Gobierno descarta definir ordenamiento territorial para nuevas centrales eléctricas
Por Antonio Astudillo M., La Tercera. (04/05/2013)
Iniciativa contemplaba definir zonas dentro del país que fueran aptas para que los privados colocaran generadoras.
El establecimiento de un ordenamiento territorial que permitiera definir las zonas donde instalar las centrales eléctricas fue uno de los seis ejes estratégicos que definió el gobierno del Presidente Sebastián Piñera para el desarrollo energético del país en los próximos 20 años. La iniciativa fue presentada a fines de febrero de 2012.
Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Energía, la idea finalmente fue desechada al interior del Ejecutivo, porque no hubo consenso sobre la necesidad de impulsar una mayor planificación central en el sector.
El trabajo de recoger información estuvo centralizado en el Ministerio de Bienes Nacionales.
El documento de los seis pilares estratégicos establecía que una de las prioridades de la autoridad sería establecer sitios para llevar adelante proyectos de ERNC, lo que también se haría extensivo a otras tecnologías, como carbón o hidroelectricidad. El objetivo era hacer más expedita la instalación de las plantas eléctricas, considerando los reiterados conflictos que han protagonizado las comunidades.
Los privados coincidían en que podría destrabar proyectos de generación y transmisión, y planificar de mejor manera futuras iniciativas, tomando en cuenta el uso de suelo y la disponibilidad del mismo.
En su informe final, la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (Cade) hizo recomendaciones específicas en este punto, señalando la necesidad de una mayor colaboración del Estado. “Para facilitar la instalación de centrales se debería considerar la posibilidad de venta de bienes nacionales, otorgamiento de concesiones y facilitar el otorgamiento de permisos territoriales y ambientales”, dijo el informe.
Según las fuentes, las principales aprensiones sobre la viabilidad de establecer sitios específicos para instalar centrales eléctricas vinieron de un sector del gobierno que vio en esto un posible foco de conflicto futuro con las comunidades, las que podrían sentirse “condicionadas” ante las orientaciones o sugerencias que realizaría la autoridad.
Al final, el gobierno habría optado por un modelo más neutro, donde más que identificar posibles sitios para instalar proyectos, se definió un catastro con zonas que reúnen sitios turísticos, arqueológicos, reservas y parques nacionales, comunidades indígenas, etc.
Esta no es la única iniciativa que no verá la luz. La autoridad desechó impulsar un proyecto para entregar compensaciones a las comunidades por la instalación de proyectos eléctricos, a través del pago de patentes en las comunas donde se instalarían. El primer proyecto en este sentido fue presentado durante la administración Bachelet, y luego fue retomado por el actual gobierno.
Las fuentes señalan que sobre esto tampoco había consenso en el gobierno, y que la Segpres veía con especial preocupación los efectos futuros que podría tener, ya que las compensaciones podían ser tomadas como un “piso” desde el cual realizar nuevas exigencias, tanto al gobierno como a las empresas, lo que sería contraproducente. “No necesariamente las comunidades estarían contentas, así que este proyecto no está entre los planes”, dicen las fuentes.
