una mayor fiscalización”, dijo.