Opinión: Permisos de edificación
Por Carolina Tohá, Alcaldesa de Santiago
SANTIAGO ES la comuna en que se construyen más viviendas nuevas al año y, al mismo tiempo, es el lugar del país en que se concentra la mayor cantidad de patrimonio urbano. Armonizar estas dos realidades es una necesidad, y ello se logra con regulaciones claras y con cambios en los subsidios que estimulan la renovación urbana.
Años atrás, el problema de la comuna era otro: la población estaba disminuyendo y la inversión inmobiliaria era nula. Para revertirlo, durante la década del 80 se desreguló el Plan Regulador y, posteriormente, en la década de los 90 se impulsó la creación del subsidio de renovación urbana. Se logró revertir el despoblamiento de Santiago, pero el precio fue altísimo: edificios de gran altura en medio de sectores patrimoniales; barrios altamente poblados con veredas estrechas y carentes de equipamiento comunitario, y descuido del espacio público.
Desde el 2000 se ha intentado corregir esta tendencia, modificando el Plan Regulador de la comuna por sectores. Hoy sólo queda por actualizar el de la zona sur oriente, correspondiente a los alrededores de Av. Matta hasta Franklin.
Actualmente, se ha elaborado una propuesta de Plan Regulador muy avanzada: se protegen las alturas de los barrios patrimoniales entre uno y cinco pisos; se fijan zonas que permiten construcción en altura, pero se acota el número de pisos, exigiendo un mayor aporte de áreas verdes, tecnologías sustentables y espacios comunitarios; se establecen seccionales residenciales, y se ponen más requisitos a la actividad industrial allí donde está permitida. Paralelamente, los vecinos están impulsando la declaratoria de zona típica de una parte del sector.
La inminente llegada del nuevo Plan Regulador ha despertado interés de las empresas inmobiliarias por conseguir permisos de edificación antes que se aprueben las nuevas normas. En los últimos meses se han comenzado a tramitar 51 proyectos de altura en la zona referida, la mayoría de los cuales corresponde a torres de 20 pisos o más. De realizarse dichas obras, el impacto será enorme, pues romperían con el estilo y las alturas de los barrios que se busca proteger. Como alcaldesa he dispuesto el congelamiento de los permisos de edificación hasta que se apruebe el nuevo Plan Regulador. Esta medida, que tiene una duración máxima de un año, se encuentra en tramitación en el Ministerio de Vivienda. Lamentablemente, no se adoptó esta medida en el momento oportuno y, por lo mismo, no permitirá detener los permisos de edificación cuya tramitación se encuentra más avanzada.
El nuevo Plan Regulador será un avance para el futuro de Santiago, pero su eficacia dependerá de dos condiciones: primero, que logremos que el subsidio de renovación urbana se rediseñe para que exija a las nuevas construcciones que cumplan con un criterio de armonía, y para que permita no sólo edificaciones nuevas, sino también reparación de construcciones de los deteriorados barrios antiguos de Santiago. Segundo, que las empresas que están detrás de los 51 permisos de edificación en la zona referida entiendan el daño que causarán esos proyectos si no se modifican.
