Envían proyecto para recuperar 3.900 viviendas sociales mal utilizadas
Ministerio de Vivienda busca que los inmuebles sean redestinados a personas de escasos ingresos y que no tienen un hogar.
Por Oriana Fernández, La Tercera
Para la próxima semana está previsto el envío del proyecto de ley para el remate y la recuperación de viviendas sociales que han sido mal utilizadas por los beneficiarios al arrendarlas o bien mantenerlas desocupadas.
La iniciativa legal, que se encuentra en el Ministerio de Hacienda para su revisión final, plantea que existen 3.857 inmuebles obtenidos con subsidio del Fondo Solidario (D.S 49). De ese grupo, la cartera ha presentado, hasta ahora, 250 demandas ante la justicia. Hasta ahora, los tribunales dictaminaron que dos pro- pietarios debían devolver el subsidio.
Sin embargo, debido a la alta cantidad de personas que solicita un subsidio, lo obtiene y luego no respeta la cláusula de que debe usar la propiedad, la cartera decidió que esta exigencia debe hacerse a través de una nueva norma, a través de la modificación de la Ley 17.635 (de cobro de viviendas).
El jefe de la División Jurídica de la cartera, Pablo Sepúlveda, señaló que el ministerio presentará los casos ante un juzgado civil para que se realice un “juicio ejecutivo”, que dura meses y no años, como los tradicionales. Luego de esto, se solicitará que la propiedad sea rematada (en un plazo de cinco meses).
Para comprobar que la vivienda está siendo mal utilizada, habrá un “ministro de fe” que fiscalizará que no hay ocupantes o que el destino de esa propiedad es distinto al habitacional (por ejemplo, la instalación de una bodega o un local comercial). La iniciativa dice que podrán desempeñarse como ministros los funcionarios del Serviu o bien personal del Registro Civil.
El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu ) de cada región tendrá la opción prioritaria para adjudicarse el inmueble en el remate. No obstante, también ese proceso podrá abrirse a privados si ofertan un monto superior al de la vivienda (el que es de 700 UF, es decir, $ 16 millones, en promedio). “La idea es que si alguien quiere pagar más recursos, pueda hacerlo y eso beneficia al Estado”, dice Sepúlveda.
Destinación a familias
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, explicó que con el proyecto “queremos ponerles un atajo a las personas que abusan del sistema postulando a viviendas que no necesitan y que generan un doble daño: al Fisco, por la mala focalización de los recursos, y a las familias, que tienen real urgencia habitacional”. Añadió que se quiere “recuperar en forma expedita las viviendas sociales en caso de que estén arrendadas o vacías, para reasignarlas a familias realmente necesitadas”.
Así, el proyecto tiene como objetivo que los inmuebles que sean recuperados puedan ser destinados, en un plazo de 90 días, a personas vulnerables. También se estipula que estas propiedades puedan ser usadas por quienes han sido afectados por un sismo o catástrofe.
El jefe jurídico del Minvu añade que otro cambio impulsado para evitar los fraudes corresponde a que las personas que postulan a un subsidio se les solicita una declaración de renta y acreditar que en su familia no hay dos personas que han recibido ayudas de este tipo.
Además, se mantendrá la cláusula -contemplada hoy en la ley- de que los beneficiarios deben vivir, al menos, cinco años en la propiedad.
