Preemergencias: mantendrán multas de $ 60 mil por circular
Por Oriana Fernández G., La Tercera.
Seremi de Medio Ambiente afirmó que se desechó aplicar las sanciones contempladas por la superintendencia, que partían en $ 480 mil.
El gobierno decidió mantener las multas de hasta $ 60 mil que actualmente se cursan a los conductores que, durante una alerta o preemergencia ambiental, circulan por las calles de Santiago, aunque tengan prohibición de hacerlo, por el dígito final de su patente.
El secretario regional ministerial (seremi) de Medio Ambiente Metropolitano, José Ignacio Pinochet, sostuvo ayer que “se mantendrá el sistema de sanciones por infracciones por la restricción vehicular que operó el año pasado. Es decir, van a ser conocidas por los Juzgados de Policía Local”. Por ley, estas sanciones oscilan entre 1 y 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM). Es decir, entre $ 40 mil y $ 60 mil.
El seremi explicó que se resolvió no aplicar las multas que partían en una Unidad Tributaria Anual ($ 480 mil), que la Superintendencia de Medio Ambiente podría haber cursado, según lo establece la nueva ley que creó esta entidad, que comenzó a operar en 2012.
La eventual aplicación de estas sanciones generó “preocupación” entre las autoridades. El proceso fue monitoreado por La Moneda, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Pinochet afirmó que la decisión de mantener el mismo sistema de multas se explica porque “la ministra (María Ignacia) Benítez tomó un liderazgo para aplicar las directrices del Presidente (Sebastián Piñera)”.
Agregó que la legislación estaba pensada para aplicar sanciones a fuentes fijas que emitan contaminación y que el caso de los conductores no estaba explicitado en la ley. Por esto, sostuvo, “si hay una duda de cómo interpretar (la norma), hay que hacerlo pensando en las personas y en darles un trato justo”. La superintendencia ambiental declinó ayer referirse al tema.
El próximo martes, la Intendencia Metropolitana tiene previsto anunciar el plan de Gestión de Episodios Críticos, que se aplica entre el 1 de abril y 31 de agosto, período en que se pueden presentar altos índices de material particulado.
En el gobierno explicaron que ese día se anunciará que la superintendencia será el ente coordinador de las fiscalizaciones y que será apoyada por organismos técnicos. Su misión será verificar el cumplimiento de la norma, por parte de fuentes fijas y automóviles, cuando haya contingencias ambientales.
Marcelo Mena, investigador de la U. Andrés Bello, valoró que una institución “independiente se haga cargo de la fiscalización de las fuentes. Hasta ahora, estas tareas estaban repartidas en varios organismos”.
