Restricción: polémica desde el día uno
De ser concebida como la mejor alternativa para bajar los niveles de contaminación en la capital, pasó rápidamente a convertirse en el peor enemigo del automovilista.
Por Vanessa Díaz, El Mercurio
En marzo, el seremi metropolitano de Medio Ambiente, José Ignacio Pinochet, anunció que este podría ser el último año en que se aplique la restricción vehicular en la Región Metropolitana, ya que es muy poca su utilidad para reducir la congestión y la contaminación ambiental.
Con más de dos décadas de funcionamiento, no es primera vez que se debate terminar con el sistema. Esto, a pesar de que al comienzo se pensó que era la mejor alternativa para terminar con los problemas ambientales que constantemente sufría la capital.
Fue en febrero de 1986 cuando el entonces ministro de Transportes, coronel Enrique Yávar, anunciaba una serie de medidas para disminuir la contaminación atmosférica en el centro de Santiago. Entre ellas se encontraba la restricción de la circulación vehicular tanto de máquinas de servicio público como particulares.
Para aclarar las dudas de cómo operaría, el secretario de Estado expresaba que existían varias alternativas en estudio y que una de ellas consistía en “dictar una orden en que solo puedan circular determinados vehículos de acuerdo con el número con que empiece su patente”.
Pero esta sería desechada prontamente y el método que, finalmente, se adoptó fue el de prohibir la circulación de los automóviles cuyos últimos dígitos de una patente terminaran en alguno de los dos números impuestos en caso de producirse emergencia ambiental. Así, el 23 de julio de ese mismo año y cuando el índice de la calidad del aire se encontraba en el rango de “muy malo”, se dio inicio a la restricción vehicular.
En las primeras semanas -debido al desconocimiento de las personas- se cursó una gran cantidad de multas, las que tenían un valor de $1.300 de la época. Además, el entonces intendente metropolitano, general Osvaldo Hernández, manifestaba la intención de agregar una “sanción moral”, que consistía en colocar en el parabrisas del infractor un cartel con la lectura: “Advertencia, este vehículo atenta contra la salud de la comunidad por infringir los planes de la contaminación ambiental”.
La ciudadanía se manifestó de inmediato. En cartas que se recibieron en “El Mercurio”, algunos aplaudían la nueva disposición, mientras que otros defendían su derecho al libre tránsito.
También quienes se oponían a la restricción vehicular insistían en que los vehículos que más contribuían a la contaminación eran los microbuses, pero el ministro de Transportes indicaba que eso era relativo: “Si consideramos la cantidad de pasajeros transportados, una micro contamina menos que si sumamos el número de autos”.
Con la entrada de los autos con convertidores catalíticos, en 1992, las autoridades de la época decidieron no prohibir la circulación de estos. No obstante, debido al aumento del parque automotor, en agosto de 2000 y bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se aprobó la restricción para los vehículos con sello verde, medida que se hace efectiva un año después y que determina que no podrán circular los días de preemergencia o emergencia ambiental.
